Como una equivocación y un “error” de la Corte Constitucional (CC) califican desde el sector empresarial el dictamen en contra del Proyecto de Decreto Ley Orgánica de Reestructuración Empresarial (PDLRE) enviado por el presidente Guillermo Lasso como urgente en materia económica a inicios de julio.

Este decreto ley, según el Ejecutivo, tenía como fin determinar mecanismos normativos para que las empresas que afrontaran dificultades financieras lograran acuerdos con sus acreedores y reestructuraran su organización para de este modo mantener su operación y funcionamiento. Sin embargo, la CC en su dictamen emitido el pasado viernes, 28 de julio, entre las justificaciones para no admitir indicó que no cumplía el criterio de urgencia económica y que la normativa contemplaba renuncia de los derechos de los trabajadores.

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La presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, Mónica Heller, indicó que la CC se equivocó con el dictamen en contra y que no se puede precautelar el empleo cuando una empresa está en crisis. “No puede precautelar lo que no hay; uno precautela lo que hay. A ninguna empresa le gusta entrar en crisis o le gusta no pagar a sus proveedores, porque si usted deja de pagar a sus proveedores o a sus acreedores no puede funcionar; si no paga a colaboradores, no trabajan“, señaló.

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Asimismo, la empresaria cree que fue un “error” y que era una oportunidad para generar una herramienta al sector productivo que precautela el tejido empresarial, es decir, cuando una empresa es viable pero está en crisis. “Esto ya está inventado en el mundo entero; este no es un tema que surge en Ecuador. Colombia, Estados Unidos tienen una ley semejante y es una muy buena herramienta para preservar una empresa que está en un mal momento pero que puede reestructurar sus deudas y salir adelante”, dijo.

Sin embargo, la Corte en su dictamen observó el tercer inciso del artículo 26 del Decreto Ley Orgánica de Reestructuración Empresarial, que dispone: “Las acreencias laborales impagas serán las primeras acreencias preferentes especiales en ser cubiertas, a menos que existieren acreencias derivadas de negociaciones preconcursales y de nueva financiación durante el proceso de reestructuración, las cuales tendrán prioridad, y salvo la excepción prevista en el artículo 36 de esta ley, con relación a los acreedores garantizados. Los demás acreedores preferentes serán generales”.

El órgano argumentó que, en principio, el artículo 26 del decreto ley reconoce el privilegio del que gozan los créditos laborales al establecer que, dentro de los créditos preferentes, estos serán los primeros en ser pagados. Sin embargo, el mismo artículo 26 contempla tres excepciones al privilegio de las acreencias laborales y establece que prevalecerán por sobre ellas: 1.- las acreencias derivadas de negociaciones preconcursales; 2.- las acreencias de los prestadores de nueva financiación; y 3.- los acreedores garantizados, cuando los trabajadores no participen en el proceso de reestructuración.

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Según la CC, la existencia de estas excepciones permite que las acreencias laborales no sean pagadas en primer lugar. “Dicho de otro modo, de verificarse cualquiera de estas excepciones, los créditos laborales perderían el privilegio identificado en el párrafo 130, lo cual implica que el artículo 26 del PDLRE es contrario al artículo 328 de la Constitución”, argumentó la Corte, que también indicó que el decreto ley se contrapone al artículo 326 en su numeral 2 de la Constitución, que reconoce que “los derechos laborales son irrenunciables”.

En tanto, el ministro de Gobierno Henry Cucalón también criticó la decisión de la CC. “Una vez más les dice no a los ciudadanos, pensando que le dice al Gobierno nacional. Una vez más hace una valoración de carácter subjetiva y sesgada en lo qué es la urgencia económica. En nuestro país, todo lo económico es urgente, y más en un periodo de crisis”, señaló.

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Heller comentó que la alternativa que se tiene ahora tras la decisión de la CC es que esas empresas que podían ser salvadas no serán salvadas. “Es como que tenga un enfermo grave y, en vez de salvarle, le condena a la muerte. No, por eso existe medicina, para tratar de salvar a un paciente que está grave, pero que es salvable. No se condena a los enfermos: se salva a los enfermos. Esto es lo mismo”, afirmó.

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Agregó que esta situación es “doblemente complicada”, porque en el contexto actual las empresas no solo deben enfrentar crisis internas, sino que también la posibilidad de un fenómeno de El Niño grave. “Hoy no tenemos una estrategia o una herramienta que permita que esas empresas precautelen su tejido y puedan salvar su estructura y las plazas de trabajo, renegociando sus deudas”, sostuvo.

La dirigente empresarial reiteró que este decreto ley permitía que las empresas pudieran renegociar sus obligaciones dándose un compás de espera y pudieran replantear todas sus obligaciones con sus acreedores y volver a funcionar; sin embargo, al no existir esa herramienta, todas las empresas que estén en crisis automáticamente tendrán que cerrar sus puertas y se perderán todas esas plazas de trabajo y toda esa infraestructura, porque ya “no es salvable”. (I)