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166 nominados participarán por videollamada, de forma similar a lo ocurrido en los Globos de Oro el domingo pasado.
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Entre los candidatos hay abogados, ingenieros, profesores, sindicalistas, comunicadores, activistas sociales, exdiputados, exautoridades seccionales, exdiplomáticos, exmandatario y una ex primera dama.
Son 255 candidatos de 17 organizaciones políticas nacionales que aspiran, en mayo de 2021, a ocupar 15 curules destinadas para los asambleístas nacionales, aunque su rol no se distingue de los provinciales, porque a nivel legislativo y de fiscalización las actividades que cumplen son las mismas.
Las 17 organizaciones ubican en sus listas nacionales a sus mejores cuadros representativos. Entre los candidatos hay abogados, ingenieros, profesores, sindicalistas, comunicadores, activistas sociales, exdiputados, exautoridades seccionales, exdiplomáticos, actuales legisladores, el exmandatario Abdalá Bucaram Ortiz (FE) y la ex primera dama, Ximena Bohórquez (Sociedad Patriótica).
De la lista de aspirantes, ocho actualmente son legisladores que regresan a la campaña electoral y a pedir el voto para continuar en el cargo por cuatro años más. Ellos son: José Agualsaca y Liliana Durán (RC); Henry Kronfle y Denis Marín (PSC); Wilma Andrade (ID); Luis Pachala (CREO); César Litardo y Ana Belén Marín (Alianza PAIS).
Igualmente, de las 17 organizaciones nacionales que inscribieron las listas de candidaturas, cuatro están lideradas por mujeres, las demás las presiden hombres. Las cuatro mujeres que se enfrentarán en las urnas por llegar a una curul son: Pierina Correa (CD), Ximena Bohórquez (PSP), Rocío Juca (EC) y Wilma Andrade (ID).
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Con la hermana del expresidente Rafael Correa, Pierina Correa, a la cabeza de la lista de candidatos a asambleístas nacionales, la Unión por la Esperanza (UNES), que conforma Centro Democrático y Compromiso Social, espera consolidar una mayoría en la Asamblea Nacional que le permita aprobar nuevas leyes y vigilar que la Función de Transparencia y Control Social impulse veedurías ciudadanas y procesos de rendición de cuentas “sobre lo actuado en estos años y lo que se haga en los próximos”.
Para especificar en qué se basará su acción fiscalizadora, UNES plantea una lista de preguntas a responder sobre acontecimientos ocurridos en el actual gobierno. Aquí están los hechos de octubre, la corrupción en los hospitales, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el manejo de la pandemia, la deuda externa y otros temas.
Sobre las leyes, UNES tiene una lista de más de 20 normas, entre nuevas y reformas para impulsar en la Asamblea. Leyes para simplificación de trámites, Sistema Nacional de Protección Social, Economía del Cuidado, protección de los derechos de las mujeres, un código para garantizar los derechos de los menores de edad, un nuevo Código de Trabajo y una nueva Ley de Seguridad Social.
El plan de trabajo para la Asamblea Nacional que plantea el partido político Unidad Popular (UP) está enfocado en la economía popular con un 'Plan soberano de reactivación económica'. Su objetivo político es fortalecer la banca pública, implementando créditos con bajo interés y a largo plazo; declarar la moratoria al cobro de préstamos, disminuir las tasas de interés bancario y estimular a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Otra de sus propuestas es un nuevo Código de Trabajo, presentar un proyecto de Ley mi primer empleo, reformas a la Ley de Educación Superior para "garantizar la autonomía, el cogobierno", y la ampliación de cupos para el ingreso a las universidades. Otro proyecto de ley de Educación para la Sexualidad, y en esa línea, “iniciativas legislativas para despenalizar el aborto” y “para erradicar la violencia sexual”; entre otras reformas a la Ley de Hidrocarburos, de Seguridad Social, a la Contraloría.
