El Gobierno anunció este jueves, 25 de septiembre, que iniciará el proceso correspondiente para la suspensión de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, que está cargo de la empresa Dundee Precious Metals (DPM).

Indicó que esto se da en atención a los informes presentados por la Prefectura del Azuay y el Municipio de Cuenca.

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De acuerdo con el comunicado de la Presidencia de la República, las autoridades locales deberán responder por la veracidad, consistencia y responsabilidad técnica de los informes que han puesto en consideración del Gobierno central.

Alcalde de Cuenca y prefecto del Azuay entregaron informes para sustentar anulación de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga

El martes 23 de septiembre, el alcalde de la capital azuaya, Cristian Zamora, y el prefecto de la provincia, Juan Cristóbal Lloret, acudieron a la convocatoria de la Gobernación de esa provincia y del Ministerio del Ambiente y Energía para que presenten los informes antes de desistir del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha.

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Zamora entregó ocho documentos que a su criterio respaldan por qué no debe avanzar el proyecto, algo similar hizo Lloret, quien señaló que los informes ya los han entregado antes, pero que ese día lo volvía a hacer.

Entre la información que entregó el alcalde de Cuenca está el informe del entonces Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (Etapa) en el cual se confirmaría la contaminación, pero fueron archivados en Quito.

Futuro de Loma Larga enfrenta al Gobierno central y a las autoridades de Azuay

Por su parte, la Prefectura del Azuay expuso varios hallazgos detectados en un análisis que desarrolló antes de la emisión de la licencia, presentando un informe con sustento técnico-legal, entre ellos, que el proyecto de DPM es incompatible e inviable en el páramo de Quimsacocha.

En el comunicado del Ejecutivo indica que la prioridad del Gobierno sobre el tema es claro y no admite dudas: proteger la salud de los ciudadanos, resguardar las fuentes hídricas y hacer respetar las competencias en todos los niveles del régimen. (I)