El pedido del sector automotor, integrado por empresas importadoras de vehículos, de extender a los vehículos híbridos la medida anunciada por el presidente de la República, Daniel Noboa, de establecer en $ 10 la matrícula para vehículos eléctricos, generó rechazó en el sector ensamblador de la industria automotriz.
La propuesta de expandir el beneficio fue expuesta por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade), que señaló, este 2 de julio, que la medida es acorde con las tendencias globales de movilidad sostenible, por lo cual deberían extenderse a vehículos de bajas emisiones, como los híbridos.
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Por su parte, la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (Cinae), a través de un comunicado compartido la tarde de ese mismo día, indicó que ampliar a los vehículos híbridos el beneficio anunciado para los eléctricos no se alinea con una política pública que busque priorizar tecnologías de alto impacto ambiental, y que, por el contrario, concentrar los incentivos en los vehículos 100 % eléctricos permite enfocar los recursos del Estado en aquellos segmentos que realmente contribuyen a la reducción de emisiones.
“Esta decisión (de bajar a $ 10 la matrícula para vehículos eléctricos) se alinea con las tendencias internacionales que promueven la movilidad sostenible y con los lineamientos de política pública establecidos en la Ley Orgánica de Eficiencia Energética”, sostuvo la Cinae.
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El gremio argumenta que los denominados mild hybrids no generan reducciones significativas ni en emisiones ni en el consumo de combustible. Además, ingresan al país con una menor carga tributaria que los vehículos ensamblados localmente, generando distorsiones en el mercado nacional.
La Cámara también recordó que la Organización Mundial de Aduanas ha recomendado reclasificar los mild hybrids como vehículos a combustión, lo que implicaría aplicarles el tratamiento tributario correspondiente. “El gremio hace un llamado a que los incentivos y políticas públicas se mantengan enfocados en los vehículos 100 % eléctricos, como lo establece la legislación vigente, con el objetivo de avanzar decididamente en la transición energética del sector transporte”, concluyó. (I)