El Gobierno anunció la tarde de este martes 22 de agosto que el contrato del Estado con la telefónica Conecel, que maneja la marca Claro, se prorrogará por seis meses a partir del 27 de agosto. Así lo dieron a conocer la ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, y el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

El contrato con Conecel vence el 26 de agosto, por ello la prórroga se iniciará desde el día siguiente, precisó Maino. Al término de los seis meses se deberá firmar el nuevo contrato de renegociación; este tiempo de prórroga sumará a la renovación e igualmente los valores que se pagarán. Los valores mensuales a cancelar se calculan en $ 3′366.000 a pagar los primeros días de cada mes; la primera transferencia será en septiembre.

Además, la funcionaria dijo que en caso que se dé la renegociación el valor del espectro fuese diferente el sobrecargo se aplicará también y deberá ser pagado por la telefónica.

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La extensión se concretó ayer, y se firmó en notaría pública, mediante una resolución administrativa de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) y de una adenda firmada por ambas partes, “con lo cual se evidencia que no se trata de un acto administrativo unilateral del Estado, sino de un consenso al cual se ha llegado con la operadora telefónica Claro”, explicó la ministra.

Puntualizó que la prórroga no es más que una extensión de las condiciones económica, técnicas y legales del contrato previo; no hay modificaciones al respecto. Será en el nuevo contrato donde se fijarán nuevas condiciones en materia de inversiones, cobertura, nuevas tecnologías, entre otros elementos.

Indicó que en el país hay 18 millones de abonados a la telefonía móvil, de los cuales el 52 % son de Claro, es decir, más de 9 millones. Reiteró que con esta extensión se garantiza el servicio a los usuarios, mientras que la empresa podrá seguir desarrollando su giro de negocios y nuevas inversiones.

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El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, manifestó que la firma de la extensión con Claro garantiza un proceso de continuidad, transparencia, calidad del servicio. “En la misma línea, se protege la seguridad jurídica tanto del contrato y de las garantías que se tienen que dar para que la compañía siga haciendo las inversiones que le corresponden, sus obligaciones y, por lo tanto, la mejora del servicio. Y existe también una continuidad de ingresos para el Estado”, aclaró.

Para la empresa “la prórroga de la concesión móvil de Claro por parte del Gobierno ecuatoriano es un paso responsable y positivo, en la dirección correcta para que, con sentido de urgencia, se avance con el proceso de negociaciones para la renovación de la concesión del Servicio Móvil Avanzado. De esta forma, el Ecuador podrá contar con las inversiones necesarias para afrontar la agenda de conectividad e innovación tecnológica que demanda la sociedad en los próximos años”, indicó en un comunicado.

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En cuanto a la prórroga del contrato que mantiene el Estado con Otecel (Movistar), que vence el 30 de noviembre, la ministra Vianna Maino informó que se están adelantando las gestiones para dar una prórroga a la operadora. La telefónica cuenta con alrededor de cuatro millones de abonados. (I)