A la espera del veto presidencial, la derogación parcial de la Ley Humanitaria es calificada como un ‘retroceso’ por expertos laborales

Expectativa por conocer el veto presidencial es lo que genera en expertos laborales, empleadores y trabajadores la derogación parcial de la Ley de Apoyo Humanitario, que dejaría sin efecto los acuerdos y modificaciones laborales establecidos entre los trabajadores y empleadores para la preservación de fuentes de trabajo y que se dictaron durante la pandemia del COVID-19, como la reducción emergente de la jornada de trabajo o contratos especiales emergentes.

Por ejemplo, en el caso de la figura de reducción emergente, que entró en vigencia con la Ley de Apoyo Humanitario el 22 de junio, en ese mismo día ya se habían generado reducciones a la jornada ordinaria o parcial hasta un máximo del 50 %; y en menos de dos meses de vigencia, hasta el 3 de agosto del 2020, 1.207 empresas aplicaron esa reducción a 9.319 trabajadores, y hasta diciembre de 2021 había 17.349 colaboradores con jornada reducida, según datos del Ministerio del Trabajo.

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También se establece que todas aquellas personas que hayan sido contratadas bajo un contrato emergente y a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hayan superado los 90 días del periodo de prueba, dichos contratos tendrán el carácter de indefinidos.

Asimismo, en tan solo dos meses de vigencia de la Ley, 671 empresas ya habían ingresado a su nómina a 2.638 trabajadores bajo el contrato emergente.

Para el exministro del Trabajo Raúl Ledesma, esta última disposición afecta al principio de irretroactividad de la ley y la seguridad jurídica, pues aquellos fueron celebrados por periodos anuales y con ley vigente que los respaldaba.

“Pretender transformarlos a contratos indefinidos afecta los derechos constitucionales de los empleadores y pone en riesgo las plazas de empleo generadas bajo esa modalidad”, aseguró el exsecretario de Estado, quien advirtió que en general modificar con ley posterior condiciones, acuerdos y contratos celebrados en estricto apego a la ley anterior, de manera retroactiva, puede traer consecuencias perjudiciales e incalculables.

Desde el empresariado se resalta lo positivo del proyecto, que es la regulación de algunos beneficios para los médicos que trabajaron durante la pandemia, según explicó Miguel Ángel González, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

A lo que se refiere González es a lo que exceptúa la derogatoria: las reformas a la ley del sector público donde se compensa a los trabajadores del sector sanitario que laboraron desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19, hasta julio del 2021, para que en caso de postularse a un concurso de méritos y oposición, un adicional del 25 % será computado al puntaje final.

Además que todo médico que se encuentre devengando o llegue a devengar en algún centro de salud de la red pública podrá elegir culminar su periodo de compensación en una relación de cada año de servicio contado como un año de estudios.

No obstante, en lo que sí deroga, el dirigente gremial advirtió que el proyecto materializa una situación de inseguridad jurídica, porque entra a cambiar relaciones contractuales generadas desde la pandemia.

Por ejemplo, explicó que la eliminación del contrato emergente implica perder la poca flexibilidad que se ganó con la Ley. “Este contrato permitió que se salven empleos. De hecho, algunos gremios pedimos que este contrato no sea de carácter temporal”, recordó González.

Con el criterio de González coincide la experta laboral Vanessa Velásquez, quien cree que la derogatoria parcial perjudica a empleados y a empleadores, pero en más medida a estos últimos que necesitaban de la Ley de Apoyo Humanitario para poder sobrellevar el tema de la pandemia.

Para Velásquez, el que a los empleadores se les permitiera, con la normativa, pagar la nómina con una reducción de hasta el 55 % contribuyó a que no se siguiera con la ola de despidos.

“La implementación de esta ley, si bien es cierto no era la ideal, respecto al tema de fuerza mayor frenó el abuso al derecho con esta causal y también generó que se puedan hacer acuerdos para la preservación de empleos, es decir, modificar condiciones de salario, horarios, etc.”, sostuvo la experta, quien aclaró que los efectos de la reforma no son retroactivos.

Advirtió que si esta Ley logra pasar, los empleadores se verían obligados a volver a pagar nóminas al 100 %, dejar sin efecto acuerdos de preservación de empleos y el efecto de los contratos emergentes, que era la posibilidad de tener una relación laboral marcada recién después de dos años con una estabilidad.

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Para los trabajadores también habría efectos negativos, analizó la experta, al señalar que se pondría en riesgo la posibilidad de mantener sus fuentes de empleo y encontrar otras nuevas plazas de trabajo, debido a que los empleadores van a contraer el mercado laboral ante la falta de garantías de las formas de contratación en este país.

“Este es un retroceso, porque era una ley que se buscaba para poder mantener las relaciones laborales y al tener esta derogatoria, que va desde el artículo 16, es prácticamente todo lo que se ha venido usando y todo lo que era necesario para evitar la pérdida de más empleos en el país”, lamentó Velásquez, quien calificó de incomprensible el actuar de la Asamblea al asegurar que la pandemia no ha terminado y sus efectos siguen estando vigentes.

Sin embargo, indicó que aún falta ver qué sucede con el veto presidencial. González también prefiere aguardar. “Creo que lo principal es esperar a que el ministro del Trabajo (Patricio Donoso) dé una buena asesoría al presidente de la República para no causar zozobra al sector empleador y esperar el veto”, expresó el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.

El exministro coincidió al indicar que está pendiente el veto presidencial, “por lo que es importante no generar zozobra al sector empleador”, pues aseguró que con la reformatoria al Código de Trabajo y la afectación al contrato emergente podría provocar terminaciones de contrato para que no se vuelvan indefinidos.

En tanto, sobre la disposición transitoria al Código Orgánico Monetario Financiero que dispone que todas las entidades del sistema financiero, incluidas las que emiten tarjetas de crédito y aquellas que tengan como giro de negocio operaciones de crédito, efectúen acuerdos con sus clientes para reprogramar, refinanciar y suspender el cobro de cuotas impagas generado por cualquier tipo de obligación crediticia adquirida desde el 16 de marzo de 2020 hasta diciembre del 2021, González propuso que esa reprogramación no sea obligatoria. (I)