Jacobo Bucaram Pulley fue vinculado a la investigación por delincuencia organizada y se ordenó la prisión preventiva, tras una audiencia que se efectuó la tarde de este sábado 26 de septiembre, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

Después de casi tres horas que tomó la diligencia de formulación de cargos para vincularlo a este caso que se investiga en la capital, la jueza penal, Ana Lucía Cevallos Ballesteros dispuso la medida para garantizar la presencia del procesado en el procedimiento penal.

Además ordenó la retención de fondos por 40 salarios básicos unificados ($ 16 000) y extendió la instrucción fiscal por 30 días adicionales a los 90 antes fijados. Es decir serán 120 días de instrucción en esta indagación liderada por la fiscal, Lidia Sarabia.

Aún no se conoce si el procesado, será llevado de inmediato al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga (Cotopaxi) o se lo mantendrá en la Unidad de Flagrancia en la capital, después de que el juez de la Unidad Penal Norte de Guayaquil, Ronald Guerrero dispuso este 26 de septiembre, su ingreso por el delito de asociación ilícita en el que también está procesado.

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El abogado defensor, Christian Romero dijo que se desconoce a dónde será traslado Bucaram Pulley, pues durante la audiencia la jueza Cevallos señaló que a ella no le correspondía definir el tema, sino al Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). "Es desconocido (a dónde se lo trasladará). La jueza fue ambigua, no sabemos a dónde irá", recalcó.

Con esta resolución, Jacobo Bucaram enfrenta tres procesos penales. Los dos restantes son por asociación ilícita y tráfico de bienes patrimoniales que se investigan en la ciudad de Guayaquil.

En esta última vinculación al delito de delincuencia organizada, está involucrado el padre de Jacobo y expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz y tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, contra quienes se inició una investigación por su posible relación con Oren Sheinman y Shy Dahan (asesinado), israelíes detenidos en Santa Elena en junio pasado.

Esto en el contexto de la venta irregular de suministros médicos durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

A la par, la Fiscalía conoció una denuncia de un ciudadano que vivía en el mismo edificio de los israelíes en Quito, y quienes le habían invitado a invertir en pruebas para COVID-19 y mascarillas, pero finalmente no le entregaron.

Según las versiones que obtuvo la Fiscalía, los dos extranjeros se movilizaban escoltados por los tres agentes de tránsito, Klever A., Samuel S., Leandro B., ahora procesados en este caso, y que pertenecían a la Agencia de Tránsito (AMT).

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Durante la investigación, se señaló que los entonces cuatro procesados conformaron un "grupo estructurado para planificar actividades delictivas" en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

Una de estas actividades ilícitas a las que se dedicaban, según explicó Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos en la que se abrió una primera instrucción fiscal de 90 días, fue la obtención de beneficios económicos, varios de ellos en el contexto de la comercialización de pruebas para COVID-19 y de mascarillas.

Existiría una delincuencia organizada, a decir de la institución, debido a que se habrían detectado una serie de delitos que se están investigando, y que irían desde enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, hasta delitos contra la vida.

Por asociación ilícita se indaga también la venta de materiales médicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante la emergencia sanitaria, en la que están involucrados otras catorce personas, entre ellos, sus hermanos Dalo y Michel Bucaram Pulley.

Sobre este proceso, el juez Ronald Guerrero de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil, ordenó el traslado de Jacobo Bucaram al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga y fijó fecha para la audiencia de reformulación de cargos solicitado por la fiscal Claudia Romero, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que se llevará a cabo el 6 de octubre a las 10:00 en esa ciudad.

En un principio, la jueza Gianella Noristz, dentro de la instrucción fiscal, dispuso que se lo ingrese en la Penitenciaría de Guayaquil, pero tras el asesinato de Shy Dahan en ese centro, se pidió el cambio a Latacunga para proteger su integridad física.

Con esto, el magistrado hizo responsable al director de esa cárcel de lo que "pudiera sucederle" a Bucaram Pulley y ordenó que se informe cada lunes sobre su estado.

Estas diligencias entraron en vigor luego de que fue detenido en Medellín (Colombia) y expulsado el viernes último.

Fue trasladado a la capital en avión resguardado por un grupo de policías colombianos, y entregado a las autoridades de Ecuador para su detención con fines investigativos.

Desde las 01:00 de la madrugada de este 26 de septiembre, permaneció en la Zona de Aseguramiento Transitorio de la Unidad de Flagrancia en Quito hasta las 17:30, que se realizó la audiencia de vinculación por delincuencia organizada en el Complejo Judicial Norte.

El tercer proceso indaga el presunto delito de tráfico de bienes de patrimonio culturales, al hallar objetos arqueológicos en el domicilio del expresidente, el 3 de junio pasado. (I)