Las regulaciones alineadas al Pacto Verde que impulsa la Unión Europea (UE) representan desafíos para la cadena de producción y exportación de Ecuador. El bloque reconoce que el cambio de modelo hacia uno más sostenible implica un gran esfuerzo, sobre todo, para los productores y toda la cadena alimentaria.

En ese sentido, se recalca que las nuevas normas o regulaciones no solo se aplican o aplicarán a los productos ecuatorianos que se exportan al bloque, sino también a todo producto que ingresa a la UE sin discriminación por origen.

Por ejemplo, desde hace unos dos años en el país y de forma paulatina se han empleado normativas para controlar los Límites Máximos de Residuos (LMR). De hecho, los exportadores bananeros citan a este factor como uno de los que incidieron en la caída de los envíos en 2021. La eliminación de los clorpirifos, que se usan para que los insectos no dañen el racimo, generó un incremento de merma de fruta y mayores costos para la actividad bananera.

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Pero a este tema se suman nuevas directrices que ya se aplican y están por aplicarse referentes con bioeconomía circular, transporte y uso de energía renovable, materiales de construcción que sean tipo de ahorro y más amigable con el medioambiente e, incluso, impulsar a generar una mayor superficie para la producción orgánica en el país.

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Sin embargo, aunque el bloque europeo ha destacado el acompañamiento que se dará hasta el 2027 para facilitar la transición de Ecuador hacia un modelo de producción agrícola sostenible, verde e inclusivo, los exportadores señalan que existen algunas trabas que pueden ralentizar este proceso.

La Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) considera que las nuevas regulaciones planteadas por el Pacto Verde generan mayores esfuerzos en materia de sostenibilidad en los procesos productivos.

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Xavier Rosero, vicepresidente ejecutivo del gremio, señala que para el sector exportador y, particularmente, para empresas medianas y pequeñas el cumplimiento de estas regulaciones implicará mayores costos para acoplar tecnologías más eficientes. “Esquemas de cooperación conjunta serán imprescindibles para integrar empresas de menor escala que requieren asistencia técnica e infraestructura para alcanzar los nuevos estándares en trazabilidad y sostenibilidad ambiental”, puntualiza.

El sector cacaotero y palmicultor, por ejemplo, son dos de los sectores que tienen reparos sobre la nueva propuesta legislativa para atajar la deforestación. La UE quiere promover cadenas de suministro mundiales libres de deforestación, impulsar el consumo de productos básicos producidos de forma sostenible e impedir que los productos básicos y los productos que puedan asociarse a la deforestación y la degradación forestal se comercialicen o exporten desde el bloque europeo.

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Sobre este tema, Francisco Miranda, expresidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao e Industrializados del Ecuador (Anecacao), aunque aplaude la iniciativa porque considera que Ecuador puede levantar la bandera de cero deforestación, señala que existen certificadores internacionales que no diferencian costos acordes con la extensión de la finca.

“Esto volverá complejo, y quizá demorado, porque pequeños productores cacaoteros de dos o tres hectáreas no podrán acceder a estas documentaciones que están por encima de los $ 1.000″, dijo Miranda.

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Una opción, señala, sería lograr una alianza público-privada para conseguir certificarse localmente de manera simple y así poder alinearse a los objetivos que exige el mercado europeo. Según Miranda, para el sector cacaotero será fácil documentar que la producción se maneja bajo un marco regulatorio estricto y duro contra la deforestación. “Es una gran oportunidad para la cadena cacaotera y chocolatera, porque los competidores africanos no podrán hacer los comprobatorios que Ecuador sí puede”.

El presidente ejecutivo de Propalma, Óscar Calahorrano, concuerda con Miranda en el tema de los costos para acceder a las certificaciones, pero añade que, en general, no existe claridad sobre las regulaciones que se aplican a los diferentes sectores exportadores y si aquellas están estandarizadas. “En el tema de deforestación, se muestran hojas de rutas aceleradas que le costarán e impactarán a la cadena de producción”.

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Calahorrano dijo que será fundamental que los ministerios de Agricultura y Producción se alineen para dotar de herramientas, capacitaciones y ayuden a modificar prácticas a los pequeños productores, especialmente. A escala nacional, Propalma registra que del total de la producción de fruta de palma, el 70 % proviene de palmicultores de menos de 75 hectáreas. Es decir, ese porcentaje es el que requeriría una mayor atención.

La UE aclaró que utilizará una amplia gama de instrumentos, como la ayuda al desarrollo, los acuerdos comerciales y los instrumentos de facilitación del comercio, para garantizar que los flujos comerciales puedan continuar y que la protección de los bosques vaya acompañada de medios de subsistencia sostenibles para los agricultores y silvicultores de todo el mundo.

El bloque europeo es uno de los principales destinos de la oferta no petrolera del país. En 2021, Ecuador exportó $ 3.443 millones en banano, camarón, cacao en grano, conservas de atún y flores. (I)