La disputa se concentra en los seis lotes de terreno que la Corporación Financiera Nacional (CFN) se niega a aceptar del empresario Danilo Dapelo Benites, gerente de la empresa guayaquileña Jik S. A. El litigio se ha ventilado desde el 2020 en los tribunales del Guayas y el pasado 2 de junio llegó hasta la Corte Constitucional.

“Los dineros que se entregan en préstamos tienen que ser retornados en dinero, ninguna entidad bancaria entrega dinero por las garantías”, advirtió el presidente de la CFN, Iván Andrade, al tomar la palabra durante la audiencia presidida por el juez Enrique Herrería.

En su turno, el abogado de la empresa Jik S. A., Eduardo Taipe Calle, refutó: “Mi representada tiene una incapacidad de pago e inactividad que no le permite seguir cancelando su obligación con la CFN”.

Ante la Corte Constitucional, la CFN presentó una acción extraordinaria de protección en contra de dos decisiones judiciales (de primera y segunda instancia) que le dan la razón a Jik S. A. y le obligan a CFN a aceptar los terrenos que esta ofrece como dación en pago por la deuda de un crédito de $ 6,2 millones que contrajo en mayo del 2010, a siete años plazo, con 36 meses de gracia y en pagos trimestrales.

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Jik S. A. pagó del 2011 a septiembre del 2019, señaló Taipe, $ 4,9 millones y debe $ 5,2 millones.

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A cambio de esta deuda ofrece el terreno y por ello demandó a la CFN para que lo acepte. La empresa Jik S. A. es una de las 11 deudoras de la Corporación Financiera Nacional, entre empresas y personas, que han presentado procesos judiciales contra esta entidad. Estas causas suman $ 62,8 millones y ahí constan también clientes que le reclaman a la CFN indemnizaciones por supuestas irregularidades en los procesos coactivos o de cobranzas por deudas vencidas.

La cartera impaga de la CFN supera los $ 500 millones y contiene 94 clientes a nivel nacional, a quienes la entidad les ha iniciado juicios coactivos.

La planta de tratamiento de agua que construyó Jik S.A. está ubicada en el km 21 de la vía a Daule. Foto: Sandra Miranda

Para cubrir su deuda de $ 5,2 millones, Jik S. A. ofrece seis lotes que suman 13,08 hectáreas, ubicados en la comuna de Monteverde, en la provincia de Santa Elena, y que pertenecen a la empresa Ecoterm S. A., garante del crédito. El terreno, según el juicio tiene un avalúo de $ 6′960.092, monto que equivale a $ 532.117 cada hectárea o $ 53 el metro cuadrado, según detalla el proceso.

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El directorio actual de la CFN consideró un perjuicio recibir los lotes. El abogado de la entidad, Víctor Farinango, señaló que “no convenía a los intereses de la CFN. Se está tratando de que a través de la acción constitucional, la entidad acepte bienes en su perjuicio”.

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Además, Farinango agregó que “el valor de realización (del bien) es menor a la deuda, y aparte, (hay que) incurrir en más gastos de conservación y de venta”.

Sin embargo, el abogado de Jik defiende que los seis lotes superan la deuda con una cobertura del 133 % y un avalúo comercial del 113 %.

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Eduardo Taipe, abogado de la empresa Jik S. A.

En el proceso constan las conclusiones de informes periciales de la compañía Gesigval S. A. a la dación en pago en Monteverde. Ahí se menciona que el predio “colinda con proyectos emblemáticos como la Terminal GLP Monteverde, Poliducto y Subestación Chorrillos” y que en el sector hay “36 laboratorios de larvas y las certificaciones municipales de uso de suelo industrial”.

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La compañía Jik S. A. solicitó el préstamo en noviembre del 2010. La CFN le entregó $ 6,2 millones con un año y medio de gracia. Sin embargo, en agosto del 2012 la compañía pidió una ampliación de la tabla de amortización, en abril del 2013 solicitó una novación, en septiembre del 2014 se le dio la primera ampliación de plazo de esa novación y en agosto del 2015 la segunda ampliación.

“La capacidad de ayudar ha existido”, recalca el presidente de la CFN, Iván Andrade, mientras que el abogado Farinango argumenta que la “dación en pago es una figura extraordinaria” y que “es facultativa de la entidad aceptarla”. (I)

Se construyó obra, pero no funciona

Al pie de la señalética que marca el km 21 de la vía a Daule, a escasos metros de la calle de acceso hacia Las Lojas y a orillas del río Daule, se ubica la planta de tratamiento de agua ozonificada que construyó la empresa Jik S. A. con los dineros del crédito otorgado por la Corporación Financiera Nacional (CFN) en 2010, por $ 6,2 millones.

La obra luce aparentemente terminada, pero no funciona. Este Diario conoció que la planta se construyó con la intención de abastecer de agua ozonificada a las industrias de Guayaquil y con la autorización de Senagua. No obstante, Interagua, quien tiene la concesión del servicio en la ciudad, no lo permite.

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La empresa Jik S.A. tiene sus oficinas en la cdla. Kennedy. Foto: Marjorie Ortíz

“El proyecto está al 100 %, pero en el transcurso de los años ha tenido complicaciones con Senagua por el tema de permisos. Y es por esto que no se pudo cumplir con la obligación con la CFN. Esperamos, a través de vías judiciales, poner en operatividad esta planta”, explicó Eduardo Taipe, abogado de Jik S. A.

Las industrias, según un funcionario de Interagua, subsidian una parte del servicio de la población, por lo que el ingreso de Jik S. A. significaría elevar el costo del servicio a sectores populares de la urbe.

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Mientras se resuelve el litigio, la obra se deteriora. Detrás de un cerramiento gris, sucio y garabateado se observan dos grandes tanques blancos, con óxido en ciertas partes de su circunferencia, que se conectan por tuberías con otros reservorios. Las redes de este sistema se enlazan con el área de máquinas, en la planta baja de la construcción, de un piso. En la parte alta están las oficinas, pero no hay trabajadores. Un guardia custodia las instalaciones que, a decir de moradores, se suele llenar de maleza y a las que se da mantenimiento esporádico.

La planta colinda con viviendas de vecinos que cuentan con el servicio de agua, mientras algunas industrias tienen su planta propia. (I)