Mientras la Asamblea Nacional debate las reformas a la Constitución para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así como el juicio político al presidente Christian Cruz Larrea, este último convocó a sus colegas consejeros a la "unidad".

"Invocando una vez más a la unidad para defender la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, este momento crucial, señores consejeros, amerita toda nuestra predisposición para superar obstáculos y trabajar juntos para cumplir los objetivos que esperan nuestros mandantes. El Consejo vive hoy uno de sus principales retos: las amenazas por desaparecerlo por parte de quienes no han podido entender que somos una tribuna de participación, una herramienta para que la ciudadanía vigile procesos, contratos y malos funcionarios que han incumplido con el mandato sagrado de servir", citó en un comunicado público dedicado a los seis vocales que integran este cuerpo colegiado.

Su llamado se da después de que en las últimas semanas, el organismo no ha podido instalar sus plenarias por falta de quórum y en medio de los pedidos de la vicepresidenta, Sofía Almeida de retomar el debate en el que se debatió la solicitud a Cruz de que renuncie a la presidencia.

Incluso, la última convocatoria a sesionar del pasado miércoles se suspendió, y se justificó que había una "ausencia temporal" del recién nombrado secretario del Consejo, Ramiro Borja Gallegos (hijo de Ramiro Borja y Borja, exintegrante de la extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC)) y porque la prosecretaria guardaba aislamiento por presentar sintomatología de COVID-19.

En esta coyuntura, confluyen también hechos como que la Comisión de Enmiendas del Parlamento aprobó el informe para primer debate del pleno, respecto de la propuesta del colectivo Comité por la Institucionalización Democrática de eliminar el CPCCS de la institucionalidad del Estado, a través de una reforma constitucional que debe someterse a consulta popular. Y, cuya aspiración es que la papeleta sea insertada en las elecciones nacionales, previstas para el 7 de febrero del 2021.

A esto se suma que, Cruz será sometido a un juicio político por supuesta obtención fraudulenta del carné de discapacidad que habría presentado para ser consejero del Consejo en el 2009, y por abrogación de funciones en la aprobación de reglamentos internos.

El proceso político en contra de Cruz Larrea, fue calificado este 8 de septiembre por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), tras la solicitud de interpelación presentada el 11 de agosto pasado por el asambleísta socialcristiano, Henry Kronfle.

Como hechos relevantes, el acusado, señala que el actual presidente del Cpccs, el 28 de octubre de 2009, solicitó el certificado de inscripción de su discapacidad ante el registro nacional de discapacidades y en la misma fecha la coordinadora provincial de Pichincha del Conadis, María Gabriela Barahona, emite el certificado de discapacidad en la que consta que mantiene un porcentaje de discapacidad del 81% visual y auditiva, que fue presentado para el concurso público de oposición y méritos para la integración del Cpccs.

Cruz respondió que este proceso será "una nueva oportunidad para demostrar la verdad: mi inocencia. Y de reafirmar que la propia Fiscalía y el Juzgado 5, desestimaron y archivaron la denuncia en mi contra por mi carné de discapacidad, el cual es legal y obtenido hace diez años. No he importado ningún vehículo utilizando los beneficios del carné. Siempre he cumplido mis deberes como presidente de manera independiente y no dejaré que el oportunismo pretenda eliminar el CPCCS”, indicó en un mensaje difundido por la institución.​ (I)