En el ámbito de la fiscalización, UP plantea investigar los casos de corrupción de los catorce años de gestión del Gobierno central; las compras públicas en la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19; los contratos petroleros, el Servicio de Rentas Internas (SRI)...
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La ex primera dama y exdiputada Ximena Bohórquez encabeza la lista de asambleístas nacionales del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (PSP), lista 3.
De acuerdo con el plan de trabajo de esa organización, se plantean atender cuatro problemas: recuperación de la economía, erradicación de la corrupción, generar empleo y fortalecer la dolarización, seguridad ciudadana y ciudado del medioambiente.
Para recuperar la economía, la lista 3 promete crear un marco legal que permita recuperar la confianza para la inversión tanto nacional como extranjera. Dentro de la erradicación de la corrupción apoyarán todo proyecto de ley que tome en cuenta acciones punitivas, preventivas y formativas. Esto incluye presentar o apoyar reformas para fortalecer las actividades de la Contraloría y la Procuraduría.
A fin de generar empleo y fortalecer la dolarización impulsarán reformas a la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado y un proceso inflacionario. En seguridad ciudadana proponen legislar para evitar el ingreso de personas con antecedentes delictivos exigiendo nuevamente el pasado judicial. En educación, elaborarán una ley para que sea política de Estado la enseñanza-aprendizaje, a través de internet.
Mercedes del Rocío Juca Salazar ya sabe lo que es ser parte de la Asamblea, pues en el actual periodo fue alterna de Esteban Albornoz (AP); y en las próximas elecciones generales de febrero del 2021 buscará su propia curul como asambleísta nacional encabezando la lista del movimiento Ecuatoriano Unido, lista 4, tienda política fundada por Edwin Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno.
Este movimiento auspicia las candidatura de Gerson Almeida y de Martha Villafuerte para la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, respectivamente. Juca, quien es abogada graduada de la Universidad Católica de Cuenca, tiene experiencia en el sector público, donde se desempeñó como coordinadora Zonal 6 del Ministerio de Recursos Naturales, gerenta Regional 4 de Correos del Ecuador, jefa política del cantón Cuenca y Consejera Provincial de la Prefectura del Azuay.
De llegar al Legislativo, se prevé poner en marcha un plan de trabajo que se basa en cinco objetivos específicos: establecer un orden jurídico acorde con la realidad nacional, construir una nueva democracia participativa, proteger los sectores estratégicos del Estado, organizar y promover la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.
El plan de trabajo del PSC tiene tres ejes: darle seguimiento a las leyes que el bloque presentó en el actual periodo de la Asamblea, plantear reformas o derogar algunos cuerpos legales; y apoyar iniciativas tanto propias como de otros sectores políticos que cumplan con ciertas características.
En el primer grupo están, por ejemplo, los proyectos de ley reformatorias a la disposición general décima sexta de la Ley Orgánica de Educación Superior, al Código Orgánico Integral Penal (ley para la promoción de la lucha contra el cibercrimen), a la Ley Orgánica de la Contraloría, a la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, e iniciativas de ley como la de Prevención y control de cáncer cérvico uterino.
En el segundo están, entre otras, la derogatoria de las leyes orgánicas de Gestión y Uso de Suelos y la de Comunicación, y reforma de otras como los códigos de la Democracia, de la Función Judicial, Integral Penal, de Comercio y la Producción, Ordenamiento Territorial. Y, finalmente, se comprometen a respaldar normas que fortalezcan la dolarización, que afiancen las autonomías y que no creen más tributos.
El actual secretario ejecutivo del Partido Avanza, Javier Orti Torres, encabeza la lista de aspirantes a asambleístas nacionales. Nacido en Quito y padre de dos niños, Orti es un doctor en Jurisprudencia que ha ocupado cargos en el sector público. Trabajó en el Municipio de Quito, Gobierno Provincial de Pichincha, IESS, Biess, Asamblea Nacional y Ministerio de Industrias.
