La Secretaría de Inversiones Público-Privadas (SIPP) desaparecería. Ese es uno de los temas que trae la Ley Orgánica de Integridad Pública, que fue aprobada por la Asamblea Nacional el martes, 24 de junio, con 84 votos a favor.
Una reforma a la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo establece que el presidente de la República “podrá optar por distribuir el objeto y funciones de la Secretaría entre sus ministerios y secretarías”.
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En este caso, dice la norma aprobada en la Asamblea, la Secretaría de Inversiones “será suprimida hasta una próxima necesidad o demanda de proyectos”.
La ley no especifica más detalles sobre cuál será el procedimiento en caso de que el presidente decida eliminar la SIPP.
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Dicha entidad apareció en el año 2022 mediante el Decreto Ejecutivo 545, emitido por el entonces presidente Guillermo Lasso. La SIPP surgió como producto de la transformación de la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas.
La Secretaría de Inversiones está adscrita a la Presidencia de la República. Tiene como objetivo incrementar los niveles de inversión privada en el desarrollo de infraestructura y servicios públicos, bajo modalidad de alianzas público-privadas (APP).
Actualmente, la entidad está dirigida por Pablo Cevallos, quien presentó su renuncia al cargo el 23 de junio, un día antes del segundo debate en la Asamblea Nacional en el que se aprobó la Ley de Integridad Pública.
De acuerdo con el informe de rendición de cuentas de la SIPP, en el año 2024 se ejecutaron $ 2,8 millones en gasto de inversión, incluyendo aportes al fideicomiso para el desarrollo de proyectos de APP para la contratación de los estudios integrales (prefactibilidad y factibilidad) del proyecto vial Loja-Catamayo con la Corporación Comercial Canadiense.
Además, ese año se cerraron ocho iniciativas priorizadas en el Registro Nacional de APP, con una cartera estimada de $ 3.687 millones, según resalta un comunicado de la Secretaría publicado el 24 de junio.
Dentro de esas iniciativas está la finalización de estudios de prefactibilidad para tres proyectos: Manta-Quevedo, Montecristi-La Cadena y Pifo-Y de Baeza, y la incorporación de una iniciativa bajo la modalidad Gobierno a Gobierno: la vía Cuenca-Guayaquil.
La cartera de APP ya cuenta con doce proyectos registrados y alcanza más de $ 10.000 millones de inversión estimada, según el informe de rendición de cuentas.
La Secretaría destaca que Ecuador mejoró su posición en el índice Infrascopio, elaborado por Economist Impact y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El país se ubica dentro de los diez países de Latinoamérica y el Caribe para la inversión privada a través de APP, ascendiendo del puesto 15 al 9, con un puntaje de 56,8 en el informe de 2023-2024.
La Ley de Integridad ya fue remitida al Ejecutivo para su revisión. Si el presidente tiene observaciones, devolverá el documento a la Asamblea con un veto parcial o total. Pero si el mandatario está de acuerdo con el contenido de la norma, trasladará el texto para su publicación en el Registro Oficial, con lo cual entrará en vigencia. (I)