34 asambleístas plantean cambios a proyecto de Ley de Apoyo Humanitario

La Comisión de Desarrollo Económico empezará esta tarde el debate de la propuesta del proyecto urgente de Apoyo Humanitario, una vez que cerró la presentación de las observaciones presentadas por 34 legisladores de varias bancadas.En la mañana la comisión escuchó a 27 legisladores sobre los cambios que sugieren introducir en la propuesta del gobierno y que fueron sistematizadas dentro de una matriz, para entrar al debate en horas de la tarde .Según el cronograma aprobado por la comisión, el informe para el primer debate debería estar listo hasta el martes próximo. Hasta ayer miércoles se recibió alrededor de 40 comparecencias de funcionarios del gobierno, ministros de Estado, sectores productivos, de la banca pública y privada, así como sectores de la educación, afectados por créditos educativos y dirigentes sindicales. El viernes esperan la presencia de la Ministra de Educación y del presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador.En cuanto a los legisladores, el primero en participar fue Guillermo Celi (SUMA), quien planteó que se posponga el pago de los arriendos desde marzo hasta julio, y que el pago sea prorroteado a 18 meses, con la salvedad que esta disposición no sea aplicable a las personas que de la tercera edad o con discapacidad, que vivan de la renta. En su lugar el Estado debe otorgar un crédito al arrendador para el cumplimiento de su obligación.Mercedes Cuesta (antes CREO) planteó que se incluya el Pago a Tiempo, donde se obligue a las entidades públicas y privadas, sociedades de hecho y de derecho, el pago dentro de los 30 días de las facturas emitidas por los empresarios, trabajadores autónomos y micro empresarios, y que en caso de no hacerlo se establezca la obligación de cancelar la factura con intereses.La oficialista Ana Belén Marín propuso la suspensión del cobro de planilla de los servicios básicos y que se pueda pagar luego de la emergencia sin recargos. También que se establezca una tarifa diferenciada de energía eléctrica para el sector productivo con una tarifa reducida nocturna, que se establezcan líneas de créditos blandos para reactivación de las micro empresas, artesanos, sector turísticos; y que el Estado garantice la conectividad de plataformas para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de acceder a la educación virtual, entre otras.Pabel Muñoz (RC) señaló que la Asamblea debe aprobar el proyecto, pero con cambios fundamentales como el diferimiento del pago de los servicios básicos por tres meses, que el IESS de paso a una moratoria en los pagos de sus operaciones, incentivos para préstamos a mipymes, incluir una disposición a la Junta de Regulación Monetaria y Financiera para que en 10 días emita una resolución que disponga reducir en un 50% la tasas de interés máximas vigentes desde abril a julio. Además propone prohibir la eliminación de entidades del sector público.Elizabeth Cabezas (AP) sugirió que el destino de los fondos deberá tener un uso exclusivo para combatir la pandemia y fortalecer el sistema de salud. Además, planteó diferimiento de pagos de cuotas de servicios básicos y prohibir cualquier incremento tarifario; suspensión y diferimiento del pago de las cuotas mensuales de tarjetas de crédito, créditos prendarios, quirografarios e hipotecarios, créditos productivos, consumo ordinario, consumo prioritario, inmobiliario, vivienda de interés público, microcrédito, educativo e inversión.El socialcristiano Vicente Taiano propuso el diferimiento del pago de arrendamiento en el sector comercial durante los meses de marzo hasta el junio, que luego de la emergencia pueda pagarse en doce meses y que no haya desahucio.En el caso del IESS, Taiano propone que se suspenda el pago de obligaciones patronales y que a partir del quinto mes, contados desde marzo, se inicie la cancelación en un plazo de doce meses y se suspenda cualquier coactiva. Respecto a los préstamos hipotecarios, plantea que el IESS haga un proceso de suspensión de cobro por cinco meses y posterior a ello inicie una negociación para la cancelación.Michel Doumet (AP) centró sus observaciones en cuanto