Sin salud, dinero, ni respuestas sobre sus liquidaciones, terminan el 2021 los extrabajadores de medios incautados

Aún conserva ese timbre característico de locutor, el que se escuchó durante 27 años a través de las señales de r adios La Prensa Sport y El Telégrafo , donde también trabajó como sonidista.Sin embargo, desde hace cinco meses la voz de Carlos Reyes Padilla se ha ido apagando, poco a poco, desde que una enfermedad catastrófica lo postró en una cama del Instituto Nacional de Higiene, tras batallar más de tres años por su liquidación, de plantón en plantón, después de ser despedido el 27 de febrero del 2018.Reyes es parte de las decenas de excolaboradores de medios incautados por el Estado que exigen el pago de sus liquidaciones, cinco de ellos ya han fallecido desde el 2018 a la fecha, lamentó Margarita Constante, vocera de los afectados que pertenecieron a Cablevisión, Editorial Uminasa, Super K800, Carrousel y las dos radios citadas anteriormente.“Tengo tuberculosis, problemas en el hígado, con los riñones, tuve problemas con el COVID-19, tengo problemas con las vías urinarias, y liquidación no hay para nada, a veces no tengo ni para comprar la comida”, se quejó en exlocutor, de 65 años, quien ahora subsiste con el apoyo de su hermana, una persona también de la tercera edad.Con decepción recuerda que escuchó al presidente Guillermo Lasso, cuando era candidato, ser entrevistado en Super K800, donde “él prometía que nos iba a liquidar, pero ahora parece que se ha olvidado de nosotros, no sé, no nos atiende”.También impactada, Constante recordó a sus compañeros fallecidos: Pedro Chang, Freddy Vera y Javier Ortiz , de Cablevisión; y de Super K800 José Véliz y Benito Vernaza , quien falleció el 19 de julio pasado.“Dos días antes don Benito me preguntó si creía que Guillermo Lasso nos iba a pagar y yo le dije que tuviera fe, se fue al doctor por un dolor en la barriga y falleció a los dos días, lo encontró un vecino y se fue sin ver su liquidación”, lamentó la comunicadora, quien ahora subsiste como taxista informal; comerciante y con un emprendimiento que montó con su hija.Pero no todos tienen, aunque sea, esa escasa posibilidad.Constante aseguró que sus compañeros ya no tienen dinero ni para movilizarse y hacer plantones, y han decidido cancelar el que realizaban desde años anteriores, con temática de cena navideña, en los exteriores de las oficinas de Medios Públicos, ahora en liquidación.Aseguró que sienten que todo lo avanzado en tres años se ha perdido, más cuando el proyecto de ley enviado a una semana de terminar el gobierno de Lenín Moreno a la Asamblea Nacional, que buscaba establecer una base legal que permita el pago de las liquidaciones pendientes fue retirado por el actual Gobierno en septiembre pasado por contener disposiciones que pretendían una reforma integral a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, sin observar la naturaleza de esas empresas.“Un año más que termina y no hemos recibido resolución de ninguna autoridad”, criticó Constante, quien aseguró que hasta la fecha, pese a enviar cartas y pedidos al nuevo Gobierno, ningún funcionario se ha reunido con ellos de manera presencial o virtual.Añadió que Galo Roldós, gerente general de la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador EP, única accionista de los medios incautados, no acudió a una convocatoria realizada por Reyna Macías, liquidadora de radio Bolívar (Super K800 en Guayaquil) el 26 de noviembre pasado, para resolver el pago a los extrabajadores.Roldós se excusó por razones de fuerza mayor, según indicó Constante, quien solo ha mantenido contacto con el funcionario, a través de chats de WhatsApp.Ella aseguró que el Gobierno basa su argumentó en un informe de la Procuraduría General del Estado, que indica que los medios incautados son privados, por lo que el Estado no puede asignar recursos para el pago de las liquidaciones, aunque calificó esa postura como una excusa.Diario EL UNIVERSO contactó a Roldós para solicitar información sobre la situación actual del proceso.El funcionario, quien inició su gestión el 26 de agosto pasado, aseguró que las consultas realizadas por el anterior régimen a la Procuraduría, en octubre del 2020, y al Ministerio del Trabajo, en marzo del 2021, eximen de la responsabilidad del pago de las deudas de las empresas incautadas privadas, a la empresa tenedora de sus acciones, es decir, la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador EP.En el caso de la Procuraduría, Roldós aseguró que la entidad dictaminó: “(…) una empresa pública accionista de sociedades privadas, como es el caso de Medios Públicos EP en liquidación, está excluida de la solidaridad patronal, de conformidad con el tenor del tercer inciso del artículo 36 del Código del Trabajo, en concordancia con el artículo 143 de la Ley de Compañías”.Mientras, el Ministerio del Trabajo alegó que “la relación laboral entre el empleador y sus trabajadores es independiente y no se extiende a sus accionistas, en consecuencia la Empresa Pública de Comunicación del Ecuador EP no es el empleador de ningún trabajador de las compañías de las que es accionista”.La cartera de Estado agregó que “el pago de las obligaciones laborales con los extrabajadores corresponde a cada uno de los medios de comunicación privados en aplicación de las normas que regulan la liquidación societaria (…)”.Roldós calificó de “dolorosa” esta problemática. “Han sido vulnerados por los gobiernos anteriores los derechos de tantos compañeros comunicadores y personas del gremio profesional al que pertenezco, a quienes aprecio mucho y me solidarizo completamente con ellos”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que se ha trabajado “por revertir las injusticias anteriormente cometidas”.Reveló que al momento trabajan con la información que han solicitado, recabado y verificado y requirieron información adicional a los representantes legales de las empresas incautadas.“Hemos hecho los llamados necesarios a los liquidadores de los medios incautados, quienes están convocados a juntas extraordinarias de cada compañía, sin importar las festividades venideras inclusive, remarcando nuestro completo compromiso con la sensible situación que vienen atravesando tantos perjudicados desde años atrás”, sostuvo el gerente de la Empresa Pública de Comunicación. (I)

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