El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, contestó de manera parcial la carta emitida el 17 de marzo por la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, en torno al tema de la tarifa que paga Petroecuador al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) por transportar su crudo.

La secretaria general jurídica, Johana Pesántez, instruía en dicha misiva a Ortiz para que como autoridad responsable de este sector estratégico hiciera dos pedidos. El primero, un examen especial a Contraloría; y el segundo, un informe de legalidad a la Procuraduría sobre el pago de la tarifa al OCP por transporte de crudo, por parte de EP Petroecuador.

El ministro Ortiz contestó la carta, y en su respuesta a la comunicación se limita a indicar que el 26 de noviembre de 2020 su cartera de Estado ya fue comunicada por la Contraloría de que se estaría haciendo un examen especial sobre contrato para la construcción y operación del oleoducto de crudos pesados y presentación del servicio público de transporte de hidrocarburos y sobre el contrato de prestación del servicio público de transporte de petróleo crudo entre Petroecuador OCP. Sin embargo, no hace mención acerca de la petición que le hiciera la funcionaria presidencial, en el sentido de pedir un control de legalidad a Procuraduría.

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En medio de esta polémica, este Diario conoció de la salida del presidente ejecutivo de OCP Ecuador, Andrés Mendizábal. El alto ejecutivo ha sido parte de la negociación de la tarifa y ha estado presente para resolver problemas relacionados con la contaminación ambiental generada por la rotura del OCP (junto con el SOTE de Petroecuador), en abril, debido a la erosión regresiva del río Coca.

En estos días el monto y la fórmula de pago de la tarifa a Petroecuador volvieron al debate, luego de que se conociera que la empresa petrolera estatal había llegado a un acuerdo con OCP para pagar “en especie”, es decir, con crudo una deuda acumulada de $ 41,14 millones, correspondientes al periodo junio-noviembre 2020. El problema es que desde esa fecha hubo una divergencia entre la estatal y OCP sobre el monto de la tarifa. Mientras Petroecuador sostenía, de acuerdo con análisis del propio Ministerio de Energía, que la tarifa correcta era $ 1,40; OCP considera que debe ser $ 2.

La duda aparece por una cláusula que dice que “será de 2 dólares o la tarifa más baja que OCP Ecuador cobre en cualquier momento a cualquier usuario por el transporte de petróleo crudo”, conforme la cláusula 7.3.2 del contrato de autorización de construcción, firmado en 2001. Para Petroecuador esto implica contratos de antes del 2018 y para OCP solamente los que hayan ocurrido después de ese año (cuando se firmó el segundo contrato). Justamente en 2017 hubo un contrato en el que se le cobró a un cliente de OCP $ 1,40.

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Sobre el examen especial, efectivamente, desde el 5 de agosto la Contraloría está ejecutando esta tarea. Aunque en un primer momento se había hablado de que este tipo de informes pueden realizarse en 120 días, el ente de control lleva siete meses en el caso, sin aún poderse conocer algún resultado.

Entre tanto, la consulta a Procuraduría General había sido impulsada por la Procuraduría de Petroecuador, pero el ministro Ortiz se había mostrado contrario a aquello.