Las leyes de transparencia de la región se están convirtiendo en muchos casos en una herramienta de legislación para demostrar ante la ciudadanía y construir un discurso de voluntad y transparencia, pero en realidad no se aplica en la práctica ni el contenido ni las sanciones por el incumplimiento.

Como no cumple casi nadie, pues los organismos sancionadores no tienen sentido. No se puede ejercer cuando los que cumplen son la excepción. Entonces la ley no es efectiva. Esto demuestra la falta de voluntad porque no existe ni la tradición de transparencia ni se ha incorporado como un valor inapelable.

Al final las instituciones públicas son realmente transparentes cuando los responsables de estas y la propia ciudadana considera que este es un valor que no puede ser atropellado.

Esto contamina a los comunicadores institucionales que tampoco se sienten responsables de esta situación. Lo que sucede es que si no tienen instrucciones para no facilitar el trabajo, pues si al menos laboran con la cuestión de que el tiempo deben dedicarlo a otras funciones y que esto no es prioritario. Tiene que haber un acuerdo de que esto es importante.

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Los municipios ecuatorianos gobiernan a un número significativo de habitantes, por lo que tienen responsabilidades y pues cuentan con recursos para ejecutar la Ley de Transparencia.

Los criterios que aplicamos en la Universidad Autónoma de Barcelona para evaluar la transparencia en las instituciones públicas incluyen el análisis para verificar el cumplimiento de 52 indicadores por cada municipio. Tenemos que estar muy seguros si validamos o no, entonces no es una mirada superficial. Si han publicado un determinado documento pues debemos ver si está verificado, corresponde con el año y si tiene una firma.

En la Comunidad Autónoma de Cataluña en España se analiza a sus 948 ayuntamientos. De estos, son merecedores del sello de transparencia unos 110 durante los últimos dos años.

Lo que sí constatamos es que no haya un incremento significativo. La progresión ha sido muy lenta. Los que tienen más recursos en general cumplen mejor, pero también hay excepciones en este ámbito.

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El resultado es que donde hay voluntad política pues se consigue.

Nuestra perspectiva es dar una información verídica del cumplimiento de transparencia, pero a la vez potenciar que los municipios aprendan cómo cumplir, es decir, un papel formativo. Y que el procedimiento sirva para impulsar prácticas de transparencia.

La presión de las organizaciones sociales para generar el cumplimiento es muy efectiva. Hay países que tienen prácticas más consolidadas como Estados Unidos. Una periodista española cuenta que pidió datos sobre el consumo de medicamentos antidepresivos en los menores de los centros de acogida a la administración de un estado americano. La respuesta fueron unas tablas de excel enormes con datos que incluso no había solicitado.

*Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (O)