En San Luis saben que, cuando la erosión esté a 50 metros de las casas, la evacuación es innegociable

En estos días, los 208 pobladores de San Luis, uno de los tres poblados que están amenazados por la erosión regresiva del río Coca y sus afluentes (Quijos y Piedra Fina), se encuentran preocupados por cuál será su destino en pocos días más.

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La erosión regresiva se encuentra a 89 metros de la casa más cercana al fenómeno y que está en inminente riesgo. En el sitio, la mayoría de personas sabe que hay un límite de espera: “Está socializado que cuando la erosión llegue a 50 metros de la casa debemos evacuar”, comenta Nancy Chicaiza, una de las pobladoras de San Luis, quien tiene una tienda de diversos productos.

Ella cuenta que su casa está aún a unos 200 metros del problema, y que de momento existe el ofrecimiento del gobierno municipal de entregar lotes a las personas afectadas. En este sentido, dice que la aspiración de la mayoría de personas es poder salir del pueblo, pero con una opción de vivienda digna. “Por lo menos un lote para construir un canchón”, dice.

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A pesar de que reconoce que las autoridades están tratando de generar las soluciones, considera que ha habido demora, pues en estos días recién se va a realizar una suerte de censo, con el fin de establecer a quiénes debe llegar la ayuda. En todo caso, asegura que, si ella ve que la erosión ya está más cerca, saldrá por sus propios medios. “No voy a arriesgar mi vida esperando que las autoridades me resuelvan”, asegura.

Este lunes y durante tres días se realizará un monitoreo por parte del Registro Social en el pueblo. Rodrigo Rosero, subsecretario general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, explica que el Registro Social actuará para generar toda la data que les permita entregar las ayudas de manera prolija.

Es necesario hacer este proceso, pues en el sitio, por el momento, hay mucha más gente que la que habitualmente vivía. Esto, debido a los procesos de construcción de variantes y otros trabajos que ha generado la erupción regresiva. Entonces, quieren verificar que no se vaya a desviar la ayuda a personas que no son realmente del sector.

Rosero explicó que se está dando una coordinación interinstitucional. Por ejemplo, la semana pasada se inició el trabajo de actualización de información, puerta a puerta, por parte del Miduvi y el Servicio de Gestión de Riesgos.

En todo caso, ha habido avances. Por un lado, ya se han identificado los albergues que están dotados con colchones y demás artículos básicos para las personas en caso de tener que evacuar de manera total y de emergencia. Sin embargo, también hay una propuesta de la Alcaldía de El Chaco en el sentido de que se pudiera entregar vivienda en arriendo a las personas afectadas, de manera temporal.

Adicionalmente, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda maneja una solución definitiva, que sería con la entrega de lotes o de viviendas, se explica.

Rosero detalló que este proceso ya se viene trabajando desde hace cuatro meses, y que ahora ya están en una etapa en la cual se están afinando los acuerdos para luego iniciar con el tema operativo. En todo caso, asegura que el mejor de los escenarios sería no tener que esperar a que se llegue al límite de los 50 metros, sino que se pueda seguir evacuando a las personas.

El Servicio de Riesgos podría incluso ayudar con las volquetas y el transporte de los enseres de las personas, explica el funcionario. “Nuestra idea es no tener que esperar a llegar a los 50 metros, porque si se llega a ese límite ya no es negociable y no se los puede mantener ahí. Les hemos pedido a los pobladores que colaboren y que traten de salir antes”, cuenta. No obstante, reconoce que hay muchas personas que se aferran a su sitio.

En todo caso, dice que los pobladores reconocen la acción interinstitucional que se está aplicando a través de varias entidades adicionales a las antes nombradas, como son el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, la Unidad de Registro Social, la Cruz Roja, entre otras.

Rosero explica que, a más de San Luis, San Carlos (con 51 habitantes) y San Rafael (con 60 habitantes) están en riesgo por la erosión.

La erosión regresiva es un fenómeno natural que está amenazando tanto al sector estratégico petrolero y de electricidad como al productivo por la destrucción de la carretera. De momento, está suspendido el bombeo de crudo y el Gobierno ha hablado de un impacto económico de al menos $ 600 millones entre diciembre y abril del 2022. (I)