Un mes más de compensación por el precio del diésel es ‘un alivio’ para transportistas

El presidente Daniel Noboa amplió por un mes más el periodo de pago de la compensación económica por el alza del precio del diésel a propietarios de vehículos de transporte público intraprovincial e interprovincial.La medida se adoptó a través del Decreto Ejecutivo 352, emitido el 31 de marzo, el cual aumenta de seis a siete meses el tiempo de duración de la compensación que el Estado entrega a los transportistas de ese sector.El mecanismo de compensación se instauró en septiembre de 2025 para evitar que la reducción del subsidio al diésel incremente el precio de los pasajes.Originalmente, los transportistas intraprovincial e interprovincial debían recibir los pagos hasta marzo de 2026. Con el nuevo decreto el pago seguirá en abril.Para el transporte público intracantonal (urbano, combinado o rural) no se realizaron modificaciones, por lo que se mantiene el pago de la compensación por ocho meses -que concluyen en mayo de este año-. Además, para este segmento del transporte público se mantiene que el Comité de Optimización de Energética podrá evaluar la necesidad de prorrogar su aplicación por cuatro meses más.El Decreto 352 también dispone que, una vez terminado el periodo para la entrega de la compensación económica y hasta 30 días después, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) podrá realizar la transferencia monetaria a aquellos beneficiarios previamente identificados que no pudieron recibir el pago de forma oportuna por motivos ajenos a su voluntad, con cargo a los recursos disponibles.Se puntualiza que solo se considerará a los transportistas que consten previamente en el registro de beneficiarios correspondiente y que hayan cumplido con todos los requisitos. La decisión de aumentar el plazo del pago al transporte intra e interprovincial se sustentó en una recomendación del Comité de Optimización Energética al presidente de la República -con base en informes del MIT- y tras el dictamen favorable del Ministerio de Finanzas.Se establece que el nuevo decreto entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.Para el presidente de la Unión de Transportistas Intraprovinciales del Valle de los Chillos, Gustavo Jiménez, la medida es una actitud de apertura. “Es un alivio temporal que permite dar continuidad a la operatividad de nuestras unidades, sin trasladar costos adicionales a nuestros usuarios. Sin embargo, lo vemos como una medida paliativa, nuestro sector busca estabilidad y previsibilidad para poder planificar inversiones y mejorar el servicio, algo que solo se logra con una política clara y consensuada”, subraya.Indica que la medida “es un gesto de respuesta a las preocupaciones” que han planteado formalmente en beneficio de la sostenibilidad del transporte público. “Si bien la decisión final es una del Gobierno, esta responde a las constantes mesas técnicas donde hemos expuesto la realidad económica que enfrentan nuestras operadoras de transporte”. Jiménez señala que en términos generales el mecanismo de compensación ha permitido mantener “las ruedas girando lo cual es positivo”, pero como en todo proceso administrativo complejo ha existido retos en cuanto a la agilidad de desembolsos. “Para que la compensación sea efectiva, la puntualidad es clave ya que los compromisos con proveedores y entidades financieras no esperan”.Un criterio similar expone el presidente de la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha, Carlos Brunis, quien dice que si bien se ha cumplido con el pago de las compensaciones, hay algunos casos que han registrado inconvenientes, pero les da “tranquilidad” que en el Decreto también se dispone que el MIT realice la transferencia. “Hay compañeros que por algunas circunstancias no han logrado tener la compensación. Entonces, con este decreto de pronto hay un respiro al respecto”, dice Brunis. El dirigente comenta que esperan mantener una reunión con el ministro Roberto Luque o con quien designe para abordar algunos temas como la chatarrización y otras inquietudes. “Seguimos trabajando con el Gobierno buscando la mejor viabilidad para que no afecte directamente a nuestros usuarios y el flujo de estos recursos sea cada vez más dinámico”, indica Jiménez. (I)

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