Como una propuesta sin “análisis ni debate” califica el sector pesquero industrial del Ecuador a la iniciativa de crear una nueva área protegida en Galápagos presentada días atrás por organizaciones ambientalistas.

Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), afirma que en las tres reuniones que ellos han mantenido con los colectivos que buscan aumentar la protección de la reserva marina y autoridades del archipiélago no se habló de este proyecto.

Dice que en estas “mesas de diálogo” el sector industrial presentó data y estudios técnicos sobre el manejo y regulaciones de la pesca de atún, pero que los colectivos pidieron tiempo para presentar sus análisis científicos.

El 21 de diciembre se nos informó que Eliecer Cruz (del colectivo Más Galápagos) y su equipo estaban afinando detalles de forma y no de fondo de sus estudios y que apenas lo terminaran nos lo iban a enviar para que lo analicemos y luego nos reuniríamos incluso con gente de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), que apoyó en la investigación, pero no fue así”, indica Leone.

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El ejecutivo añade que luego se enteraron de la propuesta por un reportaje publicado por EL UNIVERSO el pasado 6 de enero: “Ellos hicieron pública una propuesta sin haberla conversado con nosotros en la mesa de diálogo a las que comparecimos”. Esto motivó a que la CNP envíe una carta al presidente Lenín Moreno mostrando su inconformidad con la propuesta.

Una nueva reserva marina y varias áreas de ordenamiento pesquero son parte de la propuesta de colectivos ambientales para aumentar la protección de Galápagos.

“También le dijimos (a Moreno) que no nos parecía correcto que una entidad como la USFQ emita un comentario sin ser parte interesada ni autorizada y que esté dando como un hecho ese tipo de iniciativas (área protegida y nuevos lineamientos pesqueros) sin ni siquiera haberla discutido. Aquí lo que vemos es un esquema que se busca imponer y que será perjudicial para la pesca formal y regulada del Ecuador. Hay un sesgo”, asegura Leone.

El aval o realización de los estudios, según el ejecutivo, deben hacerlo las autoridades competentes, en este caso, el Ministerio de Comercio Exterior, Acuacultura y Pesca, o a su vez el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (Ipiap).

La extensión de la nueva área protegida propuesta (445.943 kilómetros) también preocupa al sector industrial ya que la consideran “no adecuada”.

Leone dice que ellos están dispuestos a analizar la propuesta de forma abierta y técnica, pero no con “dobles agendas ni propuestas escondidas”. Aunque afirma que el estudio no se ha realizado con “sustento técnico”.

Otra de las críticas es que al crear un área protegida se necesitarán más recursos para su monitoreo, pero que “ni lo que actualmente tenemos lo pueden controlar, peor si crean cosas más zonas”. Para la CNP los controles que se realizan al momento deben ser reforzados, en especial cuando la flota de barcos chinos “llegue otra vez a la frontera con Galápagos”.

De hecho, el Ministerio de Defensa alertó que las embarcaciones chinas ya se están dirigiendo a la frontera del archipiélago. (I)