El Gobierno central tendría que devolver unos $ 335,7 millones pendientes desde el 2011, por el impuesto al valor agregado, tanto a gobiernos autónomos descentralizados (GAD) ($ 257,3 millones) como a las universidades ($ 78,4 millones), en los próximos seis meses. Esto si el presidente de la República, Lenín Moreno, pone el ejecútese en la reforma a la Ley de Régimen Tributario Interno, que fue aprobada por la Asamblea el 20 de abril pasado.

La reforma de la Ley establece que tanto los gobiernos seccionales (prefecturas, municipios y juntas parroquiales) como las universidades retendrán el IVA de sus compras, realizarán un reporte al SRI, pero ya no entregarán esos valores, sino que se los quedarán en sus propias arcas. Pero además, la reforma dispone en una transitoria pagar los valores pendientes por IVA en los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de dicha reforma.

Aunque en estos días se espera la respuesta del Ejecutivo (ejecútese, veto parcial o veto total), la reforma genera debate. Para el ministro de Economía, Mauricio Pozo, el tema del nuevo modelo de retención del IVA generará problemas de caja y de flujo. Reconoció que ha habido dificultades para cumplir con esta devolución, pero sobre todo por necesidades apremiantes. Ahora se perderá esa posibilidad de hacer un manejo de liquidez.

Para Napoleón Santamaría, abogado tributario, “hay mucha tela que cortar” en el tema de la retención del IVA por parte de GAD y universidades. Explica que todo el sistema tributario está basado en un principio conocido como “Solve et repete”, que significa paga y luego reclama o pide devolución. Pero ahora la reforma de la Ley establece una compensación automática lo cual le da al contribuyente la facultad de administrador y así se destruye el principio tributario. Antes, los gobiernos autónomos descentralizados eran sujetos pasivos contribuyentes del IVA, pero ahora se convierten en entidades de retención que se autocompensan. Además, la ley viola el principio de generalidad, pues se dirá por qué otros sectores no tienen el mismo privilegio, como por ejemplo los exportadores.

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Para Napoleón Santamaría también es cuestionable el destino que darán las entidades retenedoras a estos recursos. Hizo votos para que no sean mal utilizados, sino que se dediquen a temas prioritarios.

En tanto que para Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), esta es una reforma que se venía buscando desde hace mucho, desde que la Ley de Régimen Tributario Interno fue reformada, convirtiendo a los GAD en “meros contribuyentes del Gobierno central” pese a ser parte de los niveles de gobierno descentralizados y solo considerando el interés del Estado central.

Sin embargo para su aplicación, los municipios, al igual que todos los GAD parroquiales y provinciales, esperarán la normativa secundaria, que viabilice la reforma tanto para el funcionamiento del nuevo reporte de IVA que deben construir para el SRI como la parte del régimen de transición y reformatorio de la Ley, que establece que el SRI es la entidad técnica encargada de la compensación y tendrá que normar la forma en que se devolverá el IVA ya pendiente, de manera mensual.

Delgado dijo que espera que, una vez asumido el nuevo Gobierno sus funciones, se siente con los municipios y demás GAD a establecer las líneas de acción para hacer viable la reforma. “Lo que se requiere es voluntad política, estrategia de articulación y, sobre todo, viabilizar los recursos pendientes, evitando que los GAD otra vez estemos en un peregrinaje permanente entre el MEF y el SRI”, agregó. De hecho, uno de los temas que probablemente se tratará en un encuentro que tendrán hoy el presidente electo con Municipios, será este, del tema tributario.

Al ser consultado sobre el destino de los recursos que se van a retener los GAD, dijo que esto dependerá de cada GAD, pero adelantó que todos viven al momento crisis múltiples por la pandemia: crisis sanitaria, económica, social agravada por las violencias, etc. Explicó que lo más seguro es que los municipios destinen los recursos a solventar las necesidades básicas de la población, en especial de los grupos de atención prioritaria.

Delgado dijo que esperan que se envíe la reforma a promulgación o en su defecto que “observe” o “ajuste la propuesta”, pero considera que sería retroceso absoluto el veto total.