No es su primera participación en la política, pues ya fue diputado alterno por Pichincha en 2007 y candidato a asambleísta en 2013 y 2017. También se postuló a la Prefectura de Pichincha en el 2019 por Avanza.
En la lista de candidatos por Avanza, creado por Ramiro González, exdirectivo del IESS, hoy procesado por la justicia, hay académicos, periodistas, dirigentes. Propondrán una reforma de la Ley Orgánica de la Función legislativa para implementar un modelo por evaluación y seguimiento a los legisladores no solo por participación en el pleno, sino en las comisiones.
Además, impulsarán un paquete de reformas a la seguridad jurídica, como la revisión de la ley de desarrollo agrario. Orti dice que plantearán la revisión del código laboral para generar otras modalidades de empleo y la fiscalización.
Abdalá Bucaram Ortiz es el único expresidente que busca una curul en la Asamblea por Fuerza Ecuador (FE). Él encabeza la lista de candidatos a asambleístas nacionales. El expresidente guarda arresto domiciliario al ser investigado por el presunto delito de delincuencia organizada por la venta irregular de insumos médicos durante la pandemia, y por la sospecha de tráfico de bienes patrimoniales, pero el Tribunal Contencioso Electoral avaló su participación en los comicios.
Bucaram ha anticipado que propondrá en la Asamblea la devolución de los gastos cobrados por luz, agua e internet durante el confinamiento. Además planteará una remuneración de $400 en julio para los trabajadores y empleados públicos y que el sueldo básico suba a $600. Impulsará un proyecto de reforma a la ley de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para frenar el consumo de drogas.
En materia tributaria quiere la eliminación del 5 % a la salida de capitales, impuestos de vehículos y celulares. Planteará la creación de la ley de apertura de capitales para que vengan bancos internacionales para bajar las tasas.
Wilma Andrade postula para seguir en la Asamblea Nacional para un periodo adicional en representación de la Izquierda Democrática (ID). Se han fijado tres ejes, de acuerdo con el plan de trabajo: reactivación económica integral, justicia social y derechos humanos e institucionalidad, democracia y lucha contra la corrupción.
En el primer eje el partido plantea proyectos de leyes de fomento a la agricultura y acuacultura y pesca.
Andrade considera fundamental a la reactivación económica por la crisis actual, afectada además por el coronavirus. Destaca que hay que ir a un modelo de desarrollo enfocado a la agroindustria y a la agroexportación.
En justicia social y derechos humanos propondrían reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), al Código de la Salud o a la Ley de Hidrocarburos.
En tanto, en el tercer eje una ley para crear la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. “Va a aportar y a ayudar mucho a que se haga este control del uso de los recursos públicos”, indicó Andrade.
El activista político Fernando Villavicencio encabeza la lista de asambleístas nacionales por la Alianza Honestidad (PSE-Concertación), listas 17-51. Es coautor del libro Arroz verde, la industria del soborno”, un compendio de la investigación sobre los aportes de campaña realizados por distintas empresas a favor del movimiento Alianza PAIS.
La principal propuesta de Villavicencio se basa en estructurar un Parlamento constituido por dos cámaras: el Senado y la Cámara Baja.
La bicameralidad implica un Senado que fiscaliza, nombra autoridades y aprueba leyes. La Cámara Baja, democratiza y permite que las voces y aspiraciones ciudadanas sean recogidas en territorio, señala Villavicencio. Añade que este Parlamento Legislativo Bicameral deberá contar con un máximo de 70 legisladores y sus integrantes no ganarán sueldos sino dietas por cada sesión asistida.
El candidato explica que la bicameralidad es un modelo ético, sistémico, diverso, sostenible, meritocrático y contemporáneo, basado en la excelencia y la eficiencia.
Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora Chinchipe, encabeza la lista de asambleístas nacionales por el movimiento político Pachakutik (PK). Estuvo a punto de no ser calificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pues lo descalificaron por supuestamente adeudar pensiones alimenticias, que es una inhabilidad para ser inscrito. Apeló esa resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y desde ahí se ratificó su participación.
