Con 30 minutos de retraso en la instalación, con la negación de un pedido de nulidad y otro de excusa y casi sin reclamos ante la definición de dar a los abogados diez minutos para fundamentar cada cargo casacional admitido, arrancó ayer la audiencia de casación por el delito de cohecho pasivo agravado ocurrido entre 2012 y 2016, a partir de lo que Fiscalía ha calificado como una “estructura delincuencial” conformada por funcionarios públicos y empresarios a quienes se les entregaban contratos a cambio de la entrega de recursos en efectivo o cruce de facturas.