Transportistas públicos de los segmentos intraprovincial, interprovincial e intercantonal ven con buenos ojos que el Gobierno contemple extender por más tiempo el pago de la compensación económica por el ajuste en el precio del diésel.
Para ellos, continuar con las compensaciones alivia temporalmente sus bolsillos. Sin embargo, indicaron que lo de fondo es ajustar las tarifas de los pasajes, buscando un equilibrio financiero para no perjudicar a los usuarios.
La medida podría ampliarse por uno o dos meses más, adelantó de manera general la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, la noche del lunes 20 de abril, en Teleamazonas.
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El Ejecutivo empezó a pagar las compensaciones a los transportistas desde septiembre de 2025 tras la reducción del subsidio al diésel, cuyo precio se fija mensualmente a través de un esquema de bandas con base en la cotización internacional del petróleo. El precio del diésel se ha incrementado los últimos meses por los efectos de la guerra en Irán.
En el caso del transporte intraprovincial e interprovincial, la compensación termina en abril y para el intracantonal (urbano, combinado o rural) concluye en mayo.
Hasta la mañana de este martes, 21 de abril, todavía no se publicaba un nuevo decreto ejecutivo con la ampliación anunciada por la ministra.
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Las transferencias a los propietarios de los vehículos son realizadas por el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), de la siguiente manera:
- Transporte intercantonal: entre $ 400 y $ 700 mensuales por unidad.
- Transporte interprovincial: $ 1.800 mensuales por unidad.
- Transporte intraprovincial: $ 1.000 mensuales por unidad.
Morillo indicó que el Gobierno destinó $ 177,5 millones para 57.000 transportistas, luego de la reducción del subsidio.
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Miguel Bonilla, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip), mencionó que el diálogo con las autoridades es constante. “Nosotros les hemos dicho que se tiene que seguir dando una compensación por ese impacto del incremento del valor del diésel, hasta cuando se pueda emitir o hacer el cálculo de una tarifa real del precio de los pasajes”.
El gremio agrupa a alrededor de 13.000 transportistas intraprovincial e interprovincial a escala nacional. Sus tarifas son reguladas por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Bonilla señaló que los transportistas “subsidian” el pasaje de grupos vulnerables, lo que les cuesta más de $ 300 millones al año.
Al ya no haber un subsidio estatal completo sobre el precio del diésel, el dirigente considera que no tiene sentido que los transportistas sigan asumiendo la diferencia del pasaje reducido de los grupos vulnerables, por ejemplo.
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Aclaró que no se oponen al mecanismo de fijación de precio del diésel, pero recalcó que es necesario determinar la tarifa real del pasaje, ya que los costos e inversiones que pagan los transportistas son elevados. Además, exigió que se mejore la calidad del combustible.
“No me opongo a que se dé un precio (del diésel) con banda internacional. Pero si se vende un diésel con precio internacional, tienen que dar un diésel con calidad y estándar internacional”, comentó.
Bonilla informó que la última compensación económica que el sector recibió del Gobierno fue el 15 de abril, por lo que se espera que el nuevo decreto presidencial sea emitido lo más pronto.
Desde la Unión de Operadoras de Transporte de Quito (Unitrans), que agrupa a operadoras de transporte urbano de la capital, su máximo dirigente, Jorge Yánez, dijo que en conversaciones con representantes del Ejecutivo se ha manifestado la posibilidad de que las compensaciones se prorroguen por dos o hasta cuatro meses más.
Para ello, dijo, hay que demostrar una planificación que se ha trabajado con los municipios para que el Gobierno tenga los sustentos suficientes para tomar una decisión.
Yánez explicó que la intención es que las transferencias se mantengan hasta lograr un acuerdo con el Municipio de Quito, para que cubra una parte del pasaje urbano real -calculado por los transportistas en $ 0,68-, con el fin de que los usuarios no paguen todo el valor que correspondería técnicamente, como sucede con las tarifas del sistema Trolebús y Metro.
“Aspiramos a que el señor presidente de la República (Daniel Noboa) disponga que se prolonguen las compensaciones, hasta tanto nosotros (los transportistas) logremos un consenso con el alcalde (Pabel Muñoz)”, dijo Yánez.
Sobre lo último, el dirigente dio a conocer que el miércoles 22 de abril está prevista una reunión con el alcalde Pabel Muñoz, quien recibirá a representantes del transporte urbano y rural de la ciudad.
En el encuentro se analizará la “sostenibilidad financiera” del transporte. En Quito, la tarifa del transporte urbano es de $ 0,35.
Por otro lado, el vocero de Unitrans descartó una paralización del servicio por el incremento del precio del diésel. (I)
