Tras varios años, desde la pandemia, sin un empleo fijo, Leonardo -nombre protegido- consiguió por fin un trabajo en una camaronera ubicada en el golfo de Guayaquil. Llega a ganar hasta $ 400 semanales sumando horas extras, pero está a punto de dejarlo por la inseguridad. “Debemos salir de madrugada a las faenas y ya han robado en las lanchas a varios compañeros, por suerte no me ha tocado a mí, pero mi familia está preocupada y quieren que deje el empleo y busque algo más seguro”, reconoció el hombre de 52 años.

Y es que ya hay trabajadores de este sector que les dicen a sus jefes: ‘Me da mucho temor ir al lugar de trabajo, no hay las garantías’; se niegan a movilizarse a fincas a través en embarcaciones porque han visto cómo sus colegas, técnicos, han sido víctimas de robo, los dejan botados en una isla, se los encuentra dos días después. “Eso es lo más grave, no implica costos como tal sino ya la sensación de inseguridad hace que los trabajadores digan que no quieren ir a los lugares de trabajo”, cuenta el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), José Antonio Camposano.

El movimiento comercial en el centro de Guayaquil se mantuvo con normalidad, aunque con menor tránsito vehicular, este miércoles 26

El alarmante incremento de los índices de inseguridad y delincuencia, que incluyen el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, preocupa a los diferentes sectores productivos del país, que advierten los impactos negativos para la economía que esta situación podría acarrear y que ya se están sintiendo en las provincias y cantones donde se ha declarado el estado de excepción: Manabí, Los Ríos y Durán (Guayas).

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Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), su presidente Miguel Ángel González lamentó la incertidumbre que la ola delincuencial provoca en el sector comercial. “Los comercios están tomando medidas para precautelarse. Varios de ellos han decidido acortar sus horarios de atención al cerrar más temprano de lo habitual”. Sin embargo, afirmó que la principal afectación para los comercios es que los ciudadanos evitan exponerse a la delincuencia y limitan sus salidas.

“Esto genera menos ventas para los comercios. La inseguridad reduce la actividad económica y la generación de empleo”, aseguró González, quien citó estimaciones del Banco Mundial que indican que, en lo económico, episodios de inseguridad como el actual podrían tener un costo de hasta 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en economías como las del Ecuador. Según el Banco Central del Ecuador, el PIB nominal del país para este año es de $ 120.936 millones, lo que se traduciría en una afectación de $ 4.232 millones.

Un ‘autoencierro’ por la inseguridad que pasa factura a locales de comidas, también víctimas colaterales de la violencia criminal y delincuencia en Guayaquil

En tanto, pese a que el estado de excepción se declaró para Los Ríos, Manabí y Durán, en Guayas, González aseguró que las provincias más afectadas por las muertes violentas, extorsiones y otros crímenes son también Guayas y Esmeraldas.

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González aseguró que el Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y espera que el nuevo Gobierno tenga un plan para que esto suceda. “Los empresarios y la sociedad en conjunto no podemos seguir viviendo bajo el miedo constante de la delincuencia”. El sector comercial no se ha quedado de brazos cruzados y reveló que desde hace meses se ha reunido con más de 100 empresas de Guayaquil, responsables de más de 2.500 sucursales en el país, para implementar un plan de acción en función de las necesidades que requiere cada sector. “Para resolver los problemas de Guayaquil o el país, todos debemos aportar. No es suficiente señalar los problemas, hay que actuar”.

Mientras, desde el sector industrial también existe preocupación. Francisco Jarrín, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, aseguró que existen afectaciones a corto y a largo plazo. Entre las afectaciones inmediatas, destacó la preocupación de lo que pueda ocurrir a los colaboradores de las diferentes industrias al momento de entrar o salir de sus lugares de trabajo, especialmente en horarios sensibles, y están además los retrasos en la llegada del personal y las complicaciones logísticas para recibir o repartir insumos y productos, que se presentan por las congestiones vehiculares.

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En tanto que entre las afectaciones a largo plazo destaca el impacto negativo sobre las decisiones de nuevas inversiones en zonas industriales como la vía Daule, en Guayaquil, y el cantón Durán.

Respecto a la afectación que el sector industrial percibe, Jarrín reconoció que es algo difícil de cuantificar, ya que existen afectaciones directas e indirectas, principalmente para bienes y servicios proporcionados por empresas para empresas, es decir, industrias que son proveedoras de insumos para otras actividades productivas, e incluso para ciertos productos que dependen de canales de distribución y venta, como bodegas, tiendas de barrio o restaurantes populares, siendo estos formatos los mayormente perjudicados por las restricciones horarias.

“Cabe señalar que alrededor de esto existe un círculo vicioso ya que, para este tipo de negocios, las menores ventas de hoy implican una menor solvencia y liquidez que conlleva a menores compras a futuro, salvo que exista un repunte de ventas”, analizó el dirigente, quien también es presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

En primer trimestre los robos a camaroneras se incrementaron el 35 %, según el sector

Camposano dice que ellos enfrentan la inseguridad en zonas rurales donde no hay presencia de la fuerza pública. Desde la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador (Cordex) -que agrupa a sectores de camarón, banano, plátano, cacao- pidieron la declaratoria de estado de excepción en cinco provincias. “Creemos que la declaratoria (realizada por el Ejecutivo) se ha quedado corta, faltan ahí provincias como Santo Domingo, la provincia del Guayas en general debe declararse en estado de excepción, no solo Durán; Santa Elena es una provincia también sitiada por carteles y demás, igual la provincia de El Oro”.

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El siguiente paso será pedir al Gobierno la doble deducibilidad de los gastos que hagan las empresas en materia de seguridad, para que por lo menos exista algún incentivo de carácter tributario. Actualmente el costo de guardias, cámaras, candados satelitales... lo deducen como parte de su estructura de costo y les baja la base imponible para el pago de impuesto, pero plantean tener el beneficio que se da por proyectos de transformación de energía, de energía más limpia, o cuando se invierte en proyectos de fomento al deporte, en fomento a la cultura, que pueden considerar hasta el doble del gasto: si gastó $ 1.000 puede deducir $ 2.000.

“En este momento nosotros no tenemos ese beneficio, entonces hay un gasto importante en seguridad que es responsabilidad del Estado, la justa compraparte es que el Estado ya que no cumple con su labor haga un sacrificio en una doble deducibilidad para las empresas que tienen este esto costo considerable”, sostuvo. (I)