Una vez que el Tribunal de Casación ratificó la sentencia contra 18 acusados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, entre ellos al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas por cohecho agravado, corre el plazo para la notificación por escrito del fallo.

Ahí, las partes tendrán tres días para presentar recursos de aclaración o ampliación y cuando el Tribunal se pronuncie, la sentencia quedará en firme.

Con esto, se emitirán notificaciones a por lo menos ocho entidades que tienen a su cargo ejecutar la decisión de los jueces, según el constitucionalista Rafael Oyarte.

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Entre estas: Ministerio de Gobierno, Policía Nacional, Cancillería, Interpol, Corte Nacional de Justicia, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y Ministerio del Trabajo. Hay otras que no requieren de notificaciones para actuar, como la Procuraduría General del Estado (PGE).

"Los tres días (para la aclaración o ampliación) cuentan desde que se notifica la sentencia por escrito. Y se devuelve al juez para que se proceda con la ejecución de la condena y el juez de primer nivel deberá oficiar a diversos órganos del poder público", dice Oyarte.

Se notifica a la Policía Nacional para que proceda a la ubicación y captura de los prófugos, como Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración, y Walter Solís, exministro de Transporte.

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Luego, la Corte Nacional de Justicia, en su momento, iniciará el procedimiento de extradición por medio de Cancillería para lograr que los condenados, que están fuera del país como Correa y otros, vuelvan. Oyarte asegura que es un procedimiento más largo. Y así también, a Interpol para que emita la difusión roja.

Estas notificaciones también pasan a la Dirección de Migración del Ministerio de Gobierno, para que se impida la salida del país de origen de las personas condenadas. Por ejemplo, la asambleísta Viviana Bonilla y el exlegislador Christian Viteri, en caso de que aún sigan en el Ecuador.

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El CNE es un ente que debe actuar cuando reciba el oficio, asegura el jurista Jorge Zavala Egas. "Se oficia al CNE para notificarles de la condena de la inhabilidad para ser candidatos a elección popular y que se registre esa inhabilidad, que se dará de forma inmediata", apunta.

Ocurre con todos los condenados por cohecho sin ninguna distinción, indica Oyarte, porque la condena implica la pérdida de derechos políticos. Por eso señala que Correa "podrá ser el presidente del Comité de Padres de Familia, nombrado el padre del año, ser presidente de un club de fans, pero en funciones públicas no".

La Asamblea Nacional y el Ministerio de Trabajo también cumplen un proceso. En la primera se oficia por la pérdida de investidura en caso de Bonilla y que se titularice al suplente. Bonilla dejó de presentarse en la Corte del Guayas desde el pasado 13 de agosto. Y con el Ministerio del Trabajo es precisamente para que no ocupen cargos públicos.

En tanto, la Procuraduría tiene la obligación de iniciar los procesos para la reparación integral sin notificación, según Oyarte.

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Zavala dice que este órgano no tiene un plazo fijo y que todo depende de la diligencia de los jueces. (I)