Las empresas de telecomunicaciones hacen “un llamado urgente” al Gobierno para que se dé la prórroga de los contratos de concesión con Claro y Movistar. Esto luego de que, a finales de junio pasado, la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones (Arcotel) a través de una resolución indicó la suspensión por 120 días de las mesas de negociación que se estaban llevando adelante entre el Estado y las telefónicas para la renovación de contratos.

Publicidad

Este mes termina el contrato con Claro, y en noviembre próximo con Movistar.

“Exhortamos al Gobierno nacional a concluir con los actos jurídicos necesarios para prorrogar los contratos de concesión, dotando así de transparencia y certeza jurídica al proceso”, indican en el documento emitido este martes, 1 de agosto, y firmado por la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), la Asociación Ecuatoriana de Proveedores de Servicios de Internet (Aeprovi) y la Asociación de Proveedores de Servicios de Valor Agregado (Aprosva).

Una resolución de Arcotel pone en pausa por 120 días negociaciones con Claro y Movistar cuando están por vencer los contratos

Los firmantes también instan a sostener el diálogo entre los sectores, así como a “presentar un cronograma de trabajo que permita un monitoreo efectivo de avance de los temas pendientes a cargo del Estado, los cuales motivaron la suspensión”.

En el comunicado indicaron que, ante la decisión de suspender el proceso de renovación determinada por la Arcotel, es imprescindible la prórroga de los contratos de concesión para de esta manera ofrecer seguridad a la continuidad de los servicios de telecomunicaciones móviles en el país, pese a que está pendiente tratar la renovación de los contratos de concesión por parte del Estado.

Las empresas agremiadas en las diferentes asociaciones indicaron que les preocupa que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y Arcotel “aún no han completado la valoración para resolver las necesidades de servicios de telecomunicaciones que demanda la sociedad, a pesar de los 21 meses que transcurrieron desde la apertura del proceso de negociación en agosto del 2021 hasta la emisión de la resolución de suspensión en mayor de 2023″, un retraso que ha generado incertidumbre en la sector y la ciudadanía en general. (I)