El pago de salarios del sector público en febrero está en duda por efectos de la falta de liquidez del Gobierno. Al 19 de enero (último dato disponible), la Cuenta del Tesoro, que es justamente la liquidez del Gobierno, se ubicó en $ 604 millones, y solo para salarios se requieren al menos $ 700 millones mensuales.

El riesgo de falta de pago de salarios públicos a proveedores y GAD está en el ambiente, según lo explicó Alberto Acosta Burneo, durante el conversatorio “Tempestad en ciernes: escenarios políticos y económicos 2024 y 2025″, dictado por el propio Acosta Burneo y Walter Spurrier, ambos de Análisis Semanal. Para Acosta Burneo, de momento “hay el peligro de que no pueda pagar a los Gobiernos locales, con lo que sus contratistas y empleados quedarían impagos. Que tampoco pague al IESS, con lo que peligra el pago de las pensiones. Podría llegarse a no poder pagar los sueldos del sector público”. En este escenario, el Gobierno podría verse obligado a poner en circulación certificados de tesorería (Cetes) para que sirvan como medio de pago complementario”, indicó.

El riesgo de pago de salarios también fue anunciado a través de declaraciones del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, quien en una entrevista radial explicó: “Hay un déficit terrible, creado no solo por el anterior Gobierno, sino por los Gobiernos del pasado, que aproximadamente requieren $ 8.000 millones para salir solo de este año... En este momento todavía no estamos seguros si se va a poder pagar el 100 % de los sueldos públicos de enero. La caja fiscal está realmente golpeada”, reconoció Torres.

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De acuerdo con Acosta Burneo, la crisis fiscal está pasando factura al resto de la economía. Con un riesgo país que, si bien se ha ubicado este 24 de enero en 1.750 (289 puntos menos que el 9 de enero, cuando llegó a un pico de 2.309 puntos), el fisco no consigue suficiente financiamiento externo para cerrar la brecha fiscal, que alcanzó $ 5.700 millones en 2023.

Así, el Gobierno ha acudido a todas las fuentes de liquidez locales. En noviembre de 2023 tomó $ 139 millones de la CFN para completar el pago de sueldos, dinero que debió dirigirse al crédito productivo. Con proveedores privados busca acuerdos de pago e incluso pagar con Cetes. Como parte de medidas que Acosta llama “gimnasia financiera”, el Gobierno ha hecho una venta de oro de la reserva internacional que le rindió $ 250 millones.

También debió hacer un anticipo de impuesto a la renta voluntario por parte de las empresas. Este proceso fue a través del SRI que pidió a las empresas un adelanto de sus impuestos, pero con un pago de 10 % de interés. Por esta vía se consiguieron $ 200 millones. Aún está pendiente un préstamo respaldado en petróleo: entre $ 600 y $ 800 millones.

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La banca privada también es una fuente de liquidez. A diciembre de 2023 incrementó su inversión en papeles estatales en $ 915 millones (a un total de $ 6.000 millones). La participación de estos papeles subió en 2,1 puntos porcentuales a 70,3 % de las inversiones totales de la banca privada. Desde junio de 2023, la Junta Monetaria permite a los bancos encajar en títulos del Ministerio de Finanzas hasta por un 20 % del requerimiento total (Res. n.º JPRM-2023-013-M, de junio 30). Es un esquema tapiñado para que el Banco Central vuelva a financiar al Gobierno.

El este sentido, cobra fuerza la necesidad de incrementar ingresos permanentes al presupuesto. Durante la charla antes mencionada, Acosta también hizo alusión al anuncio oficial de Guillermo Avellán, gerente del Bando Central, sobre las medidas a tomar. El representante del BCE había dicho: “Tenemos dos escenarios posibles para 2024: de no aumentar el IVA a 15 %, y que se detenga la producción del bloque petrolero ITT, la economía entraría en recesión y registraría una contracción anual de 1 % en 2024. Si el Gobierno logra aumentar el IVA y tener más recursos para neutralizar el crimen organizado; y, además, se logra continuar con la producción en el ITT y tener acceso a financiamiento externo, el crecimiento de la economía ecuatoriana podría superar el 2 %.”

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Para Acosta, no hay salidas fáciles. Si el Gobierno se financia con fondos internos, como por ejemplo mediante impuesto, reducirá la capacidad de compra de la ciudadanía.

Si es por crédito a las entidades financieras, se reduciría el crédito disponible para el sector privado, tanto empresas como consumidores.

En cualquiera de estos dos casos, la economía podría caer en una recesión profunda, lamentó.

Walter Spurrier también hizo un análisis del panorama económico mundial. De acuerdo con el reporte, el Banco Mundial (BM) considera que a nivel global la economía será menor a la del 2023. Mientras la economía mundial tuvo un crecimiento de 1,5 % en 2023, para este año llegará a 1,2 %. Dentro de este panorama pesan las contracciones de EE. UU. y de la Unión Europea. Pese a ello, América Latina no decrecerá, sino que crecerá muy lentamente: de 1,2 % en 2023 al 1,5 % en 2024. China crecería en 4,5 %, aunque la cifra no sería del todo confiable.

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No se espera este año que haya una baja de tasas internacionales; más bien un ajuste a la baja podría presentarse hacia el 2025.

En Ecuador no existe una alta inflación y se prevé que, en caso de incrementarse el IVA, así como la reducción de los subsidios a los combustibles, generaría inflación pero de manera temporal.

Este año, las ventas se han visto afectadas en la primera quincena de enero. El sector de alojamiento y alimentación han sido particularmente afectados. Esto debido al toque de queda, hay menos inseguridad y más control en las calles. Las empresas hablan de un colapso de las ventas en enero.

El tema del cierre del ITT es otro tema que preocupa por su afectación al crecimiento y por la destrucción de al menos 31.688 plazas de trabajo.