Gobierno entregó a Pampa Energía $ 84 millones tras liberación de garantías de OCP Ecuador

La compañía argentina Pampa Energía, que operó el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), recibió $ 84 millones por parte del Estado ecuatoriano tras la liberación de garantías, cuya suspensión motivó una demanda de arbitraje contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).La firma extranjera confirmó el ingreso de los $ 84 millones a su caja en el informe de resultados del tercer trimestre de 2025, publicado el pasado 4 de noviembre. El documento está disponible en su página web. El Gobierno no ha hecho pública la información sobre la transferencia.El informe resume que, el 30 de noviembre de 2024, la empresa OCP Ecuador transfirió las acciones del oleoducto al Estado. Como parte de esa operación, la compañía tenía liberadas dos garantías, una operativa y otra ambiental, que en conjunto sumaban $ 84 millones.Se anota que, según el contrato de concesión, la extinción de la licencia implicaba la liberación de las garantías el 1 de marzo de 2025, lo cual debía hacerse efectivo con el reembolso a OCP Ecuador.“Sin embargo, Citibank Ecuador, el banco emisor, se negó a liberarlas en esa fecha, argumentando el incumplimiento de ciertos requisitos formales. Esta situación derivó en el inicio de un arbitraje para la liberación de las garantías y una compensación por los daños ocasionados”, recoge el reporte de Pampa Energía.Y agrega que, el 28 de octubre de 2025, el Estado notificó a Citibank Ecuador la expiración de las garantías y dispuso su liberación. Con ello, el reembolso se hizo efectivo el 3 de noviembre de 2025. “Como resultado, Pampa incorporó $ 84 millones a su caja y redujo su ratio de endeudamiento neto”, señala el informe de la firma argentina.En septiembre de 2024, Pampa Energía informó del cierre de la adquisición indirecta del 36 % del capital social y votos de OCP Ecuador , de la cual ya poseía el 64 % del paquete accionario. El costo de la transacción fue de $ 23 millones.Aquella operación se dio en medio de la tercera prórroga que dio el Estado al contrato de concesión del oleoducto, que originalmente venció el 20 de enero de 2024.La última renovación del contrato culminó el 30 de noviembre de ese año. A partir de ahí, el Estado asumió la administración del OCP Ecuador S. A. luego de 20 años de concesión a un consorcio de empresas privadas. El entonces Ministerio de Energía y Minas —hoy Ministerio de Ambiente y Energía— expuso que, en coordinación con otras entidades públicas, liderará la gestión estratégica de los activos y los recursos hidrocarburíferos de esta empresa por un periodo de seis meses.El 2 mayo de 2025, la empresa OCP Ltd ., propiedad de Pampa Energía, presentó una demanda de arbitraje en el Ciadi contra Ecuador. La querella está registrada con el número de proceso ARB/25/19. Según el portal del Ciadi , el objeto de la controversia tiene que ver con la construcción del oleoducto. La demanda está dirigida a la Procuraduría General del Estado (PGE) y al Ministerio de Energía y Minas.El 23 de julio se constituyó el tribunal a cargo del caso, que está presidido por el árbitro mexicano Eduardo Siqueiros.El 28 de agosto se celebró una primera sesión del tribunal por videoconferencia. Y el último desarrollo del caso data del pasado 12 de septiembre, cuando el tribunal emitió una orden por cuestiones procesales.De acuerdo con la información disponible, el estado actual del procedimiento es “pendiente”. El reembolso de las garantías a favor de Pampa Energía es cuestionado por sectores que se oponen a la concesión del OCP.El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano sostiene que la liberación de las garantías es “irregular”, ya que se habrían entregado “sin haber formalizado la entrega total de activos ni solventados pasivos ambientales”.La organización “cuestiona la falta de transparencia ante la demanda de OCP Ltd . contra el Estado ante el Ciadi y el cambio en el cálculo de rentabilidad en la comercialización de derivados, que perjudica a la estatal petrolera”.Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) Comps Córdova y Verónica Íñiguez solicitan a la Contraloría que realice un “examen especial a las empresas e instituciones ligadas a la devolución de las garantías relacionadas con el OCP y la pretensión de renovación del contrato con Pampa, actual operadora del OCP”.Córdova compartió en sus cuentas de redes sociales este miércoles, 24 de diciembre, la respuesta recibida por parte de la Contraloría cinco días antes.Aunque el asambleísta aseguró que la Contraloría respondió afirmativamente al pedido de inicio de un examen especial, las imágenes que difundió sobre el documento señalan que la entidad informó sobre los resultados de dos acciones de control que ya se han ejecutado.La primera data del 2021 y tiene que ver con el control, el seguimiento y el cumplimiento de las obligaciones ambientales del proyecto OCP, a cargo de los exministerios de Hidrocarburos y Ambiente y otras entidades relacionadas.El segundo examen especial se aprobó en 2025 y se realizó a la transferencia de las acciones y los bienes de la compañías OCP Ecuador S. A. al Estado ecuatoriano, suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y las compañías OCP Ecuador S. A. y OCP Ltd . (I)

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