El anuncio del Gobierno de empezar el proceso para la suspensión de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga no fue bien recibida por las comunidades de Azuay, lo calificaron como un “insulto” a la provincia y piden que la revocatoria sea de manera inmediata y no temporal. Además, cuestionaron las declaraciones del viceministro de Minas, Xavier Subía.
“El reciente comunicado de la Presidencia de la República es un insulto al Azuay. Bajo el disfraz de un supuesto ‘proceso de suspensión’ de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, el Gobierno pretende engañar a la ciudadanía”, indican organizaciones sociales en un pronunciamiento público.
Este jueves, 25 de septiembre, la Presidencia expuso que dio atención a los informes presentados por la Prefectura del Azuay y el Municipio de Cuenca, por lo que el Gobierno empezará el proceso correspondiente para la suspensión de la licencia ambiental a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM).
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Además, señaló que las autoridades locales deberán responder por la veracidad, la consistencia y la responsabilidad técnica de los informes que han puesto en consideración del Gobierno.
El pasado 23 de septiembre, el alcalde de la capital azuaya, Cristian Zamora, y el prefecto de la provincia, Juan Cristóbal Lloret, acudieron a la convocatoria de la Gobernación de esa provincia y del Ministerio de Ambiente y Energía para que presenten los informes antes de desistir del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha.
Zamora entregó ocho documentos que a su criterio respaldan por qué no debe avanzar el proyecto, algo similar hizo Lloret, quien detalló que los informes ya los han entregado antes, pero que ese día lo volvía a hacer.
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Las comunidades de Azuay y Cuenca aseguran que han sido claras en lo expuesto. “No queremos suspensiones temporales ni tácticas dilatorias. Exigimos la cancelación inmediata y definitiva de las tres concesiones mineras en Quimsacocha. Cada día que se prolonga esta farsa, nuestras fuentes hídricas, páramos y la salud de la población continúan bajo amenaza”, declararon.
Y agregaron que el “anuncio oficial no es más que una burla” y que un proceso de suspensión puede durar días, meses o años. “La derogatoria de la licencia ambiental no basta ni puede ser la prioridad: lo primordial es la cancelación total de las concesiones mineras y el retiro definitivo de la empresa”, manifestaron.
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Asimismo, rechazaron las recientes declaraciones del viceministro Subía. Apuntaron que el funcionario aseveró que la licencia ambiental de Loma Larga “está vigente, no ha sido revocada” y que “no existe petición formal de revocatoria”.
Para las comunidades “eso es mentira”. Dijeron que al día siguiente de la marcha del pasado 16 de septiembre, la Asamblea Ciudadana por la Defensa de los Páramos y el Agua de Cuenca entregó una carta formal al presidente Daniel Noboa, en la que se exigía la revocatoria inmediata de la licencia ambiental. “Negar esta acción es invisibilizar la voz del pueblo y proteger a la minera Dundee”, afirmaron.
En ese contexto, puntualizaron que la postura es inquebrantable:
- Cancelación inmediata y definitiva de las tres concesiones mineras en Quimsacocha.
- Remediación ambiental integral en todas las zonas afectadas.
- Que se inicien los trámites ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para que Quimsacocha sea declarada patrimonio natural de la vida humana y no humana. (I)
