Abrir plazos para que Justicia Social elija a sus candidatos, pone 'contra reloj' al Consejo Electoral

Abrir los plazos para que el movimiento Justicia Social realice sus elecciones primarias para elegir candidatos para las votaciones nacionales de febrero del 2021 "es poner en riesgo el cumplimiento del calendario electoral".

Lo declaró ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, al referirse a la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) del 8 de diciembre, en la que ordena al organismo que dé a la agrupación política un tiempo razonable y medios adecuados para que elija candidatos para todas las dignidades, desde la etapa de elecciones primarias.

“Se pone en riesgo el cumplimiento del calendario electoral. (Pero) más allá de la parte operativa y administrativa que nos toca hacer, garantizamos que este proceso tiene el carácter de transparente”, afirmó la autoridad en una entrevista en Ecuavisa.

El Consejo aspiraba a que hasta mediados de diciembre, el TCE resuelva todos los recursos contenciosos en su sede, para iniciar con la impresión de papeletas. Aunque, el calendario establece que el 7 de enero se anuncie el listado final de todos los candidatos para binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos que participarán.

De forma paralela, el 31 de diciembre arranca la campaña electoral.

La preocupación entre los vocales es que el TCE ordenó tres acciones que involucran abrir plazos a Justicia Social para que realice las elecciones primarias y aceptación de candidaturas en las circunscripciones electorales en las que no lo hizo.

Que confiera un “nuevo plazo para que inicien el procedimiento de inscripción de todas las candidaturas a las dignidades sin perjuicio de convalidar explícita y exclusivamente las que se encuentren calificadas y en firme”; y, que “califique las candidaturas que sean inscritas en el nuevo plazo que se le conceda y que podrán ser subsanadas en el plazo previsto si incumplen algún requisito”.

El argumento es que el grupo político estuvo eliminado del Registro Permanente de Organizaciones Políticas y no tuvo los plazos adecuados para escoger aspirantes.

Estas precisiones se hacen porque Justicia Social les pidió que ordene al Consejo cumplir las medidas de reparación integral del 30 de octubre, porque el 11 de noviembre se resolvió solo dar continuidad a la calificación de candidatos que fueron inscritos dentro de los plazos, y no nuevas.

Ello impidió que el binomio presidencial propuesto, del empresario y político Álvaro Noboa y Gino Cornejo sea inscrito.

Ayer, los consejeros preveían reunirse para analizar el fallo y determinar cómo lo cumplirán.

El vicepresidente Enrique Pita dijo que antes de emitir una resolución en el pleno, revisarán la sentencia y “mirar las implicaciones”.

“Es necesario tener claro el alcance de la sentencia, para de acuerdo a ello realizar la planificación. Los tiempos son extremadamente cortos, porque de acuerdo a nuestro calendario, hasta el 7 de enero deben estar en firme las listas para la impresión de papeletas. El alcance de realizar nuevas primarias… son decisiones que el Contencioso ha tomado y debemos analizar su aplicación”, indicó.

Ayer, la vocera del movimiento, Sylka Sánchez, anunció que realizarán sus primarias de forma telemática en Guayaquil y que Noboa será el aspirante presidencial.

Hasta el momento, son 16 binomios presidenciales los que están oficialmente inscritos para participar en los comicios del 7 de febrero.

El martes último, el TCE comunicó al Consejo que no existían recursos contenciosos en contra de la dupla de Andrés Arauz y Carlos Rabascall, promovidos por la alianza Unión por la Esperanza (UNES), por lo que su participación está "en firme".

Ellos sumaron el binomio presidencial 16; y si se califica a Noboa-Cornejo, serán el 17.

El Consejo también inadmitió un recurso interpuesto por Carlos Arboleda y Wilson Freire en contra de la alianza UNES, formada por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social (FCS).

Cuestionaban que FCS no tenía personería jurídica, pero el TCE ratificó su legalidad, por lo que su solicitud se calificó como improcedente.

También negaron una recusación en contra de los consejeros Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, que presentaron los mismos impugnantes por "improcedente".

De esta forma, se concretó la participación de Arauz-Rabascall. (I)