Su principal propuesta de llegar a la Legislatura es solicitar la amnistía para sus compañeros indígenas que enfrentan procesos judiciales. “Para los sentenciados por haber dado un criterio político, por haber levantado la voz reclamando nuestros derechos, entonces la amnistía será la primera resolución que Salvador Quishpe, junto con Pachakutik, vamos a proponer”, dijo en uno de sus recorridos de precampaña electoral.
Esto al conocer que el líder de la Conaie, Jaime Vargas, reclamó que desde PK no había “solidaridad” en respaldarlos, frente a las investigaciones que realiza la Fiscalía, por las violentas movilizaciones de octubre del 2019.
César Rodríguez, exasambleísta constituyente y exlegislador, encabeza la lista de asambleístas nacionales por el movimiento Unión Ecuatoriana, lista 19. En el 2011 se desafilió del movimiento Alianza PAIS. Es coordinador nacional de Unión Ecuatoriana. Su propuesta legislativa tiene ocho ejes en materia económica, trabajo, salud, educación, medioambiente, tránsito y seguridad vial, combate a la corrupción y seguridad social.
En economía propone la ley de apoyo y protección a la producción agrícola nacional, la ley de captación y libertad de inversión extranjera, la ley de uso de dinero electrónico, entre otros. Además impulsar la ley de inserción económica del migrante y en salud establecer la ley de vacunación gratuita antipandemia.
Quiere reformar la Ley de Apoyo Humanitario, impulsar la ley de educación tecnológica, la ley de recuperación de los ríos del Ecuador. Además desarrollar la ley de reforestación y protección de bosques. En el combate a la corrupción propone la ley de auditoría en contratación pública y reformas al artículo 131 de la Constitución (enjuiciamiento político).
La lista de candidatos a asambleístas nacionales por Democracia Sí, lista 20, la lidera Xavier Zavala Egas, abogado de profesión, ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en transición y exministro juez.
La presencia de legisladores de este movimiento político, según Zavala, contribuirá en toma de medidas que permitan paliar la crisis económica como la recuperación del sistema productivo nacional, creando fondos de inversión y líneas de crédito.
Zavala Egas considera que hay que ir a combatir la corrupción para evitar que se convierta en un problema sistémico y devolver a la institución un poco de prestigio y dignidad.
Que la Asamblea Nacional necesita un ambiente de gobernabilidad y consenso; por ello considera necesario un acuerdo legislativo para fijar prioridades y establecer el norte del país. Dice que si no se logra un acuerdo de voluntades el país no podrá salir de donde está.
Hace ocho años César Monge decidió sumarse al movimiento político CREO, lista 21, liderado por Guillermo Lasso. Y hoy es el aspirante que encabeza la lista de candidatos a asambleístas: nacionales.
Monge, quien es empresario y político, actualmente batalla contra el cáncer.
Junto a él buscan una curul economistas, doctores, ingenieros, expertos en comercio exterior, entre otros.
Los aspirantes plantean varias reformas como tributaria, laboral, educativa, mercado de valores y financiera.
En lo tributario proponen eliminar el recargo del 20 % en glosas, y la obligación de presentar declaración patrimonial. Plantean aprobar una tarifa cero de IVA para servicios digitales educativos y eliminar el ICE para la telefonía fija y móvil.
En lo laboral ofrecen facilidades en los horarios para los trabajadores. Suprimir la figura del visto bueno para que se reduzcan gastos y se agilite la justicia, tanto para el trabajador como para el empleador. Y la reforma financiera apunta al Código Orgánico Monetario para crear un sistema más competitivo.
