Más de diez entidades tienen valores pendientes por cobrar a la aerolínea Ícaro, que está en proceso de disolución-liquidación. La aerolínea dejó de operar hace más de una década por procesos de embargos por deudas, pero no ha sido cancelada, es decir, legalmente no está muerta.

La Superintendencia de Compañías, ente bajo el cual Ícaro está en control, indicó que la aerolínea tiene obligaciones pendientes con trabajadores, proveedores y entidades públicas por $ 21′231.510,47.

El organismo refirió que esa empresa aérea mantiene obligaciones con entidades como la Aduana, Servicio de Rentas Internas (SRI), EPM de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, IESS, Dirección General de Aviación Civil, Corporación Quiport S.A., Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, entre otras.

La situación legal de Ícaro y sus empresas afines volvió a escena días atrás cuando los abogados de la familia expropietaria expusieron supuestas anomalías que han ocurrido durante los procesos de liquidación y coactiva.

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Años atrás, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el IESS aplicaron embargos por deudas de la empresa por $ 16 millones y $ 1,9 millones, respectivamente.

Los exdueños de aerolínea Ícaro solicitan retomar liquidación para cerrar proceso

Andrés Ojeda, uno de los defensores, dijo que durante estos años no recibieron respuestas del SRI a un recurso de revisión que pusieron y que eso les impedía acudir a un tribunal distrital de lo fiscal para discutir sobre la determinación de rentas.

Además, indicó que los bienes que tenían Ícaro y sus firmas afines habían sido vendidos a valores muy inferiores.

El abogado aseveró que habían pedido a la Superintendencia de Compañías que les permitiera avanzar con el proceso de liquidación, pues han pasado cinco liquidadores en diez años y no se concluye.

Ante eso, la Superintendencia de Compañías indicó que Ícaro aún está en disolución-liquidación y no ha sido cancelada debido “a la falta de colaboración de los accionistas, la falta de entrega de información y, además, (porque) la compañía mantiene obligaciones pendientes con trabajadores, proveedores y entidades públicas”.

El ente recordó que se resolvió la disolución y liquidación de la compañía Ícaro por encontrarse incursa en las causales de disolución previstas en los numerales 6, 11 y 12 del artículo 361 de la Ley de Compañías.

Estas causales se refieren a pérdidas del 50 % o más del capital social, por inobservancia y violación de la Ley que atenten contra su normal funcionamiento o causen graves perjuicios a los intereses de socios, accionistas o terceros, por obstaculizar o dificultar la labor de control de la Superintendencia de Compañías.

Según la Superintendencia de Compañías, la mayoría de bienes se encuentran bajo custodia del IESS por los procesos coactivos; mientras que los bienes residuales (material mobiliario) aún pertenecen a la compañía. (I)