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Bancadas en Asamblea ya delinean posturas frente a ley urgente de Defensa de la Dolarización enviada por el Ejecutivo

El proyecto de ley está siendo conocido por la Unidad Técnica Legislativa. Luego pasará al CAL, que lo enviará a una comisión especializada.

QUITO (17-02-2021).- Fachada del Banco Central. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

Aunque el Consejo de Administración Legislativa (CAL) todavía no califica el nuevo proyecto de ley económico urgente denominado de Defensa de la Dolarización, enviado hace pocos días por el Gobierno (pues recién se encuentra en la Unidad Técnica Legislativa), las diversas bancadas ya empiezan a delinear sus posturas frente a este cuerpo normativo.

La iniciativa de ley que busca la independencia del Banco Central del Ecuador (BCE) de los Gobiernos de turno fue reenviada a la Asamblea el 23 de febrero —luego de que el organismo legislativo se lo devolviera por presentar problemas de forma— intentando que este nuevo momento sea propicio para un debate más técnico o no contaminado por el enfrentamiento político electoral.

Mientras que la bancada de Revolución Ciudadana (RC) se muestra preocupada por el texto y dice que no lo aprobará, otras hacen ciertos señalamientos u observaciones, pero destacan que es un proyecto importante para la estabilidad de la dolarización.

El segundo vicepresidente de la Asamblea, Patricio Donoso (CREO), consideró que era importante el envío de la ley por parte del Ejecutivo, pues no se podía seguir esperando. “El país no puede pararse por la campaña electoral”, aseguró. También argumentó que en este país todos los años o son electorales o preelectorales, ya que existen estos procesos cada dos años.

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Dijo que es muy pronto todavía para saber cómo se configurarán las fuerzas de las bancadas frente al proyecto, pero hizo votos para que sea debatido con patriotismo e inteligencia. Para Donoso el proyecto de ley es importante, ya que impide que los dineros que custodia el BCE sean utilizados por cualquier Gobierno de manera irresponsable. Esto es un punto básico para defender la dolarización.

Entre tanto, Lira Villalba, representante de RC, dijo que ven “con seria preocupación” el envío de la ley. Para Villalba, desde el nombre de la ley ya es una publicidad engañosa, pues dice que no trata de defender la dolarización, sino los intereses de ciertos grupos específicos.

Además dijo que el proyecto sería inconstitucional, pues se busca la autonomía del BCE, pero en la Constitución se establece que la política monetaria y financiera parte del Ejecutivo para ser aplicada por el BCE. No está de acuerdo con nuevas reglas que se buscarían aplicar a las cooperativas, pues asegura que estas no podrán cumplir los estándares exigidos.

Para Villalba, es grave que con esta ley se quiera bloquear la liquidez que el BCE puede entregar en momento de necesidad. Considera un peligro que sean los directores y no el Estado quienes decidan sobre las tasas de interés.

Gabriela Larreátegui, asambleísta por SUMA, lamentó que haya demorado tanto tiempo, pues cuando se la envió por primera vez como parte de una ley más amplia, en octubre de 2019, esta no fue aprobada, pero el Gobierno había previsto enviarla por separado de manera inmediata.

Para Larreátegui “este proyecto es importantísimo a fin de que se garantice la independencia del BCE y que los fondos no sirvan para financiar necesidades del Estado, sino para respaldar los depósitos del sistema financiero privado y público. Sobre el momento político actual para el envío, dijo que su tratamiento no debe depender de quién gane las elecciones, sino que debe ser un tema técnico y objetivo. Defendió que la Asamblea continúe cumpliendo su rol hasta el último día de su periodo, que es en mayo próximo.

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Desde la bancada del BIN, Vilma Andrade (ID) comentó que se le ha hecho una breve revisión, aún no a profundidad, al texto. Explicó que la bancada aún no tiene una postura en firme sobre la ley, pero se la decidirá a futuro. En todo caso, la observación principal —dice— es que se le quitan varias facultades a la actual Junta de Política de Regulación Financiera y Monetaria (también conocida como Superjunta), para dárselas al Banco Central.

Explicó que el hecho de que los directores y miembros de la nueva Junta sean elegidos por la Asamblea podría generar problemas y presiones políticas.

Andrade dijo estar preocupada por la desaparición de dos artículos: el 15, que habla sobre las facultades macroeconómicas de la Junta y advierte que este retiraría los límites de las divisas que las entidades financieras pueden mantener en el exterior. Entre tanto, la eliminación del artículo 142 también dejaría sin límites los dineros de exportaciones no petroleras que pueden permanecer en el exterior, señaló. (I)


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