Ecuador prevé ingresos por $ 1.550 millones, hasta 2038, por renovación con operadoras telefónicas

Después de años de negociaciones sin consolidarse, el Estado ecuatoriano finalmente renovó por quince años más los contratos del espectro radioeléctrico a las compañías de telecomunicaciones Conecel (Claro) y Otecel (Movistar, que se convertirá en Tigo). Este miércoles 5 de noviembre, Roberto Kury, ministro de Telecomunicaciones, indicó que se esperan ingresos por un total de $ 1.550 millones por la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico y tasas regulatorias hasta el año 2038. Los contratos de los títulos habilitantes de Servicio Móvil Avanzado (SMA) con las dos operadoras se firmaron el 30 de octubre de 2025 y estarán vigentes hasta el año 2038.El ministro detalló que del monto global proyectado, $ 880 millones cancelarán en conjunto las compañías por la concesión del espectro, de los cuales Conecel pagará $ 597 millones y Otecel $ 282 millones.Ambos operadores transferirán un anticipo de $ 610 millones hasta finalizar 2025 “y el resto corresponde a un monto variable por los ingresos generados anualmente”. Posteriormente, cada año el Estado recibirá un valor variable de $ 270 millones, aproximadamente, con base en las ventas de las telefónicas, indicó.Lo demás, para llegar a los $ 1.550 millones, se compone de las tasas regulatorias, explicó Kury.La autoridad no precisó cuánto desembolsarán las empresas de telecomunicaciones por inversiones. Señaló que se calculó “por compromisos de migraciones de tecnología y cobertura, más que por un monto de inversión que ellos tengan que hacer”. No obstante, mencionó que se trata de una industria en la que las inversiones son fuertes y constantes. “La métrica de la industria es de alrededor del 10 % de sus ingresos para poder mantenerse competitivos. Con los operadores lo que se ha fijado es compromisos de cobertura y compromisos de actualización de redes; ahí van a estar las inversiones previstas”, resumió. Aseguró que se realizó una negociación transparente, técnica y soberana y que se garantizan mejores condiciones para el Estado y mejores servicios para los usuarios.“Hemos logrado que esta negociación beneficie directamente a los usuarios”, reiteró Kury, a la vez que resaltó los resultados: despliegue de la tecnología 5G, 400 escuelas conectadas a internet, más de 600 nuevos sitios con tecnología 4G o superior, mejorar la experiencia de los usuarios garantizando la calidad de los servicios y establecimiento de techos tarifarios a la baja.Conecel tiene la mayor cantidad de clientes, con 9′670.624 líneas activas, lo que representa el 52,6 % del mercado. Mientras que Otecel abarca el 29,5 % del mercado con 5′418.440 líneas activas, según datos de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) hasta agosto de 2025.En el nuevo contrato se contempla la entrega de las frecuencias necesarias por parte del Estado para que las dos empresas puedan desplegar sus redes 5G. Kury mencionó que existe un plazo inicial hasta el año 2028 para que las operadoras instalen la red 5G en las principales ciudades del país, así como migración de redes 3G a 4G y ampliar las áreas de cobertura del servicio en zonas donde la conectividad no es muy buena, entre otros aspectos.En la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) de 2026 se incluyen ingresos por $ 270 millones por concepto de la renovación de los contratos con las operadoras telefónicas privadas. Los valores están relacionados con la tecnología 2G, 3G y 4G, que implican ingresos al Estado por valor económico del título habilitante, valoración del espectro e ingresos regulatorios (tasa por servicios universales y uso del espectro).Respecto de los recursos previstos en el PGE, el ministro dijo que son valores que se habían estimado inicialmente, pero “ahora ya se va a tener claridad de cuáles son los montos para que el Ministerio de Economía y Finanzas lo tenga en su proforma”.La semana pasada, el presidente de la República, Daniel Noboa, afirmó que e l 1 % de las ventas de las telefónicas irá directamente a un fideicomiso para educación y tecnología, becas de jóvenes, instalaciones en universidades y escuelas técnicas.Sobre lo expresado por el mandatario, el ministro de Telecomunicaciones dijo que el 1 % corresponde al Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones (Fodetel), que está dentro de los ingresos que va a percibir el Estado como tasas regulatorias. “Ese 1 % ya está estipulado que tiene que ir para inversiones en reducción de brecha digital e inclusión tecnológica”, precisó Kury.Los contratos originales de las dos operadoras se firmaron en 2008, por un total de $ 700 millones (Conecel $ 480 millones y Otecel $ 220 millones), y vencieron en el año 2023.Según el ministro de Telecomunicaciones, Roberto Kury, en aquel momento las telefónicas pagaron $ 379 millones en el año 2008 y lo demás transfirieron con base en un porcentaje variable de los ingresos anuales.“Hoy están pagando $ 610 millones de anticipo y el resto son variables anuales con base en sus ventas”, remarcó.Las renovaciones de los títulos habilitantes se empezaron a negociar con el Estado desde el 2021. En el caso de Conecel (Claro), en agosto de 2023 el Gobierno de la época firmó una prórroga indefinida del contrato hasta llegar a un acuerdo.La situación fue distinta con Otecel, que representaba a Telefónica Ecuador, a cargo de las marcas Movistar y Tuenti. La Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) dio en total nueve prórrogas al contrato original, para que el servicio no se suspendiera. La última extensión se concedió entre el 15 y 31 de octubre de 2025.Mientras se llevaban a cabo las conversaciones entre las autoridades ecuatorianas con Otecel, Telefónica Hispam anunció a mediados de 2025 que acordó la venta de su participación en Ecuador (a través de Movistar y Tuenti) a la multinacional Millicom, que en Latinoamérica maneja la marca Tigo.Tras la aprobación de varios procesos administrativos, el pasado 30 de octubre Millicom dio a conocer que completó la adquisición de Telefónica Ecuador por un total de $ 380 millones. (I)

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