Los niveles de endeudamiento en Ecuador preocupan y se originan en el desempleo, la informalidad, enfermedades, muerte de familiares, inseguridad, falta de una correcta educación financiera y hasta irresponsabilidad de algunas entidades que conceden mucho crédito a personas con poca o nula capacidad de pago.
Esas son algunas de las conclusiones expuestas por expertos durante un foro realizado en Quito, este miércoles 15 de octubre, donde se analizaron las dificultades que enfrentan deudores de buena fe para saldar sus obligaciones.
Y además se propusieron cambios legales para mejorar el marco legislativo del Ecuador, aprovechando una posible Asamblea Constituyente, que permita a personas y empresas recuperarse y tener una “segunda oportunidad”.
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César Coronel, gerente general de Defensa Deudores Ecuador, citó un análisis de la empresa Kantar que concluyó que entre los años 2023 y 2024 subió un 46 % la cantidad de gente que está utilizando crédito para comprar bienes de consumo inmediato o doméstico, por ejemplo, las compras del supermercado. “Cuando usted compra en el supermercado pan, leche, huevos, son productos que la semana, si no se consumen, se dañan. Pero la deuda va a durar tres o seis meses, que es lo diferido”.
Detrás de estos casos, así como hay personas que no tienen un manejo responsable de su dinero, hay familias que difieren las compras de consumos corrientes porque no tienen dinero para pagar de inmediato debido a crisis financieras.
“Muchas familias ecuatorianas están comiendo en cuotas. Y esta es una realidad que no podemos desconocer”, puntualizó Coronel.
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El sobreendeudamiento y morosidad empeoró luego de la pandemia, los paros y la inseguridad. Según datos oficiales, 3 de cada 10 personas registran una mala o pésima calificación en el buró de crédito, mencionó y enfatizó que años atrás la morosidad era más reducida sobre todo en el crédito de consumo. “Antes no se comía en cuotas”.
Coronel comentó que en el país hay normas que tratan de proteger al deudor o al consumidor del sistema financiero, pero no son suficiente y por ello es necesario elevar el tema a un rango constitucional.
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Con la protección se busca evitar prácticas nocivas como el “anatocismo camuflado”, que se da cuanto una deuda es refinanciada y los intereses iniciales son capitalizados y sobre eso se cobran nuevos intereses. “Este tipo de prácticas se deben prohibir a nivel constitucional”.
En el evento se expuso que, según datos del Consejo de la Judicatura, entre enero de 2023 y agosto de 2025 se han presentado 616.996 procesos de cobro de pagaré, lo que representa más del 60 % de todos los juicios relacionados con deudas.
Además, se registran 135.549 concursos de acreedores, 79.474 procesos de cobro de dinero, 65.361 cobros de letra de cambio y 57.286 cobros por facturas y documentos comerciales.
Algunas de las propuestas en favor de los deudores que planteó Coronel son: reformar la Ley de Alivio Financiero, condonación de créditos estudiantiles, prescripciones de deudas incobrables, condonación de deudas en el extinto Banco Nacional de Fomento, fortalecer el marco jurídico para promover soluciones pre-judiciales, ley de segunda oportunidad, aclarar el habeas data correctivo para casos de deudas que no tengan respaldo documental.
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“El endeudamiento no distingue estrato social”
Desde la pandemia se ha normalizado el endeudamiento, porque se cree que el acceder a créditos es un factor de progreso, sin embargo esto no se ve acompañado de una educación financiera, apuntó Cindy Aguiar, directora del Centro Integral de Asistencia Legal (CIAL) de la Universidad de las Américas.
Y es que “el endeudamiento no distingue estrato social”, comentó Aguiar, al tiempo de sugerir que los abogados que atienden casos de deudas deben ir más allá de solucionar el conflicto a través de la norma, sino que además deben tener la capacidad de determinar cuál es la necesidad humana de los clientes.
Según datos de la Superintendencia de Bancos, alrededor de cuatro millones de ecuatorianos se encuentran con algún tipo de mora. “Aquí están estudiantes, comerciantes, el emprendedor, el empresario, el profesional en práctica privada. Nos afecta absolutamente a todos. ¿Y qué pasa con este sobreendeudamiento? Nos vamos a encontrar inmersos y asfixiados por intereses muy grandes, con informes financieros bastante estrictos, pero sobre todo con procesos jurídicos que castigan también la pobreza, pero no tienen una visión real de que puede existir un deudor de buena fe”, explicó.
Señaló que el marco jurídico del país no contempla un sistema de protección que determine al deudor como un sujeto de derechos. No se distingue al deudor fraudulento, doloso, que aquel deudor que está cursando por una crisis humana que puede resolverse y que tiene intención de pagar.
Aguiar contó que existen casos de personas que hasta han pensado en quitarse la vida ante el ahogo que sienten por las deudas que no pueden pagar por años.
Criticó la falta de un sistema legal que proteja a los deudores, sugiriendo la urgencia de reformas en la legislación que consideren los derechos humanos y la realidad de los deudores de buena fe. Un ejemplo a seguir serían las leyes de insolvencia personal o de segundas oportunidades que existen en España, Chile y Colombia.
La mediación es una vía para resolver problemas
Una Asamblea Constituyente podría ser un espacio propicio para introducir un nuevo marco legal, pero también se pueden implementar cambios normativos y tomar medidas sin tener que esperar a la Constituyente.
Ricardo Ibáñez, abogado chileno y fundador de Defensa Deudores Chile, comentó que se puede potenciar las herramientas de resolución de conflictos mediante árbitros.
“Congestionar un sistema judicial, que ya está congestionado, con demandas de cobranza no tiene sentido. La auto composición tampoco es una vía, donde el deudor ejerza sus derechos como a él se le ocurra. Lo ideal es buscar instancias de conciliación”, sugirió.
En ese marco, la solución del conflicto se solucionaría entregando liquidez al acreedor, quien conceda más plazo para pagar y condone los intereses.
“En Chile hemos trabajado en desestigmatizar la figura del deudor, tratando de llevarlo al deudor honesto, que cae en insolvencia por una contingencia”.
El conocimiento de las leyes es primordial para que más personas se beneficien, agregó Ibáñez, indicando que en su país un bajo número de deudores han accedido a las ventajas normativas que allí rigen para salir de deudas. (I)
