Ante la nueva regulación del Ministerio de Trabajo, emitida en la resolución MDT-2020-022 del 28 de abril pasado, en la cual se determina que "la enfermedad del coronavirus COVID-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud de que la misma fue declarada el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia", la Defensoría del Pueblo exigió la tarde de este miércoles al Gobierno dejar sin efecto la resolución.

Según la Defensoría, se advierten graves vulneraciones a los derechos laborales en la resolución. Además exhorta y exige al Gobierno que en cada decisión referente a los derechos de los trabajadores y otros, se tome en cuenta la normativa internacional, la Constitución, la legislación vigente y el enfoque de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo refiere que la Organización Internacional del Trabajo (OMT) respecto al virus que enfrenta el mundo ha señalado que "la enfermedad del COVID-19 y el trastorno de estrés postraumático contraídos por exposición en el trabajo, podrían considerarse como enfermedades profesionales. En la medida en que los trabajadores sufren estas afecciones y están incapacitados para trabajar como resultado de actividades relacionadas con el trabajo, deberán tener derecho a una indemnización monetaria, a asistencia médica y a los servicios conexos, según lo establecido en el Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (...)".

La Defensoría explica que este estándar ha sido acogido por los lineamientos interinstitucionales para el reporte de aviso de accidentes de trabajo por exposición laboral al SARS-CoV2 para servidores y trabajadores en el sistema nacional de salud, suscrito por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 9 de abril de 2020. Además, también estaría contenido en la Guía para la calificación médica y técnica de los accidentes de trabajo por COVID-19 para el personal de salud, alimentación, servicios básicos, cadena de exportaciones, mercados y supermercados, industria agrícola y de cuidados de animales.

"La resolución contraviene y descontextualiza decisiones anteriores, generando inseguridad jurídica y conmoción social en el Ecuador al desconocer al COVID-19 como enfermedad profesional, lo que implicaría múltiples afectaciones a los derechos humanos", explica un comunicado de la instancia dedicada a la defensa de los derechos humanos en Ecuador.

Revisión del Ministerio

De manera paralela a este exhorto de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo modificó la Resolución MDT 2020 022, emitida el martes 28 de abril, en la cual se establecía que el coronavirus no es un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional. A través de la cuenta de Twitter, el ministerio indicó que rfeconsideró a resolución de la siguiente forma: “Determinar que la enfermedad del coronavirus (COVID-19) no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, en virtud que la misma fue declarada el 11 de marzo de 2020, por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia, a excepción de aquellos casos en los que se pudiera establecer de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador”. (I)