La mora patronal de las empresas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) supera los $ 2.000 millones, y está entre $ 2.300 millones y $ 2.400 millones, de los cuales alrededor de $ 1.500 millones es lo que se podrá cobrar.
Así lo informó el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Eduardo Peña, este martes 10 de septiembre en Guayaquil, en donde compartió varios datos relacionados con la seguridad social, tiene 96 años en Ecuador.
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Para Peña, la seguridad social requiere una reforma en la estructura financiera, que debe pasar por la Asamblea Nacional y que quizás requiera una reforma constitucional. Asimismo, indicó que se requieren cambios actuariales. Esto porque tanto en Ecuador como en el resto del mundo se tiene una tasa de natalidad decreciente y la población jubilada se incrementa.
De acuerdo con el directivo, actualmente en Ecuador hay más de 520.000 jubilados. Cada año se suman más de 40.000 jubilados. Mensualmente se paga en jubilaciones más de $ 390 millones. “Todas las seguridades sociales deben empezar a revisar sus números y mientras más se demore en tomar esta decisión, más crítica será la medida que se tenga que tomar”, dijo.
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En el caso de la mora patronal, el ejecutivo indicó que a raíz de la pandemia muchas empresas entraron en mora, incluso antes ya estaban en mora. Así también dijo que hay deudas tan antiguas que “seguramente” no las recuperarán “nunca”.
Para realizar los cobros, según Peña, ofrecieron facilidades de pago tras conversarlo con la Superintendencia de Bancos.
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Inicialmente estaba previsto que se podía otorgar unos diez años, sin embargo, se negoció para seis años (hasta 72 meses), de acuerdo con el monto adeudado. Tras ello, se emitió la Resolución CD 671, que fue expedida el 23 de abril de este año, y empezaron a realizarse los acuerdos para que las empresas se acojan a este beneficio.
Desde abril se han firmado 13.002 acuerdos de pago parcial suscritos por $ 87′164.402. Hasta el 6 de septiembre, 12.532 empleadores se registran como beneficiarios.
Si se realiza una proyección para un año, comentó el directivo, se obtendrían entre $ 360 y $ 400 millones por acuerdos firmados, lo que representa un ingreso significativo y se tomaría unos cuatro años en cobrar gran parte de la deuda por mora patronal.
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Peña también comentó sobre las inspectorías de afiliación. Dijo que existen 60 inspectores a escala nacional y que con ese mismo número en el personal han incrementado un 612 % en esas tareas, de las 328 que se realizaron en enero pasaron a 2.008 inspecciones en agosto de forma mensual. En los ocho meses se realizaron 11.932 inspecciones, frente a las 2.554 en el mismo periodo del 2023, es decir, hubo un incremento de 367 %.
Como resultado, 11.932 empresas han sido inspeccionadas de las 500.000 que hay en el país; 32.340 trabajadores identificados; 12.680 trabajadores no estaban afiliados; y en subdeclaración registraron 19.660, es decir, el empleador indicaba que ganaba el salario básico unificado (SBU), sin embargo, hubo personas como un contador al que se pagaba más del SBU.
Por otro lado, el directivo resaltó que de enero a agosto se han registrado 10.357 nuevos afiliados voluntarios. En el mismo periodo en el 2023 hubo 3.346 nuevos afiliados voluntarios. (I)