La preocupación por el futuro del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), y con ello los recursos de afiliados y pensionistas, motiva a tres organizaciones de jubilados a presentar demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, que fue impulsada por el Gobierno.
El Frente Nacional de Defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Frente Nacional por un nuevo IESS y la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador (CNJE) alistan las demandas que cada grupo interpondrá ante la Corte Constitucional (CC), en los próximos días.
Consideran que la “ley es un riesgo”, porque permite que el Biess pueda acceder a créditos con entidades financieras, nacionales o extranjeras, usando como garantía su portafolio de inversiones.
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Los jubilados sostienen que “el Biess no tiene necesidad de endeudarse” y que si no llega a pagar esos préstamos se perderían las inversiones que puso como colateral, afectando los recursos de los asegurados.
Además, rechazan que la norma abra las puertas para que el Banco venda su cartera de vencida de créditos hipotecarios, quirografarios y prendarios.
El temor es que el dinero que el Biess obtenga, por endeudarse o por vender su cartera, no se emplee para otorgar más préstamos a los asegurados o mejorar a la Seguridad Social, sino que sea una vía para financiar al Estado comprándole más bonos de deuda interna.
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La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia está en vigencia desde el 1 de octubre, cuando se publicó en el Registro Oficial.
Las organizaciones de jubilados, así como varios economistas y expertos en temas de Seguridad Social, aseguran que la norma no aporta a solucionar los problemas de fondo del IESS.
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José Ortiz, presidente del Frente Nacional de Defensa del IESS, indica que la ley “atenta contra el principio de sostenibilidad del fondo de pensiones o seguro de vejez, invalidez y muerte”. “El endeudamiento, el dinero que llega sale para el Estado, para cubrir el déficit fiscal”. “Se le está metiendo la mano al IESS”.
El dirigente señala que la ley vulnera los artículos 370, 371 y 372 de la Constitución, que están relacionados con la autonomía del IESS, el financiamiento de las prestaciones y también de la prohibición de intervenir o disponer de sus fondos y reservas o menoscabar el patrimonio del seguro social universal.
Rosario Muñoz, presidenta de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas de Montepío del Ecuador, también considera que el nuevo cuerpo legal vulnera el artículo 372 de la Constitución.
Y reclama que no se socializó adecuadamente la ley. Que en la Asamblea Nacional no se los recibió para dar sus observaciones y comentarios sobre el texto.
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“Vemos con gran preocupación. No conocemos, porque no ha sido socializado, no sabemos cómo estas entidades con carácter privado van a tomar los recursos. Vemos con mucho riesgo y preocupación, y de manera especial para los próximos jubilados, a los afiliados que también tienen sus préstamos hipotecarios. Lo vemos con un riesgo absoluto y táctico”, remarca Muñoz.
Deuda del Estado con el IESS asciende a $ 27.389 millones, según el Seguro Social
El Frente Nacional por un Nuevo IESS presentará su demanda el miércoles 8 de octubre. El máximo dirigente de la organización, Henry Llanes, ha expresado previamente que, en su criterio, el espíritu de la ley es crear más mecanismos para que el Estado recurra al Biess, con el fin de conseguir más financiamiento interno. Y que la ley menoscaba el patrimonio de la Seguridad Social.
Adicionalmente, los jubilados exigen que finalmente se consolide la deuda del Estado con el IESS e inicie el plan de pagos, como dispone la reforma a la Ley de Seguridad Social, que está en vigencia desde junio de 2024. (I)
