Con sus nombres completos encabezando la lista de 20 sentenciados por cohecho, dentro del caso Sobornos 2012-2016, que constan en una placa colocada a un costado del Palacio de Carondelet, en Quito, como parte de un fallo en firme, es como termina el año judicial de personajes del correísmo como los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas o el exsecretario Alexis Mera.

Los ocho años de cárcel definidos para Correa como autor mediato por instigación del delito de cohecho agravado son la primera condena que recibe por un acto de corrupción, luego de casi cuatro años de dejar el poder. Según la sentencia, todo se cometió cuando Correa fue presidente de Ecuador y participaron ministros, asesores y diez empresarios que entregaron coimas a cambio de contratos públicos.

Este proceso judicial ha llegado hasta la última etapa de la justicia ordinaria y se encuentra en fase de ejecución su fallo. Actualmente el caso está en la Corte Constitucional a la espera, institución que resolverá una acción de protección extraordinaria presentada para que se defina si existen o no violaciones a derechos en la sentencia.

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Independientemente del caso Sobornos, en el que debe pagar $ 778.000 como reparación integral y ya se inició el proceso de comiso y embargo de bienes contra todos los sentenciados que no han pagado, Correa mantiene un llamado a juicio en suspenso por ser uno de los autores del secuestro en Colombia del activista político Fernando Balda.

Hasta agosto último, la Fiscalía registraba 34 investigaciones previas en contra de Correa: diez por peculado, ocho por tráfico de influencias, tres por fraude procesal, dos por traición a la patria y una por delitos como defraudación tributaria, robo, asesinato, tentativa de asesinato, homicidio, alteración de evidencia, instigación, odio, cohecho, delincuencia organizada y falsedad de documento público.

El lunes último, Rafael Correa en su cuenta de Twitter escribía: "38 procesos penales, cierre de cuentas, suspensión de pensión vitalicia, embargo de bienes... ¿Recuerdan una persecución tan brutal?

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En abril pasado, el Tribunal de Juicio del caso Sobornos concluía en su sentencia que durante el juicio habrían aparecido datos relevantes que permitían presumir el cometimiento de otras infracciones como peculado, enriquecimiento ilícito público, enriquecimiento privado no justificado, lavado de activos, testaferrismo o concusión, y ordenaba se inicien las investigaciones.

Como sospechosos de estos otros actos ilícitos nuevamente aparecían Correa, Glas, Mera, así como algunos de los sentenciados a ocho años de cárcel como coautores en el caso Sobornos: los exministros María Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís; los exasambleístas Viviana Bonilla y Christian Viteri.

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Glas y Mera se encuentran recluidos en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi, en Latacunga. El primero cumplía ya una pena de seis años, impuesta en diciembre del 2017 y en firme desde octubre del 2019, por el delito de asociación ilícita Odebrecht; mientras que Mera fue ingresado en ese CRS a finales de septiembre pasado, una vez se inició la ejecutoria del fallo por cohecho.

Glas presentó en mayo pasado un pedido para acceder al beneficio penitenciario de prelibertad, pues habría cumplido las dos quintas partes de su pena por asociación ilícita. Pero cambia el panorama la sanción de ocho años de cárcel por cohecho, pues lo que sucedería, según Cristian Romero, abogado de Glas, es que la pena mayor absorba a la menor, teniendo que el exvicepresidente pasar un tiempo más en prisión para volver a pedir prelibertad.

Además, Jorge Glas, quien hasta septiembre pasado tenía 24 investigaciones previas abiertas, junto a los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Wilson Pastor y doce personas más están a la espera de que el Tribunal de Juzgamiento reinstale la audiencia suspendida a finales de octubre pasado y dé a conocer su sentencia por el peculado que habría ocurrido en la renegociación del campo Singue.

Suertes distintas en el campo judicial corrieron este año el ex secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, quien se encuentra en Venezuela, y el ex secretario de Inteligencia, Pablo Romero, quien llegó extraditado desde España a inicios del 2020.

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Alvarado, el 12 de octubre último, fue declarado inocente de peculado al señalarse la inexistencia del delito; mientras que Romero fue condenado, en agosto pasado, a nueve años de cárcel por el plagio de Balda.

De la lista de cercanos al correísmo que han enfrentado procesos judiciales en el 2020 hacen parte también la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el integrante de la Revolución Ciudadana Virgilio Hernández. Ambos, más Christian González, otro seguidor de la tendencia liderada por Correa, fueron llamados a juicio, el 28 de agosto pasado, por una rebelión ocurrida durante las protestas de octubre de 2019 en contra de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno.

Por hechos de octubre del 2019, el asambleísta por Sucumbíos de la Revolución Ciudadana Yofre Poma recibió una sanción de un año y cuatro meses de cárcel, pero en abril del 2020 se le otorgó la suspensión condicional de la pena y se encuentra en libertad; mientras que el 17 diciembre último la exlegisladora del bloque correísta Gabriela Rivadeneira, quien se encuentra en México bajo la protección de ese Gobierno, rindió versión dentro de una investigación previa por el delito de instigación en el que también serían investigadas las asambleístas Marcela Aguiñaga y Marcela Olguín.

La posición en este caso de la defensa de Rivadeneira, el exasambleísta de Alianza PAIS Gabriel Rivera, resume lo dicho por la mayoría de los correístas procesados e investigados judicialmente: que existe una mala utilización de la Fiscalía, que están viviendo la judicialización de la política y que este tipo de casos se enmarcan en una persecución política contra todo y todos los que tenga relación con el expresidente Correa.

Glas, Correa, Mera, María Duarte, quien se encuentra en la residencia de la Embajada de Argentina en Quito y mantiene vigente un proceso por incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente; Vinicio Alvarado, quien está en Venezuela; Walter Solís, que estaría en Estados Unidos; y Bonilla y Viteri, de quienes se desconoce su paradero, deberán, en lo que resta del año y el año siguiente, enfrentar el comiso y embargo de bienes ordenado por el Tribunal de Ejecución del caso Sobornos para cubrir los $ 778.000 que cada uno debe cancelar como reparaciones económicas. (I)