Luis Verdesoto, vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), critica las decisiones internas que toman los consejeros de mayoría, Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, en el marco de la organización de las elecciones generales del 2021 para presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos. Cree que no se están tomando las medidas sanitarias adecuadas para evitar contagios de COVID-19, lo que podría fomentar el ausentismo el 7 de febrero.

¿Qué preocupaciones tiene alrededor de la organización de las elecciones nacionales del 2021?

Hay una absoluta desidia para establecer los parámetros de salud con los cuales debe organizarse el proceso electoral. No puede establecerse la situación de sanidad por sentido común, sino a partir de informaciones ciertas de las autoridades sanitarias y del Estado. Corre el riesgo la salud de la población. Se definen directrices, las cuales no pueden ser una copia exacta de lo que se hizo cuando no había pandemia. Estamos al borde de un proceso, más próximo al fracaso de todos los que hemos tenido en los últimos cien años. Tenemos la posibilidad de un altísimo nivel de ausentismo, abstenciones, que determinará que las autoridades que podamos elegir en la primera y segunda vuelta sean absolutamente débiles, porque la gente no irá a votar porque no quiere contagiarse. Tenemos organizaciones políticas desmovilizadas y un enorme desprestigio del CNE que arrastra el proceso. Esto no marcha bien por ningún lado.

¿Es tan malo el panorama?

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Lo veo mal por el factor de la pandemia, que va a implicar que la tendremos en curso o estará mínimamente controlada con un alto nivel de contagio. La abstención va a ser alta, y esto no apoya a un sistema electoral, sino que lo debilita. Y no es responsabilidad de la organización electoral lo de la pandemia, pero sí hay que trabajar en cómo se supera, dando certidumbre a la población. Pero si dan incertidumbre como poner mesas de votación con 350 electores, que implicará una capacidad de contagio, entonces habrá miedo.

¿A qué obedecen los recientes cambios en el personal de direcciones y coordinaciones?

Al clientelismo, a los favores internos. Después de los consejeros, uno de los cargos más importantes es la Dirección de Procesos Electorales. Quien ocupe ese cargo debe tener una formación específica y un grado de preparación y destreza. Envié a la presidenta Diana Atamaint una nota sobre la persona que acababa de nombrar (Santiago Pineda) en esa dirección. Y me responde que ella tiene la autoridad de nombrar a quien le dé la gana. ¡Perfecto! no le estoy pidiendo que nombre a un amigo mío, sino que reflexione. Lo mismo pasó con Luis Loyo (procesado por asociación ilícita). Le dije que tenía 34 juicios y ¿este señor va a manejar documentos públicos del proceso? Y me respondió lo mismo. Loyo era un hampón, y ahora le estoy diciendo que no nombre a una persona que no tiene ni idea de dónde está. Pero, lo que pienso, es que hay alguien que está detrás de eso. El director real es otro. Porque el nivel más alto de preparación (de Pineda) es haber sido candidato a concejal en el distrito sur de Quito.

El presupuesto se desconoce. ¿Cómo se solicitarán los recursos necesarios no solo para organizar las votaciones, sino los implementos que deben adquirirse por la emergencia sanitaria?

Enrique Pita y yo no conocemos el presupuesto. Alguna vez conocimos que era de $170 millones, luego por chismes conocimos de $140 millones y de $122 millones. Sabemos que hay un presupuesto de $26 millones no pagados a los medios de comunicación por la campaña electoral pasada, y se incorporan los $44 millones que debe contratarse este año para campaña. Esto junto sumaría más o menos los $200 millones. Va a haber una crisis muy seria entre la deuda de arrastre y lo que tendría que contratarse ahora. Vemos un Estado que no tiene para pagar a los municipios. He pedido que me dejen introducirme un minuto para ver la arquitectura financiera, para ver cómo hacemos piruetas para pagar estos tramos de las deudas, nunca me han dejado entrar. No hay cómo ni siquiera colaborar con ellos, ni buscar una salida, todo lo manejan de forma clientelar. El presupuesto es un absoluto arcano para Pita y para mí. No veo de dónde el Estado va a sacar $120 millones sumado a los $26 millones y a los $44 millones. Juro que no se de dónde.

Pero ese presupuesto que se hablaba y que se redujo hasta $122 millones era de antes de la pandemia, ahora podría ascender.

El tema es muy serio. Hay que invertir en un papel distinto, trajes a todo el mundo, control de salud a 200 000 personas para las mesas, y si se amplían recintos serán más. No se puede manejar con alegría y oportunismo y decir, como una vez dijo una consejera, 'yo escuché en la radio de mi pueblo que va a haber vacuna'. Y, ¿cree que pueden tomar decisiones a base de eso? Entonces estamos muertos, pero ni modo. ¿Van a terminar dándoles a que tomen cloro los miembros de las juntas electorales? Así no se pueden tomar decisiones.

¿Qué pasa con la participación de las autoridades sanitarias en el desarrollo del proceso?

Deberíamos primero conocer las condiciones sanitarias para organizar el proceso electoral. El problema es que no les interesa. Están ocupados en otra cosa. Hemos pedido que convoquen al Consejo de Seguridad Nacional, al COE nacional no lo hicieron, al Ministerio de Salud tampoco. Están presionando a ver hasta dónde llega el presupuesto, cómo lo distribuyen; negociando a ver si el 17 de septiembre logran tener inscrito el candidato que les interesa. Harán las elecciones y en 15 días habrá un rebrote, pero estará en otro lado, y ya habrán logrado el resultado electoral cuando el tema es que la gente tenga confianza de ir a votar. La preocupación de ellos es que tienen a la Contraloría encima, les viene un nuevo informe porque hicieron mal contrataciones, tienen juicios en la Fiscalía, favores que deben, tienen un problema insoluble. (I)