Rebaja de pensiones por ley se aplica en planteles, pero no hay cifra de beneficiarios

Un rector de un plantel particular del norte de Guayaquil cuenta que han tenido complicaciones para lograr que los padres de familia sean puntuales en los pagos de las pensiones en medio de esta crisis del coronavirus.

La pandemia dejó a padres desempleados y otros han visto reducir sus sueldos por la complicada situación en las empresas. Para evitar que los alumnos deserten, dice, han examinado peticiones y casos para tratar de ayudarlos con rebajas, que incluso superan ese 25 % que fijó la Ley de Apoyo Humanitaria, que tiene más de un mes de vigencia.

Aun así han observado dificultades en la recaudación. A través de comunicados han tratado de recordar que con las pensiones se cubren gastos como los sueldos a los docentes y personal administrativo.

La ley aprobada en la Asamblea Nacional y publicada en el Registro Civil en junio establece que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales del Sistema Nacional de Educación y las instituciones del Sistema de Educación Superior deben dar rebajas de hasta 25 % a los representantes de los alumnos previa justificación de haber perdido su empleo o por la disminución de sus ingresos.

Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica del Guayas (Fedepal), aseguró que sí se han registrado casos de padres que se han acogido a la ley para obtener reducciones.

La dirigente recordó que había entidades educativas que ya estaban aplicando descuentos. Para las rebajas que establece la ley, recordó, deben cumplirse condiciones específicas. Córdova no tenía datos disponibles del número de padres que en Guayas se habían acogido al beneficio.

En la zona 8 del Ministerio de Educación tampoco tienen datos estadísticos de cuántos planteles o padres han recibido los descuentos desde que entró en vigencia la ley.

“Muchas instituciones educativas a partir de la emergencia sanitaria realizaron descuentos. No contamos con un reporte específico”, respondió esa entidad.

El Ministerio de Educación instó a que los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales otorguen facilidades de pago a quienes lo soliciten o que generen otro tipo de mecanismos que puedan favorecer a las familias que lo requieran.

La ley especifica que las instituciones del Sistema de Educación Superior también deben otorgar los beneficios en los casos señalados.

En las universidades esgrimen que desde que arrancó la crisis sanitaria se han puesto en marcha procesos de ayuda económica para fortalecer el acceso y la permanencia de los estudiantes.

La Universidad Politécnica Salesiana, en su sede Guayaquil, indicó que antes de que la ley fuera expedida ya había asignado ayudas económicas a los estudiantes que manifestaron encontrarse en situaciones críticas de alta vulnerabilidad a causa de la pandemia del COVID-19.

El centro de estudios superior señaló que como plan emergente se permitió que todos los estudiantes con deudas de su semestre anterior puedan matricularse y continuar sus estudios.

Y una vez que entró en vigencia la ley han atendido casos, pero muy pocos, por pedidos de los estudiantes o sus padres.

Entre los más críticos están por fallecimiento de padre o madre, enfermedades catastróficas, discapacidad y pérdida de trabajo, a quienes se les asignó entre el 30 % y 60 % de descuentos. (I)

Persiste la inconformidad en los clientes del servicio eléctrico

Entre los clientes del sector eléctrico aún hay desazón por los altos costos de las planillas generados durante la pandemia y que no han encontrado una solución.

Desde que se detectaron los excesos, el Gobierno indicó que habría refacturación de esas planillas y que los nuevos valores se verían reflejados desde julio. Eso, sin embargo, no satisfizo a todos.

En las últimas semanas, en las oficinas de Corporación Nacional de Electricidad en Guayaquil ha habido decenas de clientes con quejas porque no perciben la rebaja ofrecida.

De hecho, el Gobierno salió a anunciar otra medida de compensación para al menos 4 millones de usuarios (con consumos de 1 a 500 kWh mes) que tuvieron excesos de cobros en los consumos de marzo a agosto del 2020.

En tanto que para los clientes comerciales con consumos mayores a 500 kWh se anunció un beneficio de rebaja del 50 % del valor, con la condición de que haya una reducción del 60 % del consumo habitual.

El exceso de consumo, que llegaría a casi $64 millones, será asumido por el Estado a través de las empresas eléctricas del país.

Este Diario desde la semana pasada realizó una consulta a CNEL sobre la refacturación y los beneficios que estipula la Ley de Apoyo Humanitaria, pero no hubo respuesta. Desde el Departamento de Comunicación explicaron que como se establecieron nuevas disposiciones del Gobierno, las medidas compensatorias serían explicadas en detalle esta semana. (I)