Se trata de un osado experimento que está causando sensación en todo el mundo: a partir de septiembre, la criptodivisa bitcoin será de curso legal en El Salvador. A principios de junio, el Parlamento, controlado por el presidente Nayib Bukele, aprobó la ley correspondiente en un proceso acelerado.

“Un país atrapado en un sistema monetario loco (dolarización), se mueve hacia un sistema aún más loco al convertir el bitcoin en moneda de curso legal. Incluso el segundo mejor teorema no me ayuda a pensar en cómo esto podría terminar bien”, resumió el renombrado economista de Harvard Dani Rodrik, en un tuit.

“Llama la atención que Bukele se haya dirigido principalmente a los inversores en sus declaraciones y haya explicado poco sobre la ley en su propio país”, afirma el politólogo y experto en Centroamérica Christian Ambrosius, de la Universidad Libre de Berlín, en entrevista con DW.

Argumentos fabricados sobre Bitcoin

Constantemente se mencionan dos beneficios de legalizar el bitcoin: uno, que daría a los pobres, muchos de los cuales no tienen cuentas bancarias, un mejor acceso a los sistemas de pago, y el otro es que eliminaría las elevadas comisiones cuando los salvadoreños en el extranjero transfieren dinero a su país. Ambrosius cree que ambos argumentos son fabricados e insostenibles. “Cualquiera que quiera enviar bitcoins puede hacerlo ahora mismo. No requiere un permiso del gobierno”, dice. Además, es de suponer que muchos inmigrantes tendrían que cambiar primero su dinero por bitcoins, lo que implicaría incurrir en costos de transacción.

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Estar autorizado u obligado a utilizar bitcoins no es lo mismo que estar incluido en el sistema financiero, subraya Ambrosius. “La inclusión financiera, el acceso a los servicios financieros, significa contar con opciones de ahorro fiables, acceso a crédito en términos razonables, y acceso a seguros u otros productos financieros”. Sin embargo, debido a las grandes fluctuaciones, el uso de bitcoins es, en última instancia, una apuesta: “Y ahí es donde los pobres tienden a estar en desventaja porque no tienen las mismas opciones para repartir su riesgo. Vender eso como inclusión financiera es cínico”, subraya el experto.

¿El Salvador rumbo a convertirse en un paraíso de lavado de dinero?

Así que la pregunta es: ¿qué espera conseguir el presidente Bukele con la introducción del bitcoin? “Eso es lo que mucha gente se pregunta”, dice Ambrosius. Y añade que no conoce a ningún economista serio que piense que el plan de El Salvador es una buena idea. “Por un lado, por la extrema volatilidad del bitcoin; por otro, que el país ya está dolarizado”.

El dólar estadounidense es la moneda oficial de El Salvador desde principios de 2001. Su introducción en ese entonces, fue similar a la de bitcoin en la actualidad. Se describió como un camino hacia la prosperidad y la riqueza. Veinte años después, El Salvador sigue siendo uno de los países más pobres del hemisferio.

Las criptomonedas gastan más energía que países enteros

Dado que el país ya está utilizando una moneda extranjera, “añadir ahora una segunda moneda, sobre la que tampoco se tiene control, pero que es mucho más volátil, no es una razón especialmente comprensible en términos de estabilidad monetaria”, destaca Ambrosius, quien estima que Bukele ve un nicho de mercado para que su país sea atractivo para los inversores de bitcoin.

“Tal vez la esperanza sea convertirse en una especie de Panamá, que, al fin y al cabo, ha construido una economía en torno al sector financiero”. El experto sospecha que Bukele quiere crear algo similar en El Salvador en torno a las criptodivisas, “un refugio para todo tipo de actividades financieras del mercado negro y el lavado de dinero.”

El problema de la falta de transparencia

Las transacciones en bitcoins son también una forma de “evadir el control sobre las propias transacciones financieras”, dice Ambrosius, refiriéndose a las tendencias antidemocráticas y autoritarias de Bukele. El gobierno decidió a principios de junio poner fin a su cooperación con los agentes investigadores de casos de corrupción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Y hace unos días, el gobierno de Estados Unidos publicó la llamada “Lista Engel”, una lista de funcionarios centroamericanos a los que Washington acusa de corrupción, obstrucción a la justicia o debilitamiento de la democracia. En ella figuran Carolina Recinos, la jefa de gabinete de Bukele, su ministro de trabajo, y Rogelio Rivas, exministro de Seguridad del actual gobierno, así como Guillermo Gallegos, diputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aliado del mandatario en el Congreso.

Ilustración de una moneda de bitcóin. Foto: PxHere

La cuestión de la transparencia es quizás el mayor problema, dice Ambrosius. Todo se hace a puerta cerrada y por decisión de un hombre que ya ha dado un gran giro al sistema político del país en sus dos primeros años en el poder. Incluso el Banco Mundial se muestra escéptico: rechazó el apoyo técnico solicitado por el gobierno para la aplicación de la ley bitcoin debido a la falta de transparencia y a las preocupaciones medioambientales.

En general, no está clara la aplicación exacta, y tampoco si El Salvador será técnicamente capaz de hacerlo. Recientemente, Bukele declaró que el uso de bitcoin no será obligatorio. “Nadie tendrá que aceptar bitcoins si no quiere”, dijo.

Muchas cosas siguen sin esclarecerse, puntualiza Ambrosius, y es escéptico sobre el futuro. “Legalizar el bitcoin tiene consecuencias de gran alcance y cambiará radicalmente el país, de forma indefinida. Es un gran experimento en el que los salvadoreños son los conejillos de indias y nadie sabe exactamente cuál será el resultado final”. (I)