"Lo más grave es tratar de convertir en un simil o en un caso parecido esta denuncia periodística publicada los días del fin de semana, con la gravísima estructura de corrupción continental que se destapó con el tema Odebrecht, el tema de Arroz Verde o el caso Sobornos. Creo que lo primero es decir que no podemos tratar de convertirlo en lo mismo".

Así respondió la mañana de este martes la ministra de Gobierno, María Paula Romo, luego de que se le mencionó que la respuesta del presidente Lenín Moreno respecto de que no conocía sobre aportes de empresa públicas para la campaña de la consulta popular de 2018 era casi lo mismo que decía el expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016.

Romo explicó que en el caso Sobornos se ha descubierto una estructura manejada desde la Presidencia de la República, desde una asesoría del presidente, con cuentas para el financiamiento de campañas a cambio de contratos. "Creo que los más grave es tratar de convertir esto en un símil porque o no pone a todos en al misma situación, cosa que no es cierta, o subestima o minimiza la gravedad de las denuncias que pesan sobre gran parte del Gobierno anterior".

Respecto a la denuncia que mantiene una investigación previa en la Fiscalía, la ministra ratificó lo que dicho por otros funcionarios de este Gobierno e incluso el presidente Moreno: un desvío ilegal de recursos tendrá que ser sancionado, pero primero habría que demostrarlo.

Sobre las investigaciones debido a posibles hechos de corrupción en la contratación pública para insumos médicos o para obras, Romo señaló que en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en 2018 se pagaron $128 millones a través de convenios de pago y en el 2019 se pagaron $7 millones a través de esta misma figura, porque, dijo, ya estaban trabajando para controlar esos "resquicios en donde se puede dar la corrupción".

Además, refirió la ministra, en el caso del Servicio de Contratación de Obras (Secob) en el año 2013 habría ejecutado $640 millones en obras, en el 2014 $509 millones, en el 2015 $397 millones, en el 2016 $490 millones y en el año 2019 $99 millones, porque solamente cerraban obras pendientes para eliminar todos los espacios dedicados exclusivamente a contratación pública y que podrían convertirse en un problema en términos de vigilar los contratos. (I)