“Es primera vez que participo en un proceso electoral. Tengo 48 años. Y decidí perder el miedo, dejé a un lado la indiferencia y temporalmente mi trabajo porque quiero seguir trabajando en el futuro en mi país y que mis hijos también lo hagan”. Es el mensaje del guayaquileño Mauricio Salem Antón, un máster en Administración Gerencial Profesional, que encabeza la lista de candidatos a asambleístas nacionales del movimiento Suma, lista 23; que auspicia también al binomio de Guillermo Celi y Verónica Sevilla.
Aunque se ha desempeñado en mayor parte en el sector privado, incluso con una empresa propia, también tuvo un paso por el sector público, de 1997 al 2002, en la Corporación Financiera Nacional, donde ocupó varios cargos.
Esta experiencia le valió para proponer, de llegar a la Asamblea Nacional, desmontar la tramitología mediante la fiscalización a los procesos de entes públicos, especialmente la banca pública, SRI e IESS; la eliminación del reporte a la central de emprendedores, artesanos, agricultores y comerciales; y otras más. Además aseguró que denunciará a cualquier integrante que vaya a manchar nuevamente el nombre de la futura Asamblea Nacional.
Movimiento Construye (antes Ruptura) plantea 19 propuestas para impulsar en la Asamblea, sobre tres objetivos. Sobre el eje de trabajo y producción, propone una nueva y simplificada legislación laboral, reformas a la economía popular y solidaria, ajustes en la minería metálica y no metálica, fortalecimiento de la normativa sobre el agua, legislación integral para el sector agropecuario.
En derechos y ambiente, sugiere retomar el Código de la Salud que fue vetado totalmente por el Ejecutivo, normativa para potenciar la inserción, reinserción laboral y autoempleo de las personas vulnerables y con discapacidad, reformas a las leyes de la Juventud, Seguridad Social, Educación Intercultural Bilingüe y Superior, entre otras.
El tercer eje de seguridad y transparencia contiene reformas para garantizar la carrera de los cuerpos de seguridad, revisión a la rehabilitación social, la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio, reformas a la Ley del Sistema de Contratación Pública, al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y revisión del Código de la Democracia.
La lista de candidatos a asambleístas nacionales por el movimiento Juntos Podemos, lista 33, la lidera Francisco Andino, quien fue ministro de Salud en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y en el segundo casillo se encuentra Mónica Chuji, quien fue secretaria general de Comunicación en el periodo de Rafael Correa, desde enero hasta junio de 2007. Y también fue asambleísta constituyente en la elaboración de la Constitución del Ecuador del 2008.
En la lista de asambleístas nacionales constan economistas, internacionalistas, ingenieros, profesores, comunicadores, técnicos. Entre las propuestas están impulsar la creación de la moneda regional andina y generar tribunales populares.
Plantean incentivos económicos con cero aranceles a quienes inviertan y desarrollen el agro; financiar la pequeña y mediana industria con créditos blandos y asistidos técnicamente.
Y preservar los recursos hídricos en su manejo y buen uso. Todos estos puntos son parte de los siete ejes: financiero, mercado, gestión, educativo, salud, anticorrupción y jurídico. En la lucha contra la corrupción proponen regular todos los ámbitos de influencia del Estado.
El actual presidente de la Asamblea, César Litardo Caicedo, encabeza la lista de los candidatos a asambleístas nacionales por el movimiento Alianza PAIS (AP).
La agenda legislativa que plantea esta organización política estará enfocada hacia la reactivación económica y la productividad como una línea pospandemia; pero según Litardo, la propuesta central es la creación del Código Orgánico Integral Agropecuario, para evitar medidas parches en el sector agropecuario y apoyar a 7 millones de ecuatorianos que dependen de la parte agropecuaria del país.
En materia de combate a la corrupción, este sector se propone respaldar todas las reformas a la Ley de Contratación Pública que mejoren los controles en los procesos.
El reto mayor de la próxima Asamblea, añade Litardo, es hacer un seguimiento a la cantidad de leyes aprobadas y que muchas de ellas no se encuentran en ejecución por falta de reglamentación o por falta de aplicación. (I)
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