La acción de protección presentada por el exlegislador y representante de los jubilados Henry Llanes en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, y del ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, por las deudas del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), fue negada este viernes 17 de noviembre por un juez de la Unidad Judicial del Trabajo de Pichincha.
Así lo afirmó el propio Llanes tras salir de la audiencia que duró cerca de tres horas, desde las 10:00 hasta las 13:00. La diligencia estaba prevista en primera instancia para el viernes 10 de noviembre, pero pasó para este viernes 17.
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Llanes presentó esta acción de protección el 24 de octubre pasado en contra de las dos autoridades alegando incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7, 10, 103 y 237 de la Ley de Seguridad Social, los cuales se refieren a las transferencias económicas que debe realizar el Estado para atender las prestaciones médicas de la seguridad social y el pago de las pensiones jubilares.
Citando al director general del IESS, Diego Salgado, Llanes indicó que los valores acumulados por pagar al Seguro Social por parte del Estado ascienden a $ 10.051,9 millones, cuya deuda en materia de salud viene desde el 2006 y el pago del 40 % para las pensiones jubilares desde el 2012.
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Se buscaba una sentencia de esta acción de protección para que en el plazo de 90 días se estableciera “un cronograma de pagos de las deudas acumuladas que tiene que pagar el portafolio de las finanzas públicas al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social”. Además, se pedía que también en un plazo de 90 días entre el ministro y el director del IESS “presenten un proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, con el objetivo de hacer realidad la autonomía del Seguro Social, conforme lo determina el artículo 370 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 369, 371 y 372 del texto constitucional”.
Esto es con el objetivo, según el exlegislador y representante de los jubilados, de precautelar el correcto manejo de los recursos del seguro social obligatorio, especialmente lo que corresponde a la gestión de su patrimonio, así como de los aportes de los afiliados y empleadores y la gestión de sus prestaciones.
Sin embargo, ahora con la negativa obtenida, Llanes adelantó que presentará una acción de incumplimiento de sentencia ante la Corte Constitucional, antes de una comunicación que le enviará al nuevo presidente de la República, Daniel Noboa Azín. (I)