Los contratos de concesión con las operadoras Claro y Movistar, que vencen el próximo 27 de agosto y 30 de noviembre, respectivamente, se firmaron en el 2008, pero las negociaciones se iniciaron en mayo del 2007. El exministro de Telecomunicaciones de esa época Jaime Guerrero, quien fue uno de los panelistas en el conversatorio “Redes celulares en Ecuador: actualidad y futuro”, que fue organizado por el Área de Telecomunicaciones de la Escuela Superior Politécnica del Litoral el miércoles 2 de agosto, explicó detalles de ese proceso.

Actualmente, el proceso de renegociación se encuentra paralizado. En mayo pasado, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) anunció que se suspendió esta renegociación porque está pendiente la valoración del espectro radioeléctrico, que debe ser realizada por la entidad junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

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El actual Gobierno ha tenido el mismo tiempo para la renegociación de los contratos que tuvo el Gobierno de hace quince años, dijo el exfuncionario, quien agregó que el valor de la concesión fue de $ 700 millones, de la cual Conecel (Claro) tenía la obligación de pagar $ 480 millones, mientras que Otecel (Movistar), $ 220 millones.

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De esos valores de cada una de las operadoras, Conecel tuvo que cancelar inicialmente $ 289 millones, y Otecel, $ 90 millones, además del saldo que se calculó con el 2,93 % de su facturación a lo largo del periodo de concesión, quince años, más un 1 % en otro rubro.

Guerrero también resaltó el incremento de radiobases, aunque en los últimos seis años ha presentado una baja. Dijo que en el 2008 había aproximadamente 5.500 y que hasta el 2017 ese número aumentó a 17.500; sin embargo, el crecimiento hasta la actualidad ha sido baja: de esos 17.500 hay alrededor de 20.800.

El exministro durante su intervención hizo un recuento de cómo se realizó la operación de la concesión. Dijo que al empezar se dieron cuenta de que el servicio que estaban firmado era por un servicio de telefonía móvil; no obstante, a pesar de que aún no existían aplicaciones, entre ellas WhatsApp y otras que hay en la actualidad, ya se veía que el mundo de la telefonía se iba a transformar muy posiblemente en el mundo de los datos. Es por ello que antes de la firma del contrato se define un nuevo servicio, que es el servicio móvil avanzado.

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El servicio móvil avanzado conceptualizó el que a través de las redes de telefonía se podía transmitir no solo voz, sino que también datos, videos, internet, imágenes..., por lo que con meses de anticipación ya se estableció que el servicio no iba a ser renovado bajo las mismas condiciones del contrato anterior, sino que iba a tener un nuevo concepto de servicio, el móvil avanzado, que es el que se mantiene hasta la actualidad.

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Posteriormente, dijo que revisaron las obligaciones previas, de acuerdo con Guerrero, porque el contrato anterior tenía obligaciones que debían ser resueltas por el organismo regulador.

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Luego de ello, lo que hicieron fue empezar con la estrategia de negociación, para lo cual realizaron una reunión, en la cual concluyeron que debían hacerla en dos partes, por el espectro, pero fundamentalmente por la operación de la telefonía móvil en el territorio ecuatoriano.

Después consideraron que se requería un contrato de concesión nuevo que tenía que hacerse por servicio móvil avanzado y ya no por el anterior, por servicio de telefonía móvil celular.

En este nuevo contrato, además de las cláusulas convencionales que todo contrato debe tener, según Guerrero, como el antecedente, el objeto, el espectro que se va a utilizar para iniciar esta operación nueva, las obligaciones generales, el régimen de sanciones, establecieron unas cláusulas que debían ser negociadas, como planes de expansión, techos tarifarios, fondo para el desarrollo de telecomunicaciones y, fundamentalmente, el valor de la concesión.

Asimismo, ese nuevo documento debía tener las condiciones de renovación. De acuerdo con Guerrero, en el actual contrato, en la cláusula 11 contiene todas las condiciones que se deben cumplir previamente a la renovación del contrato para el siguiente que se va a firmar.

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De entre otros puntos mencionó que se conformaron comisiones, como la de veedores y la de reversión, esta última porque existía la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo con una o ambas operadoras e iba a ser necesario que el Estado garantice el servicio de telecomunicaciones, para lo cual, conjuntamente con las operadoras, conformaron la comisión de reversión, pero que al final no se usó, porque se llegó a un acuerdo. (I)