El fondo de pensiones del IESS, también conocido como de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), recibió varios golpes que acabaron con su liquidez. Estos se han producido a lo largo de la historia, pero los más complicados ocurrieron en los dos últimos gobiernos. Estos tienen que ver con la falta de pago del 40% del Estado o su pago en papeles (no líquidos), la baja de la tasa de contribución para el fondo de pensiones (se le subió al de salud); y la caída del número de afiliados por la pandemia.

La semana pasada el Banco Mundial dio su diagnóstico y consideró que el IESS tendrá problemas para cumplir los pagos de las pensiones en 2022. Este diagnóstico es un punto de partida para debatir el futuro de la seguridad social.

Andrés Soria, actuario y gerente de Volrisk, entidad que hizo varios estudios entregados al expresidente del IESS Richard, Espinosa, en el gobierno de Rafael Correa, comentó que sí se le advirtió al gobierno pasado, en sus escenarios pesimistas, que podrían generarse problemas para el pago de pensiones, en el 2022. Explicó que el fondo IVM puede tener muchos activos, pero no líquidos. Por ejemplo, el aporte del 40% que da el Estado, en muchas ocasiones se ha dado en bonos del Estado.

Soria también reflexionó sobre cómo influyó el cambio de la tabla de aportación para los diversos fondos en marzo del 2016. El porcentaje para el fondo de pensiones bajó de 9,44% a 5,76% (el porcentaje mermado iría a salud); y la idea era ir subiendo el aporte a futuro, hasta llegar a un monto de 10,36% en el 2022. No obstante, a futuro no llegó a recuperarse el fondo, pues las afiliaciones en el IESS bajaron de manera importante por el COVID-19 y este no ha podido recuperarse.

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Previamente en abril del 2015 se había aprobado la Ley de Justicia Laboral, que eliminó el aporte del IESS. En ese entonces, todas las autoridades del Gobierno, incluido Richard Espinosa, aseguraban que el cambio a la normativa no eliminaba el 40% que el Estado entregaba al IESS y aseguraba que era una sustitución, porque “el Estado entregará la cantidad necesaria y en el momento que el IESS requiera”, que podría ser no solo del 40%, sino incluso porcentajes más altos, decía.

Por su parte, Henry Llanes, vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas de Pichincha del IESS, consideró que hay dos causas que tienen al borde del abismo al IESS. La primera es la morosidad estatal, la cual tiene su comienzo en el año 1951 y se mantiene vigente hasta la actualidad en un laberinto de consolidaciones de deudas. Para Llanes, es necesario realizar una auditoría para verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Debido a ello, el IESS ha debido desinvertir de su fondo para hacer los pagos a sus beneficiarios.

Recordó que en el gobierno de Lenín Moreno, pese a haber acordado retomar el pago del 40% se pagaron en efectivo $ 600 millones a fines del 2020 y $ 927 millones en bonos a cinco, diez y quince años plazo. A partir de enero del 2021 nuevamente el Estado entró en mora.

Lamentó además el “manejo demagógico” que se ha dado por reformas a la Ley de Seguridad Social sin estudios actuariales y sin el debido financiamiento. Puso como ejemplo la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para que los docentes del magisterio nacional se jubilen de manera voluntaria, cuando hayan cumplido un mínimo de trescientas imposiciones mensuales (25 años) sin límite de edad y para aquellos que acrediten trescientas sesenta imposiciones mensuales (30 años) sin límite de edad reciban una pensión jubilar. El Gobierno no vetó la ley, pese a que la consideraba inconstitucional.

Al consultar sobre cuáles serían las opciones para mejorar el panorama de este fondo, Soria dijo que se hicieron análisis por pedido del IESS en el Gobierno anterior, consideró que los cambios de edad de jubilación pueden ayudar, pero a largo plazo. También se ha hablado de limitar el porcentaje de jubilación que se recibe. Otra medida sería extender los años para el cálculo del promedio de la pensión.

Entre tanto, para Llanes, no es ético realizar una propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social para incrementar los años de jubilación y los aportes de los afiliados, cuando de por medio existe toda una trama de corrupción y de ineficiencia en el manejo de los recursos y prestaciones del seguro social obligatorio; se han esquilmado desvergonzadamente los recursos de este seguro. La propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Social debe ser integral, empezando por una reingeniería legal, administrativa, financiera y de gestión de la salud del seguro social obligatorio, dijo.

En este contexto, ayer el ministro de Economía, Mauricio Pozo, explicó que se hace necesaria una reforma urgente. Hizo hincapié en que la tasa de crecimiento demográfico ha caído en Ecuador, así los aportantes son menos que los que se jubilan porque la expectativa de vida ha subido. Para Pozo, hay que discutir cómo se puede cubrir el 40%. (I)