La Corte Constitucional aceptó parcialmente las acciones públicas de inconstitucionalidad planteadas contra la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, y declaró la inconstitucionalidad por el fondo, con efecto diferido, del artículo 2 de la normativa que entró en vigencia el 28 de marzo de 2016.