El asesinato de Jorge Gabela se investiga como un delito a los derechos humanos

La investigación del asesinato de Jorge Gabela Bueno, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), tomó un nuevo encauce, aunque aún sin resultados.

Hoy, hace diez años, Gabela falleció en el hospital Luis Vernaza de Guayaquil en horas de la madrugada. Su deceso se dio diez días después de que un 19 de diciembre del 2010 dos sujetos ingresaron a su domicilio en la urbanización Tornero del Río, en la vía a Samborondón, y le dispararon a la altura de la clavícula, al protagonizar una persecución a su hija Anahí Gabela.

El hecho se investigó como un delito común y fueron acusados por el asesinato del general Teófilo Melendres, Julio Sánchez, Jaime Arias, Tony Terán y Máximo Torres.

Patricia Ochoa, viuda de Gabela, ha mantenido en estos diez años que el asesinato de su esposo fue por las denuncias de presuntas irregularidades en la adquisición de siete helicópteros Dhruv que hizo la FAE en el 2008, a la empresa hindú Hindustan Aeronautics Limited (HAL) por $ 42 millones, de los que cuatro se estrellaron y los tres restantes están inoperativos.

Aunque su muerte se declaró un delito común, incluso por un denominado Comité Interinstitucional que creó el gobierno de Rafael Correa, en la Fiscalía estaría tomando una nueva dirección, ya que el caso fue remitido a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos.

De acuerdo con las reformas al Código Integral Penal, en el numeral 4 del artículo 16, las infracciones de agresión a un Estado, como genocidio, lesa humanidad, desaparición forzada de personas, entre otros, son "imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena".

Lleva dos años en investigación sin que se haya avanzado en resultados; y desde la familia y su defensa se piden respuestas.

La defensa de Patricia Ochoa, el abogado Ramiro Román, detalló que el caso pasó a la Comisión de la Verdad por disposición del exfiscal general (e) Paúl Pérez Reina, porque hay datos que darían cuenta de una posible ejecución extrajudicial. "La familia había aportado datos, había solicitado una investigación más amplia de la Fiscalía y su decisión fue ingresar en la Comisión de la Verdad para que se investigue como un caso de derechos humanos. Se cambió totalmente la tónica en la investigación de la Fiscalía, de delito común a un delito de derechos humanos", explicó.

La información se maneja con reserva, pero la aspiración es que se dé paso a una audiencia de formulación de cargos para que el proceso sea público.

Un primer paso para llegar a la "verdad", según Román, es la reapertura de la investigación de la compra de los Dhruv por el presunto delito de peculado en contra del exministro de Defensa, Javier Ponce, y otras 18 personas.

"Toda investigación suma y se va a llegar en una conclusión a la ejecución extrajudicial del general Gabela, porque por haber denunciado lo de los Dhruv, él fue perseguido, fue perseguida su familia. Y cuando comenzaron a caer los Dhruv, el general estaba con vida, y advirtió lo que pasaba y desde ahí viene esa persecución", indicó Román.

El perito extranjero Roberto Meza Niella, quien fue contratado por el Estado ecuatoriano para investigar el asesinato del excomandante, reveló también que conoció que habría una "nueva teoría del caso".

"No sé si se abrirán nuevas interrogantes, nuevos autores intelectuales...", opinó en una entrevista en el programa de entrevistas Al Día, con Carlos Vera, a inicios de diciembre.

Pero reveló que en sus investigaciones "sí" se llegaron a establecer los autores intelectuales de la muerte de Gabela, incluso con información de este Comité Interinstitucional.

E indicó que los autores intelectuales estaban "directamente involucrados con las denuncias" que Gabela hizo alrededor de la compra de los helicópteros.

Uno de los informes que determinan que lo ocurrido con Gabela fue un "crimen de Estado" fue el de la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional, que se aprobó en noviembre del 2018.

Ahí se estableció: "De las conclusiones antes mencionadas, se puede establecer que existen evidencias suficientes y constantes de inobservancia a la ley incurridas por servidores en el ejercicio de sus funciones, así como, la posible existencia de un crimen de Estado".

Esa Mesa estuvo presidida por el presidente de la Legislatura, César Litardo, en el que incluso se pidió a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investigar el patrimonio y movimientos financieros de los funcionarios y exfuncionarios, y sus familiares que suman unas 50 personas que estuvieron involucrados en acciones institucionales respecto del caso, y en la compra de los helicópteros Dhruv.

Entre ellos, el expresidente Rafael Correa, ministros de Estado, generales de las Fuerzas Armadas y un fiscal.

En todo caso, Román, a nombre de Ochoa, clama porque "se diga la verdad". "Estamos hablando de diez años de la ejecución extrajudicial, pero dos años antes se hizo la contratación de los Dhruv, estamos hablando doce años de la compra. Y desde el gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno, el caso sigue en indagaciones. El Estado debe avanzar, dentro de los plazos razonables en derechos humanos", expresó. (I)