El mantenimiento y puesta en funcionamiento del acueducto, uno de los bienes tangibles de la Refinería del Pacífico (RDP) en liquidación, se ha convertido en un dolor de cabeza para quienes están al mando de esta entidad, y que incluso ya ha recibido observaciones por parte de la Contraloría General del Estado (CGE).

Este acueducto, de unos 94 kilómetros de longitud y que nace de la presa de La Esperanza en el cantón Bolívar, recorre territorio de siete cantones y llega hasta la zona de El Aromo en Manta.

El objetivo de la construcción de este ducto, que tuvo un costo superior a $ 273 millones y que fue ejecutado por la empresa brasileña Odebrecht, era llevar agua cruda para el procesamiento diario de unos 300.000 barriles de petróleo, que era la meta del Gobierno del expresidente Rafael Correa.

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El régimen de ese entonces dispuso que el agua cruda fuera entregada a tres cantones que padecen severo desabastecimiento del líquido, como son Manta, Montecristi y Jaramijó. Pero el problema surgió cuando los agricultores comenzaron a conectarse de forma ilegal a la tubería, despresurizando el envío del líquido.

José Herrera, quien hasta mediados de octubre del 2021 fue el liquidador de la empresa, indicó que mantener el acueducto requiere de unos $ 2,6 millones anualmente.

Por ejemplo, la empresa en liquidación debe a la Corporación Nacional de Electrificación (CNEL) unos $ 2,7 millones por la recepción del servicio para proveer agua a cantones que no pagan por este.

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La situación de este acueducto es una de las observaciones que ya realizó CGE en el informe que publicó el año pasado, y que ya se ha puesto a consideración del directorio de RDP en liquidación, pero las sesiones convocadas para el 1 y 22 de octubre de ese año no se realizaron por ausencia de representantes de Petroecuador, la mayor accionista de esta compañía mixta, en conjunto con la estatal venezolana PDVSA.

El exfuncionario cree que los delegados de Petroecuador no han querido reunirse porque deben definirse algunos temas complejos y tomar decisiones respecto al examen de la CGE que determinó irregularidades en esta obra.

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Herrera indica que una de las recomendaciones de la Contraloría fue seguir con las acciones judiciales en contra de quienes captan o pinchan de forma irregular al paso de los 94 kilómetros de tubería.

Hasta octubre pasado, cuando Herrera aún era liquidador de la Refinería, se habían iniciado unas 28 acciones judiciales, e incluso en una se ganó una demanda y la persona demandada fue sentenciada a una reparación integral por unos $ 60.000.

También entre las recomendaciones de la CGE se indica que los municipios que se benefician con el agua cruda deben aportar con el mantenimiento.

La Refinería del Pacífico (RDP) está ubicada en la zona de El Aromo en Manta. Foto: ARCHIVO

Desde el 2017 hasta octubre de 2021, RDP en liquidación ha abastecido de unos 40 millones de metros cúbicos de agua cruda a las plantas potabilizadoras de Manta, Montecristi y Jaramijó.

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Herrera indicó que se buscaron soluciones para permitir la viabilidad y sostenibilidad del acueducto, pero aquello implicaba desarrollar un proyecto nuevo, lo cual está prohibido por la Ley de Compañías, pues se trata de una empresa en liquidación. Se planteó, por ejemplo, la idea de crear una mancomunidad o un consorcio entre los municipios que se benefician de este ducto, pero no se halló sustento legal.

No obstante, este Diario conoció que el pasado 26 de octubre se desarrolló una reunión entre dirigentes campesinos y el nuevo liquidador, Carlos Wong, en la que se asumió un compromiso —formalizado en un acta firmada por las partes— en el que los agricultores que han pinchado la tubería del acueducto en forma irregular deben depositar de forma voluntaria un monto en la cuenta de la Refinería del Pacífico en liquidación (que está en el Banco del Pacífico) como avance del aporte para la operación del acueducto.

Johnny Mendoza, vocero de los campesinos de los cantones por donde atraviesa el acueducto, reconoce que las conexiones que realizan agricultores de Bolívar, Junín, Tosagua, Rocafuerte, Jaramijó, Montecristi y Manta son clandestinas o irregulares.

Explica que son 10.000 agricultores o familias las que buscan una regularización para así poder beneficiarse legalmente de la recepción del agua cruda.

Mendoza indicó que desde el 2018 vienen proponiendo a las autoridades cantonales y provinciales soluciones para regularizar el consumo de agua para riego; una de ellas fue que los municipios relacionados se unan en un consorcio, figura que también involucraba a la Refinería.

“Lastimosamente eso coincidió con la campaña política de la Presidencia de la República (del presente año), y en todo caso el prefecto (de Manabí, Leonardo Orlando), como andaba en plena campaña, y como los correístas promovían que la Refinería iba a ser retomada, a ellos no les convenía que esto se regularice, porque se quedaría sin piso el tema; entonces el prefecto miró para otro lado, nunca nos paró bola”, señaló.

Ante ello, el dirigente indicó que los campesines plantearon la idea de hacer un aporte económico, que él cataloga como “solidario”, lo que algunos ya están haciendo desde octubre pasado.

Ese monto depende de las hectáreas de riego que se benefician. Según Mendoza, la Refinería les habría ofrecido que en el segundo trimestre del 2022 colocarían medidores en los lugares donde ellos han captado agua.

Fotos de acueducto que llega a Manta desde presa La Esperanza Foto: ARCHIVO

“Desde octubre mensualmente estamos haciendo aportes voluntarios, que van a ser una suerte de préstamos, porque después de que ya nos pongan medidores y nos facturen el uso del agua, todo lo que hemos aportado ahora nos van a descontar con el medidor”, señaló Mendoza, quien cree que ya han depositado en las cuentas de la Refinería unos $ 20.000.

El pasado 15 de diciembre, este Diario solicitó vía telefónica una entrevista a Wong, quien pidió que lo llamaran el 20 de diciembre para coordinar la fecha de la reunión. Así se lo hizo el día señalado, y pidió que le pasaran las preguntas a su correo (que no facilitó, pese a que dijo que lo haría) o a su contacto vía WhatsApp, las cuales fueron remitidas el 21 de diciembre. Hasta el cierre de esta nota no se tuvo ninguna respuesta de ese funcionario. (I)

Liquidación de la Refinería, con pocos avances

José Herrera, exliquidador de la Refinería del Pacífico, indicó que el proceso de finiquito de esta empresa se encuentra en una etapa crítica. “Empantanado”, lo describe él.

Según el exfuncionario, hay varios problemas: desde la deuda de unos cinco meses de salario a los más de 20 empleados que aún se mantienen en esta empresa hasta las acciones legales por juicios de instituciones que reclaman cerca de $ 70 millones por acreencias.

El exfuncionario señala que los accionistas, Petroecuador y PDVSA, no han sesionado para conocer los exámenes de la Contraloría.

En el tema de las acciones legales, Refinería en liquidación ganó dos juicios en primera instancia contra las empresas SK por $ 29 millones y Warley Parson por $ 35 millones, que aún se ventilan, según Herrera.

Actualmente el mayor acreedor de Refinería del Pacífico es Petroecuador, con $ 995 millones. (I)