Luego que la Asamblea Nacional indicara que la edad de jubilación para los servidores en el sector público se mantendrá a partir de los 60 años, la Unión Nacional de Educadores (UNE) se pronunció y señaló que le dio razón a los cuestionamientos que expuso días atrás. Sin embargo, ratificó la movilización prevista para este viernes, 11 de julio.
Para el gremio de maestros, en la Ley Orgánica de Integridad Pública se había reformado el artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y se elevaba la edad en la que los servidores podían retirarse voluntariamente con su respectiva compensación económica.
Publicidad
Ante esa situación, el pasado 30 de junio, la UNE presentó una demanda de inconstitucionalidad a esa ley.
En un comunicado emitido este miércoles, 9 de junio, la UNE declaró: “(La Asamblea Nacional) hoy busca rectificar la eliminación de la compensación económica jubilar. Con lo cual nos dan la razón”.
Publicidad
Y agregó: “A como dé lugar pretenden corregir la inconstitucionalidad de la reforma al artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público, incorporada en la Ley Orgánica de Integridad Pública, que afectaba el incentivo económico jubilar a docentes, médicos, enfermeras y demás servidores públicos que tienen más de 60 años y superen las 360 imposiciones”.
Tras las cuestionamientos, el tema se volvió a tratar en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, la asambleísta Valentina Centeno señaló que “jamás se modificaron las edades, se mantiene la normativa vigente”.
La Ley Orgánica de Integridad Pública establecía que los servidores de carrera a partir de los 65 años que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estímulo y compensación económica, de conformidad con lo determinado en la ley.
Pero en la reforma que se incluye en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas ahora se menciona que será a partir de los 60 años.
A pesar de los cambios sobre la edad para la jubilación, la UNE afirmó que esta nueva ley también representa una clara vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales al no contar con la participación de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de los territorios involucrados.
Además de que abre la puerta a la privatización de territorios ancestrales mediante mecanismos que debilitan el control comunitario.
En ese contexto, la UNE manifestó que ratifica la movilización del 11 de julio, ya que la demanda de inconstitucionalidad que presentó la semana pasada “apunta también a defender la estabilidad laboral, entre otros derechos, así como la declaratoria de la educación en emergencia”. (I)