En el Ecuador, en 2020, de cada 10 trabajos generados, 7 fueron captados por varones y solo 3 por mujeres. A la mujer se le paga un salario menor en 15% al de un hombre, pese a hacer la misma labor y con las mismas condiciones. Solo el 5% de mujeres alcanzan un puesto directivo en una empresa. El 95% lo alcanzan los hombres. Esos son los principales indicadores parte del diagnóstico que le sirvió al Ministerio del Trabajo para diseñar la Ley Violeta.

La ley fue presentada esta semana por el ministro del Trabajo, Andrés Isch, y ha tenido buena acogida tanto en el sector empresarial y político. El objetivo de la ley, que contó con el aporte de expertas en temas de género y brechas laborales, multilaterales, entre otros, es atacar tres problemas estructurales que son acceso, equidad salarial y presencia en puestos directivos.

En cuanto al menor acceso laboral, la ley, explica el ministro, crea un incentivo por cada nuevo empleo a mujeres. Si las empresas las contratan, podrán deducir un 150% el valor invertido en esta plaza de trabajo, en sus impuestos. También se ha previsto que las mujeres que participan en cursos duales puedan acceder más ágilmente a las empresas.

El proyecto normativo también busca terminar con prejuicios y esta idea errónea en el sentido que emplear a una mujer resulta caro. Ahora, con la ley se permitirá que las licencias de maternidad y lactancia puedan ser también de paternidad, a fin de que puedan compartir el cuidado e incluso incentivar la vinculación del padre y el bebé.

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Otro de los puntos importantes, para evitar discriminación, dice Isch, es que las empresas tengan una política de contratación clara, en la que se establezcan los puestos, tareas, nivel del trabajador y se asigne la remuneración indistintamente del género. Estos datos ayudarán a controlar y corregir casos de discriminación.

A través de una disposición transitoria se obliga a las empresas que tienen desde tres miembros en sus juntas y directorios, a que al menos uno sea mujer. Para ello se da plazo de entre uno y cinco años.

El ministro Isch comentó que con esta normativa, Ecuador se puede convertir en un referente en la región en legislación laboral inclusiva. Explicó que entre las propuestas recogidas están anhelos que datan desde hace varias décadas por parte de mujeres. Destacó que iniciativas como la de la deducibilidad y la integración de directorios ha dado buen resultado, especialmente en Europa.

La ley aún no se entrega de manera oficial ante la Asamblea, pero su presidente César Litardo (AP), expresó hace pocos días su aspiración que esta sea aprobada antes de que finalice el presente periodo legislativo. Según Litardo, “todos estamos de acuerdo en impulsar un proceso rápido de esta ley y hacerlo de manera que su aprobación se realice en el menor tiempo posible, dentro de este periodo legislativo”.

El legislador Sebastián Palacios (SUMA) subrayó que es una iniciativa necesaria, oportuna y que, además, cuenta con el apoyo de diversos colectivos sociales, legisladores, así como las recomendaciones de organismos especializados de Naciones Unidas, que han expresado su preocupación por la desigualdad y la falta de oportunidades laborales para las mujeres.

Por su parte, Gabriela Larreátegui (SUMA) lamentó que después de muchas décadas de lucha de las mujeres se mantengan enormes diferencias salariales entre hombres y mujeres, en el desempeño de iguales puestos de trabajo. En este sentido, dijo que este proyecto permitirá reducir este fenómeno, así como otras inequidades existentes en el sector laboral.

Finalmente, Ana Belén Marín (AP) aseveró que este proyecto está logrando ciertos aportes al sector de las mujeres, que ha sido permanentemente golpeado y, peor aún, durante la pandemia por COVID-19. No obstante, se mostró partidaria de analizar con detenimiento la propuesta, de manera que se pueda determinar su real impacto a nivel laboral y, sobre todo, si se requiere de un financiamiento ver que no ocurra lo mismo que con la Ley para Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Lilia Villavicencio, presidenta de la Cámara del Calzado, pidió que la ley sea socializada en todos los sectores productivos. De lo que conoce, le parece positivo que se incentive la contratación de mujeres, pero asegura que al momento, y por la pandemia, hay otros temas que se deberían priorizar. Entre ellos, la inyección de liquidez, incentivos y campañas para consumir productos. (I)