Una encuesta realizada a 3.856 mujeres de Ecuador revela que 5 de cada 10 dueñas de microemprendimientos han sido violentadas al menos una vez por su pareja o expareja. Lo que más prevalece es la psicológica (52,6 %), seguida de la física (34,7 %), la económica /patrimonial (20,8 %) y la sexual (11,3 %).

La investigación fue elaborada en 2020 y difundida en 2021 por el programa PreviMujer, de la organización alemana GIZ, y la Universidad de San Martín de Porres, de Perú. El análisis estuvo dirigido por el catedrático peruano Arístides Vara.

Según el informe, las dueñas de microemprendimientos son más agredidas que las mujeres de la población en general. Si bien a largo plazo el empoderamiento económico disminuye el maltrato, en los primeros años la violencia y la coerción son mayores, debido a que sus parejas se sienten amenazados en sus roles tradicionales y se resisten al cambio.

Varas explica que se han identificado tres escenarios. Por un lado, algunas mujeres no se separan fácilmente de su agresor; esto sucede cuando sus parejas no les dan el divorcio fácilmente o ellas necesitan un crédito y no pueden conseguirlo porque requieren de la firma del esposo.

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Otro caso es que se ha determinado que las exparejas son más violentas que las parejas actuales. Ellos afectan a los emprendimientos de las mujeres, por ejemplo, destruyendo las instalaciones de los locales, la mercadería, espantan a los clientes y a los proveedores, se roban el capital del negocio.

El tercer escenario es cuando la mujer convive con la pareja y los dos son parte del negocio. En estas circunstancias, la violencia se torna más psicológica y de control, porque los hombres tienden a asumir funciones de poder y decisión (manejo de las finanzas, cuentas, relaciones con proveedores o pagos), mientras que ellas se ocupan de las ventas, de la logística.

Cuando la mujer quiere proponer e implementar sus ideas en la empresa surgen desacuerdos que pueden terminar en agresiones. A eso se suma que al cerrar el negocio, en el día a día, las mujeres tienen que ir a sus casas a cocinar, atender a los hijos y al esposo, lo cual aumenta su carga física y emocional, describe Varas.

Todo lo anterior, detalla la investigación, se traduce en millonarias pérdidas económicas que van más allá de una afectación a las ventas. Según la investigación, se estima que cada año los microemprendimientos formales e informales de las mujeres pierden $ 243 millones a causa de la violencia, indica el estudio.

El monto abarca los ingresos que se dejaron de percibir cuando las víctimas tienen que destinar una parte de sus ahorros para recibir atención médica, legal, para reponer mercadería o asumir créditos. También se incluyen los recursos perdidos porque tuvieron que cerrar definitivamente sus negocios.

En Ecuador, 7 de cada 10 mujeres han sufrido maltratos, generando un impacto económico aproximado de $ 4.608 millones, que es igual al 4,28 % del PIB del año 2019, determinó PreviMujer.

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A propósito de que hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sara Yánez, presidenta de la Red Nacional de Apoyo a la Mujer Ecuatoriana (Rename), sostiene que es necesario insistir en la lucha por la igualdad de condiciones para todos.

La Rename ofrece capacitaciones a mujeres que quieren emprender, la formación empieza por trabajar en la autoestima y saber identificar los tipos de violencia, ya que algunas consideran que solo los maltratos físicos o el abuso sexual son violencia. Otras no se sienten lo suficientemente capaces para obtener dinero sin depender de sus esposos.

De las historias que ha conocido Yánez, hay casos difíciles de mujeres que han sufrido más maltratos durante la pandemia o que sus parejas se volvieron más violentas cuando ellas decidieron iniciar algo propio que les genere ingresos.

“Hay un momento en que la mujer decide seguir con el emprendimiento o dejarlo, porque siente confusión, debido al maltrato psicológico o físico que recibe. Lo peor es que esta situación puede terminar en un feminicidio o en suicidio. A veces, los hijos, por desconocimiento, le dan la razón al padre y juzgan a la madre como si no estuviera cumpliendo con sus obligaciones”, reflexiona.

Fuera del círculo familiar, las emprendedoras enfrentan otro tipo de barreras y discriminación al momento de ofertar sus productos o servicios en el mercado, en especial cuando se trata de cuestiones técnicas que generalmente han sido ejecutadas por hombres.

Una mujer que ofrece servicios de plomería o una profesional de la construcción, por ejemplo, a veces no son contratadas porque se subestiman sus capacidades, dice Yánez. Sin embargo, señala que esa situación está cambiando, poco a poco, aunque todavía existen rezagos sociales por cambiar.

Pérdidas millonarias para las empresas grandes y medianas

PreviMujer también midió el impacto económico de la violencia contra la mujer en la productividad de las empresas grandes y medianas del país. El resultado es que las compañías pierden $ 1.800 millones al año por esta razón, lo que equivale al 1,65% del PIB.

En este caso, corresponden al ausentismo laboral y atrasos, al presentismo -es estar presente en el puesto de trabajo, pero hacer otras tareas o dedicarse a temas personales-. Además, se estima que, en promedio, cada trabajadora agredida pierde 10,5 días hábiles por año, por no presentarse a laboral y por horas improductivas.

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Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), señala que una mujer que vive en un ambiente de violencia no tiene la misma capacidad para producir.

Más allá de los costos, esto es un tema social, en el cual los hombres deben tener una responsabilidad dentro de las empresas y organizaciones para generar un ambiente seguro, libre de acoso y de violencia. Esto también contribuirá a que aumenten los niveles de contratación de las mujeres, anota Zambrano.

Con el fin de reconocer los avances de las empresas -grandes, medianas o pequeñas- por erradicar el maltrato, la Cámara de Industrias y Producción entregará un sello de ‘Empresa Segura’.

La iniciativa se presentó el 25 de noviembre y es promovida por la CIP, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, y el Servicio Nacional de Contratación Pública, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, a través del Programa PreViMujer.

Zambrano explica que las organizaciones que apliquen al sello deberán implementar políticas específicas y reglamentos que garanticen la seguridad de la mujer. Para el efecto, las empresas recibirán entrenamiento y capacitación por un año. (I)