a las pensiones educativas y propuso que se establezca una diferenciación en el costo porque no es lo mismo recibir clases virtuales que presenciales, pues hay una reducción por el no uso de instalaciones por parte de los estudiantes. Asimismo que los descuentos incluyan las matrículas, pero que se establezca protección a los docentes y administrativos para evitar despidos. También que por 18 meses no suban los costos de servicios básicos para las instituciones educativas.La Comisión de Educación a través de su presidente, Jimmy Candell, planteó una tabla para descuentos obligatoria de pensiones escolares por estudiante que van desde el 20% al 50%, siendo el 50% el que cubrirá el Estado de pensiones que van de $1 a 150%; y el 30% de descuento se apliquen a pensiones de entre $151 a $250, donde según la comisión está la mayor parte de estudiantes. En pensiones superiores a ese monto el descuento será del 20%. Además propone crear incentivos para los establecimientos educativos como líneas de crédito, flexibilidad en pagos de arriendo, exoneración de tributos y aranceles, acceso gratuito a internet, facilidades de pago para la seguridad social y sostenibilidad para los prestadores del servicio de bares escolares.El legislador Fernando Flores (CREO) planteó que incluya una disposición transitoria en la Ley de Apoyo Humanitario para que se deje sin efecto las cuotas políticas de servicio en el exterior, que las embajadas queden a cargo del personal de carrera diplomática, ya que esa medida significaría un ahorro de $15 millones.Marcela Holguín (RC) propuso que se incluya una disposición para autorizar a los gobiernos autónomos descentralizados levantar una base de datos y registro de los trabajadores autónomos de la economía formal que no están afiliados al IESS para que de forma articulada con el Ministerio de Inclusión Económica y Social se les entreguen las canastas de víveres, kits, y accedan a la entrega del bono de protección familiar por la emergencia y se realicen las visitas médicas por parte del Ministerio de Salud.Wilma Andrade (ID-BIN) plantea la conformación de un fondo para la emergencia de $2200 millones, que provendrán del aporte de los servidores públicos, excepto de salud, a través de bonos, trabajadores privados, sociedades nacionales y extranjeras, así como donaciones. Respecto a los servidores públicos propuso que estos reciban el 100% de su sueldo, pero el 90% en líquido y el 10% en bonos del tesoro nacional, y los que ganan más de $3000 hagan una contribución del 15%.Desde el movimiento SUMA, Sebastián Palacios sugirió la inclusión del “Crédito Respira”, en el que las entidades financieras privadas y de la economía popular y solidaria implementen una línea de crédito de rápido desembolso y a un mínimo interés, dirigido a las Mipymes que demuestren haber sido afectadas por la crisis, bajo la condición que mantenga o incremente la nómina, y que esos recursos sea destinados al pago de sueldos y obligaciones al IESS.En tanto, Absalón Campoverde (CREO) propuso que la base imponible para el aporte humanitario sea desde los $1000 y sugirió que el 100% de las contribuciones, créditos y donaciones para la pandemia del fondo para enfrentar la pandemia se incluya en la Ley urgente y que la Asamblea Nacional tenga la atribución para fiscalizar el uso de los fondos.La legisladora Mae Montaño (antes CREO) planteó que la base del aporte humanitario para los trabajadores públicos y privados sea a partir de quienes ganen sobre los $1500.El correísta Augusto Espinosa propuso que las contribuciones humanitarias provengan solo de las personas que tienen grandes fortunas y rentas, y que tengan ingresos salariales a $5500, lo cual permitiría una recaudación de $2000 millones. Que las contribuciones de las sociedades empresariales provengan de aquellas que tienen riqueza acumulada, esto porque si las contribuciones se dirigen a la clase media se provocará una contracción económica, y en el caso de las empresas se evitaría la fuga de capitales. Que los recursos que se reúnan prioricen la atención con alimentos a las familias en situación de pobreza. (I)

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