En el informe de mayoría de los conjueces Lauro de la Cadena y José Layedra se declaró este lunes improcedentes los cargos casacionales que habían solicitado, entre otros, el expresidente de la República Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas Espinel, como parte del caso Sobornos 2012-2016.

Es decir, se ratificó la sentencia por cohecho pasivo agravado dentro de este caso en el que se investigó el esquema de sobornos que se manejó durante la administración de Correa, en la Presidencia de la República, para conseguir contratos con el Estado a cambio de aportes para el movimiento Alianza PAIS.

A la entonces asesora del primer mandatario, Pamela Martínez, se le modificó la sentencia de prisión, de 32 meses a 9 meses y 22 días. Mientras, el empresario Alberto Hidalgo, quedó en grado de autor directo y no de cómplice.

Pero a los demás se les ratificó la sentencia. En el caso de Correa, además de la orden de prisión de ocho años, se lo inhabilita para acceder a cualquier cargo de elección popular, como establece el artículo 113, numeral 2 de la Constitución, que menciona la prohibición para "quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado".

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Sin embargo, el conjuez Milton Ávila, a diferencia de los otros integrantes del Tribunal, emitió el informe de minoría en el que consideró que la sentencia debió de ser de seis años para autores y tres para cómplices, en base al artículo 286 del anterior Código Penal. El que se aplicó en este proceso fue el artículo 290 de esa normativa.

Además, consideró que la conducta de Viviana Bonilla y Cristian Viteri, al recibir los dineros del cohecho, fueron posteriores a la ejecución del delito por lo que se les debería juzgar por fraude procesal y confirmó el estado de inocencia. Para el resto de la sentencia, el magistrado se sumó al voto de la mayoría.

Para el abogado Hernán Pérez Loose, esta diferencia de criterios de los magistrados es "natural" en los sistemas judiciales. Citó el caso de sentencias de la Corte Suprema de Estados Unidos, en las que un voto hace la diferencia de la mayoría.

"Quiere decir que el juez de minoría acepta que hubo un delito, que los acusados lo cometieron. En lo que discrepa aparentemente es que se debió aplicar el Código anterior. No es que él dice que son inocentes sino que hay una interpretación interesante sobre la ley anterior y la posterior", explicó.

El jurista comentó que ese voto salvado "no debilita la sentencia ni da pie a una apelación internacional". Pérez aclaró a EL UNIVERSO: "lo importante es que el voto de mayoría esté bien razonado, no sea un acto arbitrario ni un copia y pega".

Destacó que en este caso "el debido proceso fue totalmente garantizado" porque "se permitió a los acusados defenderse, no se los persiguió". (I)